El día 17 de diciembre de 2013 el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ha hecho público el resultado de la
subasta para vender Novagalicia Banco.
El Grupo Banesco ha sido el triunfador del proceso ya que ha ofrecido un
importe de 1.003 millones de euros por el 88,3% de las acciones de la entidad
que son las que tenían en su poder el FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos.
Con esta operación de venta se
consuma un nuevo y escandaloso expolio de fondos, fundamentalmente públicos,
únicamente justificado con el argumento de que el resto de las ofertas
planteadas por otros bancos y fondos de inversión eran más lesivas para los
intereses generales que la que finalmente se ha aceptado. Debido al oscuro y
turbio proceso de subasta realizado, es imposible saber si el FROB ha elegido o
no la mejor oferta para “sus accionistas”, es decir, para los ciudadanos. Dado
el resultado de operaciones de privatización anteriores, no podemos aceptar la
explicación oficial de que, la menos mala de las ofertas era la única salida
que tenía el Estado.
Hasta el momento ha supuesto ya unas
pérdidas de 8.780 millones de euros para el Estado, más del doble del recorte
realizado por las Administraciones Públicas en educación. Pero el coste no va a
quedar ahí dado que la operación de privatización en que ha consistido la venta
al Grupo Banesco de la entidad, no excluye los riesgos que seguiremos asumiendo
en el futuro, aunque NCG ya no forme parte de la propiedad pública y que
podrían alcanzar otros 23.000 millones de euros adicionales.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FROB, SAREB, Tesoro Público y NCG Banco
Paradójicamente no parece existir responsable alguno de este colosal
quebranto económico para las arcas públicas, además de la dilapidación del
patrimonio y la obra social de unas
cajas de ahorro con más de un siglo de actuación. La propaganda oficial parece
haber diluido la responsabilidad de la quiebra y del posterior rescate hasta
dejarla en lo más parecido a un desastre natural sin culpable penal alguno, ya
que, como ha indicado la Audiencia Nacional ante la petición de apertura de
diligencias a fin de determinar si los directivos habían incurrido en algún
ilícito, “la mala gestión no es delito”.
Sin embargo, es ineludible la asignación de las responsabilidades en las
que han incurrido los diversos participantes en esta ruinosa operación:
- Los directivos
José Luis Méndez López y Julio
Fernández
Gayoso, máximos responsables de Caixa Galicia y Caixanova durante los
últimos años y todos los miembros de los consejos de administración de las
cajas, no pueden eludir su responsabilidad por la desastrosa actuación que
llevó a sus entidades a la nacionalización. Resulta vergonzoso que las
únicas actuaciones penales se hayan puesto en marcha únicamente por la
percepción de millonarias indemnizaciones,
olvidando los efectos de la gestión en los años previos a la fusión, el
falseamiento de las cuentas anuales año tras año con el objeto de retrasar
el reconocimiento de las pérdidas y la adopción de medidas extremadamente
arriesgadas que comprometieron, aún más si cabe, el futuro de sus
entidades.
- Deloitte
y PWC
supervisaron los estados contables de las cajas antes de la fusión y
dieron opinión favorable sin salvedad alguna en sus informes. En ningún
momento dieron la voz de alarma ante el deterioro de sus carteras de
créditos y las inversiones
excesivamente arriesgadas en participadas. No alertaron de sus
necesidades de capital. A partir de la fusión, las cuentas anuales de NCG
Banco fueron encargadas a Deloitte que mantuvo idénticos criterios que se
han manifestado absolutamente insuficientes para evaluar el estado de
compañías que solamente descubren las pérdidas que ocultan en sus balances
tras su nacionalización. ¿Para qué sirven entonces los informes de
auditoría?.
- El
Banco de España ha protagonizado una lamentable actuación en todo el
proceso. En los años de crecimiento desaforado de los balances de Caixa
Galicia y Caixanova hizo caso omiso a su obligatoria labor de supervisión
y de actuación para evitar la situación de insolvencia de las cajas. Cuando
el problema estalló, aunque era plenamente consciente de la profundidad
del mismo, actuó de manera claramente insuficiente amparando la nefasta
actuación de los directivos de las entidades. Cuando sus inspecciones
detectaron las enormes necesidades de capital que ambas cajas de ahorro
tenían, optó por autorizar una fusión que no solucionaba el problema de
solvencia existente.
- A
nivel de política autonómica, las responsabilidades se extienden desde la
Xunta de Galicia, que amparó las actuaciones que llevaron a las cajas de
ahorro a su quiebra, al resto de fuerzas políticas que se aprovecharon de
la deriva de las entidades. No en vano, las cajas constituían una fuente
de financiación fundamental para el Partido Popular, el PSdeG-PSOE y en
menor medida y a partir de los noventa, también para el Bloque
Nacionalista Galego (BNG). Las fuerzas políticas colaboraron con su
silencio a perpetuar comportamientos que primaban los negocios de amigos,
socios o donantes de sus formaciones políticas en vez de actuar. La
responsabilidad de la Xunta en el proceso de fusión es ineludible ya que
forzó una solución que no arreglaba los problemas de las entidades para
salvaguardar su control. Eso puso en riesgo aún mayor a la entidad
ocasionando un deterioro considerablemente mayor al existente.
- Por
último, todo lo anterior no habría sido posible sin la negligente
actuación del Ministerio de Economía, especialmente desde 2003 pero que se
agudizó en la gestión que de la crisis de estas dos cajas de ahorro ha
realizado el FROB. La estrategia política ha consistido en salvaguardar a
los acreedores privados de las entidades bancarias en detrimento del
dinero público. Eso ha puesto en riesgo los depósitos del conjunto de los
ahorradores. El retraso en el reconocimiento del problema y en la
recapitalización de las entidades ha agudizado los daños en las entidades
nacionalizadas. Por último, el opaco proceso de privatización de la
entidad fusionada ha supuesto el reconocimiento de un descomunal expolio
de dinero público sin que pueda por esta operación considerarse que la
sangría no pueda ser mayor en el futuro.
Había otras alternativas
para haber salvado los ahorros depositados en las cajas de ahorros y en NCG
Banco y, al mismo tiempo, minimizado el coste para el Estado de este rescate.
Sin embargo se optó por un proceso de sustitución de acreedores que hizo que el
volumen de pasivo soportado de hecho por el Estado fuera enorme e
imposibilitando de ese modo otro tipo de actuaciones menos lesivas para los
intereses generales.
Se debieron sanear los
agujeros patrimoniales de las quebradas entidades haciendo recaer las pérdidas
sobre sus accionistas y, a continuación, sobre los inversores en títulos de
deuda de las entidades. A continuación y
después de nacionalizar las entidades para salvaguardar a los ahorradores, la
obligación del FROB hubiera sido gestionarlas adecuadamente dentro del
perímetro de una banca pública orientada a la obtención de una rentabilidad
económica para el Estado y social para los ciudadanos.
Sin embargo se ha optado
por hacer pagar la cuenta al conjunto de la ciudadanía. Lo más grave es que,
una vez más como en el caso de la Caja Castilla la Mancha, Caja de Ahorros del
Mediterráneo, Cajasur, Unnim, Banco Gallego y Banco de Valencia, se ha tomado
la decisión política de entregar a la iniciativa privada las entidades después
de haber gastado miles de millones de euros de dinero público en su
saneamiento. El resultado es demoledor ya que se ha comprometido el futuro de
las finanzas estatales por los compromisos derivados de la socialización de las
pérdidas sufridas y la privatización de los futuros beneficios, sin garantizar
la solvencia de las entidades ni los ahorros de los ciudadanos.
Y esto… ¿no es delito?
El 25 de junio de 2012 la Fiscalía
Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional una querella contra Julio
Fernández Gayoso (ex presidente de Caixanova), José Luis Pego Alonso, Gregorio
Gorriarán Laza, Oscar Rodríguez Estrada y Francisco Javier García de Paredes
Moro. Han sido acusados de “ocultar los importes [de sus premios, retiros,
prejubilaciones o jubilaciones] tanto al consejo de administración como al
Banco de España“.
Las
conclusiones de la inspección del Banco de España a Caixa Galicia
a 30 de septiembre de 2009 concluían que la entidad había alcanzado un
"perfil de riesgo""muy alto", "siendo cuestionada su
viabilidad". Responsabiliza al crecimiento "a tasas muy
elevadas" de la inversión crediticia desde 2004, "una alta
exposición" en el sector inmobiliario, "operaciones corporativas
sobre empresas de dicho sector" y unas necesidades de saneamiento que no
lograba cubrir "a pesar de los esfuerzos realizados en los cierres de 2007
y 2008". Esto desembocó en unos requerimientos que se mandaron a la
dirección de la caja única ocho días después de arrancar la fusión.
