El Gobierno, con los suyos

Carlos Sánchez Mato

No le ha bastado al Gobierno con aprobar una amnistía fiscal para que los defraudadores que han mantenido sus capitales a salvo de sus obligaciones tributarias, puedan regularizar su situación.

No ha sido suficiente con minimizar el coste que los tramposos han tenido que soportar, reduciendo el porcentaje a  pagar al 10% y solamente de los ejercicios no prescritos.

Dado que no se colmaban las aspiraciones de los incumplidores se optó por no cobrar recargos, multas ni, por supuesto, sanción penal alguna por los delitos cometidos.

Pero no era bastante y por ello el Gobierno ha modificado la normativa que regula la amnistía fiscal cuando ya había finalizado el plazo que permitió acogerse a la misma. En el Boletín Oficial del Estado del pasado día 27 de diciembre, con nocturnidad y alevosía, se ha publicado  la disposición adicional tercera en la ley de medidas urgentes de liberalización de comercio en la que se permite que quienes ya han aflorado patrimonios defraudados puedan subrogar las declaraciones presentadas. Es decir, Hacienda ha admitido que los que han “regularizado” su situación fiscal amparados por la ley, puedan haber utilizado testaferros y les permite poder revelar su identidad durante todo el año 2013. 

Según las informaciones publicadas en prensa, esta modificación es una consecuencia de las presiones ejercidas por los poderosos bufetes especializados que han asesorado a sus no menos poderosos clientes. El objetivo último era “eliminar las reticencias que los evasores tenían y proporcionarles seguridad jurídica”. Según la Agencia Tributaria esos cambios legales permitieron que la mayoría de las adhesiones a la amnistía tuvieron lugar en los últimos quince días de noviembre que cerraban el plazo legal para acogerse a la misma.

Desengañémonos. No vamos a saber nunca con certeza la lista de la “gente de bien y orden” que ha defraudado a Hacienda. Si es preciso habrá nuevas normativas y disposiciones legales que blinden la actuación de los que han estafado a todos al mismo tiempo que daban lecciones de patriotismo. Y si las actuaciones judiciales les pudieran alcanzar alguna vez, no hay motivo para inquietarse: Para eso tiene el Gobierno la capacidad de indulto…

El fin no justifica los medios. En este caso no se ha conseguido el objetivo de recaudación que el Gobierno se había fijado ya que no ha conseguido ni la mitad de los 2.500 millones de euros presupuestados. En cuanto a los medios utilizados no pueden sino causar sonrojo e indignación a cualquier ciudadano, salvo a los que disponen de cuentas bancarias en paraísos fiscales.