Carlos Sánchez Mato
“¡Es la economía, estúpido!" fue la muy célebre
frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton en la exitosa
campaña que en 1992 le llevó a la Casa Blanca, descolocando a
su contrincante republicano, George Bush, padre, que prefirió dedicarse a
glosar sus “éxitos” en la política exterior.
Se merece sobradamente una expresión similar nuestro
Gobierno cuando utiliza trucos propios de trileros
para escamotear de la actualidad el grave
problema de sobreendeudamiento que aqueja al país.
La comparación entre la variación media anual de la
deuda y el crecimiento del Producto Interior Bruto refleja el agotamiento
extremo al que ha llegado la economía española y la ineficiencia de la deuda
contraída. Entre 2000 y 2012, la riqueza
medida en términos de PIB se ha incrementado anualmente el 5,55% mientras que
la deuda lo ha hecho el 16,45% en cada ejercicio. O dicho de otro modo, cada
euro de crecimiento del PIB ha precisado de 2,96 euros de incremento de deuda
de promedio. Independientemente de la necesidad de realizar análisis de
sostenibilidad más detallados, parece
incuestionable la progresiva divergencia entre el crecimiento disparatado de
los niveles de deuda y el de la economía real. Dicho de otro modo, el modelo de
crecimiento del estado español sería similar al de un trabajador que gastase en
desplazamientos el triple del salario percibido por su desempeño laboral.
Si considerásemos sostenible un crecimiento de la
deuda en los mismos términos que el de la riqueza en términos de PIB, llegaríamos
a la indudable conclusión de que la economía española sufre de un
sobreendeudamiento superior a los 2,2 billones de euros (un 44% de los pasivos
en circulación existente a finales de 2012). Es un grave problema porque ha destinado una ingente cantidad de
recursos económicos que provienen de préstamos a infraestructuras, inmuebles u
otras inversiones que no proporcionan la rentabilidad suficiente como para
devolver los créditos contraídos.
Es necesario destacar que el sobreendeudamiento es fundamentalmente de origen privado y no público. No hay más que ver el desaforado crecimiento del endeudamiento privado en lo ocho años previos al estallido de la crisis que solamente después de 2007 es continuado por el incremento de deuda de las Administraciones Públicas. Es este crecimiento de la deuda pública el que se ha convertido para gran parte de la opinión pública en la causa y no en la consecuencia de la crisis. De hecho, mientras todos los focos estaban puestos en el cumplimiento del déficit público y el Gobierno español se mostraba orgulloso de haber tenido solamente 73 mil millones de euros de agujero, la deuda de las Administraciones Públicas creció en 2012 más de 236 mil millones de euros de forma directa y 75 mil millones de euros en avales con respecto a 2011.
El proceso de “socialización” de las pérdidas y de rescatar a las instituciones financieras no será gratuito para la ciudadanía. Supondrá lastrar a las Administraciones Públicas con descomunales compromisos financieros para el futuro que conllevarán recortes de las prestaciones públicas debido a la incapacidad económica de proveerlas.
Técnicamente, “España S.A” está en quiebra aunque el
Gobierno y los medios de comunicación lo oculten y prefieran centrarse en la
bajada de la prima de riesgo para defender la mejora de la situación. Aunque el Banco Central
Europeo rebaje al mínimo los tipos de interés, esa medida de política monetaria
no tendrá más que efectos paliativos y nunca curativos para la enfermedad.
En términos globales la deuda (privada y pública) no
podrá ser devuelta. O la sociedad presiona para que el debate sobre la
reestructuración y las consiguientes quitas tengan en cuenta los intereses
generales o, una vez más, las élites financieras y políticas volverán a hacer
recaer sobre el conjunto de la clase trabajadora un nuevo fracaso del sistema
capitalista.
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