Carlos Sánchez Mato
Se cumplen
ya 8 meses desde la puesta en marcha la Sociedad de Gestión de Activos
procedente de la reestructuración bancaria (SAREB). La denominación oficial no
ha conseguido ocultar el nombre por el que realmente este instrumento es
conocido en sociedad: Hablamos del “banco
malo”.
El mecanismo
fue creado en el marco de obligaciones contraídas con el Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE) con el que el Estado español firmó, además de un préstamo de
40 mil millones de euros, un Memorándum de Entendimiento. En este documento figuraban
32 condiciones de ineludible cumplimiento entre las cuales estaba la creación
un vehículo al que las entidades bancarias que habían precisado de fondos de
este organismo europeo, debían traspasar sus activos inmobiliarios tóxicos a
“valor razonable”.
SAREB ha adquirido
inmuebles, créditos y suelo por valor de 50.653 millones de euros después de
aplicar un descuento medio del 63% sobre el que tenían en las entidades. Cuenta
en la actualidad con más de 55.700 viviendas y unos 30.000 activos anexos, como
plazas de garaje y trasteros. Además, posee más de 185.000 metros cuadrados en oficinas, una
treintena de hoteles, y 150.000 metros cuadrados de superficie
alquilable en centros comerciales. También se ha convertido en propietario de
15.075 solares (13 millones de metros cuadrados) de los cuales solamente un
tercio tienen la consideración de suelo urbano. En definitiva, se ha convertido en la empresa inmobiliaria
más importante de España y una de las primeras de la Unión Europea.
Sin embargo, el
tiempo transcurrido permite confirmar los peores presagios que los críticos con
la puesta en marcha de SAREB manifestaron desde el principio. Además de la descomunal estafa que supone
asumir con fondos públicos la desastrosa gestión realizada por las entidades
bancarias, el diseño del mecanismo utilizado convierten el mismo en inútil para
resolver el problema de la quiebra de las entidades.
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