PLATAFORMA POR LA NACIONALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO Y POR UNA BANCA PÚBLICA
Recientemente se ha conocido el enfrentamiento entre
el Ministerio de Economía y el Banco de España acerca de la solución a
la problemática de las entidades nacionalizadas, cuyo balance global a
30 de noviembre de 2012 alcanzaba los 415.000 millones de euros. Desde
el ministerio que preside Luis de Guindos se pretende coordinar la
gestión de las mismas para mejorar su eficiencia, si bien el fin último
es obtener un precio más elevado cuando llegue el momento de
privatizarlas. Por su parte, el subgobernador del Banco de España,
Fernando Restoy, niega que la posibilidad de una intervención pública
permanente de la gestión de las entidades sea la mejor forma de alinear
su operativa con los intereses sociales.
En
opinión de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y
por la Banca Pública, el espectáculo que Gobierno y Banco de España
están ofreciendo es lamentable. El ministro de Economía y Competitividad
está reconociendo la existencia de una banca pública pero no actúa con
presteza para dotarla de un plan creíble y adecuado a las necesidades de
la sociedad. Entretanto, el funcionamiento de las entidades
nacionalizadas no solo no es el que se puede esperar de una institución
de este tipo, sino que, por el contrario, es el más alejado posible a un
modelo que se alinee con los intereses sociales. Solo hay ver cómo se
enfrentan los gestores de las entidades nacionalizadas al escándalo de
las participaciones preferentes, los desahucios y las reducciones de
plantilla.
Desde la Plataforma seguimos exigiendo
una banca pública, construida a partir de las Cajas de Ahorro
nacionalizadas, que atienda a los intereses de la mayoría de la
ciudadanía y la conversión de todas las ayudas públicas otorgadas en
acciones en poder del Estado.
Pero mientras ese
objetivo fundamental se alcanza, hay un problema acuciante: que los
ciudadanos puedan controlar esta macro entidad que se está gestando para
evitar que se reproduzcan, en cuanto las circunstancias económicas
mínimamente lo permitan, los mismos comportamientos que en parte han
llevado a la quiebra a las entidades nacionalizadas. Nos referimos a la
financiación de macro proyectos no rentables y a los apoyos crediticios a
amigos y correligionarios. Esto solo puede evitarse con transparencia
pública de la gestión, publicando los estados financieros auditados de
las entidades nacionalizadas. Sin embargo, a excepción del Banco
Financiero y de Ahorros, el resto de entidades bajo control público no
ha hecho públicos sus balances correspondientes al pasado ejercicio.
Tampoco han publicado sus estados financieros de 2012 el Fondo de
Garantía de Depósitos y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
lo que contribuye a la opacidad en un momento clave en el proceso de
reestructuración del sector. El retraso a la hora de la presentación de
cuentas impide el imprescindible control de la actuación de los gestores de estas entidades por parte del Parlamento.
La
Comisión de Economía y Hacienda del Congreso debe recibir
periódicamente y por escrito información suficiente sobre la gestión de
las entidades nacionalizadas y examinarla con la asistencia de cuantos
expertos en la materia precisen, de manera que no sean meros
espectadores de las manifestaciones de los comparecientes como viene
ocurriendo hasta ahora.
El Parlamento no puede
seguir sin realizar un adecuado control efectivo de la gestión de las
entidades nacionalizadas. La transparencia es el único camino para
evitar que sea señalado por la ciudadanía por prácticas no ajustadas a
la ley. Acometer esta tarea es una tarea prioritaria para recuperar la
confianza en las instituciones.
