Las personas abajo firmantes
sentimos la necesidad imperiosa de pronunciarnos como profesionales informadas
y preocupadas por la actual orientación de la política social, y en particular
por la reforma fiscal que está preparando el Gobierno. No podemos permanecer
impasibles ante la aparente unanimidad, por acción u omisión, de la clase
política y de la profesión económica en torno a unos principios, supuestamente
inapelables, que responden exclusivamente a intereses neoliberales y
patriarcales. Callar nos hace cómplices. Consideramos que la situación de
emergencia social que vive nuestro país, y las perspectivas de agravarse
sustancialmente con la actual orientación, exige un pacto de todas las personas
preocupadas por la deriva antisocial que estamos sufriendo. Un pacto para
frenar los recortes de la ya escuálida protección social existente en España y
para potenciar un golpe de timón que nos conduzca a una sociedad equitativa y
sostenible, tanto en nuestro país como a escala mundial.
1.- La Comisión de Expertos
para la Reforma del Sistema Tributario Español es ilegal, pues su composición
(8 hombres y ninguna mujer) vulnera la Ley de Igualdad[1].
Acusamos al Gobierno de abuso de poder, amparándose en la impunidad que le
concede ser responsable de hacer cumplir la norma que él mismo vulnera. No es
cierto que no haya expertas, por tanto es injustificable el incumplimiento de
la ley.
2.- Las recomendaciones de la
Comisión de Expertos, y los anuncios del Gobierno, constituyen un paso más en
la vía trazada por el poder hacia el desmantelamiento de nuestro sistema de impuestos, prestaciones y
servicios públicos. A lo largo del siglo XX se fue perfilando un consenso
social que permitió a algunos países, como España, implantar sistemas de
prestaciones e impuestos progresivos a pesar de las resistencias por parte de
una minoría muy poderosa. Hoy, organismos como el Banco Mundial, el FMI y la
Comisión Europea abogan por la privatización y el recorte de servicios públicos
y prestaciones sociales, por la desregulación indiscriminada de los mercados
laborales, por rebajar los impuestos y las cotizaciones empresariales, y por
reducir la progresividad de los impuestos sobre la renta, incrementado
paralelamente los impuestos indirectos como el IVA.
3.- Este camino no nos lleva a
ningún sitio nuevo sino a la situación que aún se vive en la mayoría de los
países del mundo y que vivíamos en España antes de la reforma fiscal de 1977
(por la que se creó el IRPF como impuesto sobre la renta personal progresivo),
de la Ley General de Sanidad de 1986 (por la que se estableció el derecho
universal a la asistencia sanitaria pública), de la Ley General de Seguridad
Social de 1966 (con vocación de aseguramiento público a todas las personas
trabajadoras y ante todas las contingencias que originan pérdida del salario),
etc.
Sin sistemas universales de
prestaciones y servicios públicos, imposibles de mantener sin un sistema
impositivo progresivo y generalizado, tendremos una sociedad en la que la
mayoría de la población se encontrará en la economía sumergida y, por tanto,
sin protección social, sin pensiones, y sin prestaciones por enfermedad y por
desempleo. Una sociedad con un nivel de servicios públicos aún inferior al
actual, con una educación y una atención sanitaria pública deficiente, sin
sistemas públicos de educación infantil y de atención a la dependencia. En
definitiva, una población abandonada a su suerte y sumida en la pobreza, con
bajos niveles de cohesión social y altos índices de violencia. Esta es la
situación en todos los países que no han conseguido implantar generalizadamente
estos sistemas de impuestos progresivos, prestaciones y servicios públicos de
alcance universal, por más que algunos de sus gobiernos proclamen la era del
post-neoliberalismo.
Por encima de declaraciones o
propuestas supuestamente imaginativas, es necesario analizar las condiciones en
las que vive la mayoría de la población en cada país para observar los efectos
de las distintas políticas fiscales. Es cierto que nuestro sistema debe ampliar
su ámbito de protección para incluir todas las necesidades aún no cubiertas y a
todas las personas que aún siguen excluidas, eliminando los elementos que
responden al imaginario de familia compuesta por un hombre ganapán alejado del
ámbito familiar y una esposa cuidadora alejada del empleo, sin ingresos y sin
derechos. Pero sería muy perjudicial tratar de buscar sustitutivos o atajos: la
única vía para la justicia social y para un desarrollo económico sostenible es
un sistema de bienestar basado en impuestos progresivos generalizados y
servicios públicos universales. Esta es la única base posible para construir un
modelo que haga realidad el derecho a una vida plena en condiciones de equidad
para todas las personas.
4.- La espiral en la que ya
estamos, y que tenemos que revertir, se compone de varios elementos
complementarios: por un lado, se recorta hasta el extremo el gasto social, con
el argumento de que el déficit público es insostenible. Por otro lado, se
rebajan tanto como sea posible los impuestos (sobre todo a las empresas y a las
rentas altas), con el argumento de que menores impuestos aumentarán la
capacidad de consumo de los hogares y animarán a las empresas a crear empleo.
En tercer lugar, se recortan los derechos laborales y se bajan los salarios tanto
como sea posible, con el mismo argumento de animar a las empresas. Por último,
se intenta que la mayoría de las mujeres se mantengan en la precariedad laboral
del tiempo parcial y que abandonen sus empleos cuando las necesidades
familiares lo requieran, con el argumento de contener la caída de la
fecundidad.
5.- Todos estos argumentos son
falaces uno por uno y resultan especialmente ridículos cuando se contemplan
conjuntamente. Para contrarrestarlos no hace falta apelar a complicados
análisis económicos; bastan los argumentos que están en la base de la creación
de los estados de bienestar y los principios ampliamente aceptados por los que
debe regirse la actuación del sector público en una sociedad democrática, el
principal de los cuales es el de ‘a cada
cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades’,
partiendo del hecho cierto de que la inmensa mayoría de la población no puede
afrontar esas necesidades individualmente.
La novedad, hoy, es que la
historia nos muestra mucho más claramente los efectos de las diferentes
orientaciones políticas, y en particular de la que ahora está imponiéndose. La
novedad es también, y a pesar de lo anterior, que la correlación de fuerzas
social ha cambiado, con la colaboración imprescindible de profesionales,
“expertos” e instituciones que hacen aparecer la doctrina neoliberal como
neutra, científica o incluso como la única alternativa viable. Esta orientación
es desastrosa para la sociedad pero produce pingües beneficios a los grandes
capitales financieros. Desgranemos algunas evidencias básicas que hoy se niegan
interesadamente, así como los intereses ocultos que se encuentran detrás de esa
negación.
6.- Subir el IVA y bajar el IRPF es pernicioso: el elevado protagonismo
de los impuestos sobre el consumo es problemático porque aplican el mismo tipo
impositivo a todas las personas, lo que supone gravar proporcionalmente más a
quien menos tiene (recordemos que, debido a su menor capacidad de ahorro, las
personas pobres consumen una proporción más alta de sus ingresos que las
ricas). En cambio, los impuestos sobre la renta progresivos (como el IRPF)
tienen una función redistributiva además de la recaudatoria. Por otro lado, una
imposición directa débil no proporciona recaudación suficiente para mantener
una buena protección social. En todos los países en los que se ha construido un
estado de bienestar sólido, el impuesto sobre la renta progresivo es la fuente
de recaudación más importante, lo que contribuye decisivamente al consenso
social que permite la implantación generalizada del conjunto de los tributos.
Romper estos equilibrios deslegitima el sistema ante la población y, como
consecuencia directa, hace que aumente la economía sumergida, sin derechos para
las personas trabajadoras y sin posibilidad de control sobre los productos y
servicios por parte de la ciudadanía. La pérdida de recaudación consiguiente al
aumento de la economía sumergida conduce a ulteriores recortes, que profundizan
la deslegitimación; y así sucesivamente. Esta es la espiral perversa en la que
nos encontramos.
7.- Es falso que el aumento del IVA pueda compensar el descenso en
recaudación originado por las rebajas de IRPF y cotizaciones sociales
empresariales. En los países en los que los impuestos sobre el consumo
tienen más protagonismo que los impuestos directos, la recaudación total en
términos del PIB es mucho menor, precisamente debido al gran peso de la
economía sumergida. De hecho, la última subida del IVA en España (tipo general
del 18% al 21%, tipos reducidos del 8% al 10%, en Septiembre de 2012) tuvo un
efecto negativo sobre el consumo declarado, y cabe sostener que
una parte de esa reducción se debe al aumento de la economía sumergida. La recaudación
aumentó, pero solo ligeramente si tenemos en cuenta la subida del IPC. Contra
estas evidencias, la Comisión Europea, el Gobierno y los “Expertos” continúan
barajando la posibilidad de aumentar el peso relativo del IVA frente al de los
impuestos directos.
8.- Es falso que una reducción generalizada de los impuestos sobre la
renta, de sociedades y de las cotizaciones empresariales sea necesaria para el
crecimiento económico. Al contrario, es muy perjudicial. No son los
impuestos sino otros factores los que han hecho desmoronarse la actividad
productiva en España, entre los que destacan las burbujas financiera e
inmobiliaria y, posteriormente, la falta de crédito a las empresas y el
derrumbe de la demanda interna (consumo), tanto de las familias como de las
AAPP. Con altos índices de desempleo, reducciones salariales, inestabilidad
laboral y recortes en los servicios públicos y prestaciones sociales, las
familias tienen menor renta disponible y, las que pueden, aumentan el ahorro en
previsión de futuras necesidades familiares y contingencias no cubiertas por el
aseguramiento público. Quienes propugnan recortes sociales con la excusa de
contener el déficit público son los mismos que también reclaman estas
reducciones de impuestos, lo que provoca disminuciones en la recaudación,
agravando el problema del déficit. Y así sucesivamente.
El mantra neoliberal según el
cual las empresas producirían más si los costes laborales fueran más bajos, y
las familias consumirían más si bajaran los impuestos sobre la renta, ignora
interesadamente todos estos factores y no aporta pruebas empíricas. Y es que
las pruebas empíricas existentes van en sentido contrario: los países más
competitivos y los que están menos afectados por la actual crisis son los
países nórdicos, donde el estado del bienestar es más sólido y el mercado de
trabajo más estable, naturalmente con una mayor presión fiscal.
9.- En particular, la tarifa plana de 100 euros de cotización empresarial
para los nuevos contratos puede causar estragos en el mercado laboral, en la
vida de las personas y en la sociedad en su conjunto. Además de originar
pérdidas importantes de recaudación y despidos de personas productivas (como
consecuencia de la sustitución de unos tipos de contratos por otros más
baratos), supone un incentivo a las jornadas laborales largas, en un país que
ya es uno de los europeos con mayor número de horas trabajadas por persona
empleada a tiempo completo. España necesita urgentemente medidas para la
reducción y racionalización de horarios, empezando por la reducción de la
jornada laboral máxima para hacerla compatible con la vida familiar y personal
y para repartir el empleo. No hay ninguna razón para esa tarifa plana, una
medida irresponsable y sin precedentes en las economías avanzadas. Este elemento
se une a la eliminación de restricciones a las horas extraordinarias en los
contratos a tiempo parcial por la Reforma Laboral de 2012.
10.- Por encima de los
argumentos supuestamente técnicos, todas estas operaciones tienen una intención
y unos efectos muy claros. En primer lugar, que las rentas altas y los grandes
capitales paguen cada vez menos impuestos. Hasta las rebajas generalizadas del
IRPF son más importantes para las rentas altas. En segundo lugar, según se
recortan las prestaciones y los servicios públicos aumenta el negocio de los
servicios privados. Este negocio está potenciado por las privatizaciones de los
servicios públicos, pero también, y muy importante, por los recortes sociales y
la falta de atención a las necesidades básicas de la población. Por ejemplo, a
la vez que se rebajan las pensiones y se paraliza la creación de sistemas
públicos de atención a la dependencia, avanzan los planes de pensiones y los
seguros de dependencia privados, que aún son incipientes en nuestro país.
11.- En cuanto a política
familiar, la única recomendación de la Comisión de Expertos y del Gobierno es
la de mantener o aumentar la desgravación para mujeres con hijos/as menores de
tres años (actualmente llamada “deducción
por maternidad”[2]),
según el Ministro Montoro como una medida para proteger “a
los más débiles, a la mujer y a la familia”; y según el informe de
la Comisión de Expertos en consideración a que “los niños…. representan de por sí una importante carga de trabajo para
las madres”.
En la realidad, estas
desgravaciones están muy lejos de solucionar los problemas a los que se
enfrentan las mujeres trabajadoras que quieren tener descendencia sin perder su
inserción en el empleo y sus posibilidades de desarrollar una carrera
profesional: ¿cómo alguien puede pensar que con un máximo de 100 euros al mes
se puede suplir la carencia de escuelas de educación infantil pública, el
déficit de permisos para los padres (con su consiguiente falta de implicación
en el cuidado) y la incompatibilidad de los horarios a tiempo completo con la
vida de cualquier persona, no digamos ya de padres y madres? 100 euros al mes
para la madre no resuelven estos problemas de las familias pero tienen un
efecto perverso: refuerzan la creencia según la cual las criaturas son
responsabilidad exclusiva de las madres.
12.- Las familias reales se
enfrentan a enormes problemas: el padre (o la ‘otra persona progenitora’) no
puede iniciarse adecuadamente en el cuidado de sus bebés porque, a pesar de ser
el permiso de paternidad una prestación contributiva de la Seguridad Social,
solo dura las 2 primeras semanas (la octava parte que el de la madre biológica,
que es de 16 semanas). Los servicios públicos de educación infantil son
escasos. Los horarios de trabajo a tiempo completo son excesivamente largos e
incompatibles con el cuidado. Estos problemas se agravan en el caso de las
familias monoparentales y cuando existen en la familia otras personas
dependientes a las que cuidar. De nada de todo esto trata el informe de la
Comisión de Expertos ni las declaraciones gubernamentales sobre la reforma
fiscal efectuadas hasta el momento.
13.- Sorprendentemente ni la
Comisión de Expertos ni el Gobierno mencionan la actual tributación conjunta de
los matrimonios[3].
La desgravación por tributación conjunta de los matrimonios es regresiva, pues
por su carácter de reducción de la base imponible es creciente con el nivel de
renta. Para las mujeres casadas con
hombres de rentas medias y altas, esta desgravación es un incentivo más a la
permanencia en el hogar y/o en la economía sumergida. Esto es así debido a que
la familia se beneficia de esta
deducción cuando la mujer no trabaja fuera de casa (y no existe, por tanto,
acumulación de rentas salariales, propiamente dicha). Pero a la hora de decidir
si esa mujer se incorpora o no a un empleo declarado, esa deducción se perdería
o disminuiría, lo que acaba repercutiendo en un aumento de la imposición
efectiva sobre ese posible salario adicional[4].
Además, la tributación conjunta de los matrimonios contribuye a la opacidad de
las rentas individuales ante la Administración Tributaria (ya que en la
declaración solamente se consigna la suma), dificultando la lucha contra el
fraude y minorando la calidad de los estudios estadísticos y económicos. ¿Cómo
es posible que la Comisión de Expertos se olvide de la tributación conjunta
cuando la anterior reforma fiscal ya señalaba estos problemas y la necesidad de
su revisión?[5] Es
muy sintomático que sea ésta, precisamente, la única desgravación importante
que la Comisión de Expertos no cuestiona. Puede que el sesgo patriarcal en la
elección de la comisión explique este olvido.
14.- En consonancia con su
carácter exclusivamente masculino, la Comisión de Expertos refleja en su
informe una idea de la sociedad absolutamente desfasada respecto a la realidad
actual, refiriéndose sistemáticamente a “el
contribuyente y su familia” y considerando a las mujeres como cargas objeto
de “exención por cónyuge”. Sin
embargo, las mujeres estamos igualmente capacitadas y dispuestas que los
hombres para ser ciudadanas y contribuyentes de pleno derecho en función de nuestros propios ingresos. En
España somos el 46% de la oferta laboral (el 46% de las personas ocupadas y el
47% de las personas paradas); el 50% de las personas contribuyentes
individuales; el 51% de todas las personas con titulación superior. Por otro lado,
el número de padres es aproximadamente igual que el de madres, y los hombres
acogen de muy buen grado las medidas efectivas para su implicación en el
cuidado[6].
Así pues, no necesitamos
exenciones tributarias especiales sino medidas efectivas para la inserción en
el empleo de calidad de todas las mujeres y para la inserción en el cuidado de
todos los hombres. Las actuales desgravaciones y prestaciones basadas en la
condición de esposas y madres (como la reducción
en el IRPF por aportaciones de previsión social a favor del cónyuge, la
desgravación por tributación conjunta de los matrimonios, la desgravación por
maternidad o la pensión de viudedad vitalicia) no compensan las desventajas que
sufren las mujeres. En cambio, sí crean incentivos adversos a la participación
laboral de las mujeres casadas en el empleo formal, manteniendo a muchas de
ellas en la economía sumergida o dependientes económicamente de sus maridos. A
la vez que se establecen condiciones materiales para la igualdad efectiva, será
necesario, eliminar, para los nuevos
matrimonios, todas estas desgravaciones perjudiciales para la economía real y
para la vida de las personas.
15.- La inclusión generalizada y continua de las mujeres en el empleo formal
a tiempo completo es una gran asignatura pendiente de nuestro sistema fiscal.
Las personas que pierden su empleo (parcial o totalmente) para dedicarse a
tareas de cuidado en el hogar quedan privadas de ingresos, así como de derechos
laborales y sociales; las empleadas de hogar están por debajo de los estándares
laborales que el Estatuto de los Trabajadores garantiza al resto de personas
empleadas; el empleo a tiempo parcial al que se ven abocadas muchas mujeres es,
en general, precario. Para acabar con esta gran injusticia social, la única
solución es sacar a la luz todo ese trabajo, actualmente sumergido en gran
medida, y ello significa actuar en dos direcciones: 1) reconvertir buena parte
de los empleos domésticos en empleos en el sector público de cuidados; y 2)
poner las condiciones para que ninguna persona tenga que renunciar a su empleo,
a sus ingresos y a sus derechos.
Es necesario, por tanto,
universalizar los servicios públicos de educación infantil y de atención a la
dependencia; conceder a los hombres derechos para el cuidado (empezando por los
permisos de paternidad iguales a los de maternidad, intransferibles y pagados
al 100%); reducir la jornada legal máxima; y eliminar los incentivos a la
permanencia de las mujeres en el hogar o en la economía sumergida (entre ellos
la tributación conjunta de los matrimonios). Estas medidas ya reducirían la
pobreza infantil, pero deberían complementarse, además, con el establecimiento
de importantes prestaciones universales por hijos/as, reforzadas en el caso de
familias monoparentales.
16.- La expansión del estado del bienestar a toda la población y a las
nuevas necesidades mencionadas, además de una cuestión de justicia elemental,
es un factor decisivo para la recuperación económica. Supondría un aumento
del consumo público necesario para crear empleos y reducir el alto desempleo
estructural en España, relacionado en gran medida con el déficit social. Cabe
sostener que el consumo privado también aumentaría si la población tuviera más
empleos estables y una cobertura pública de las necesidades y de los riesgos.
La incorporación de las mujeres al empleo a tiempo completo durante toda su
vida aumentaría la renta disponible de las familias y la seguridad asociada a
la existencia de dos personas sustentadoras en muchas de ellas. Esta
incorporación femenina va indisolublemente unida a una importante reactivación
del sector servicios para satisfacer la demanda no cubierta en la economía
familiar. El crecimiento económico asociado a estas actividades sería
beneficioso para la población, al contrario que la producción de bienes
depredadores del medio ambiente.
La consiguiente reducción de
los estereotipos de género sería un factor decisivo para la lucha contra la
segregación sexual del mercado de trabajo: permitiría una asignación más
eficiente de los recursos en la elección de estudios o profesiones y en las
decisiones de participación en el mercado de trabajo, así como en la selección
laboral por parte del empresariado. A estas ganancias en eficiencia hay que
añadir las derivadas del aprovechamiento del capital cuidador de los hombres,
hasta ahora en gran medida despilfarrado.
17.- Los problemas de bajísima fecundidad
y altísima pobreza infantil (dos caras de la misma moneda) adquieren en
nuestro país dimensiones catastróficas y exigen respuestas inmediatas. Para
solucionarlos es necesario abandonar las tradicionalmente llamadas “políticas
natalistas”, inspiradas en la idea obsoleta de que la fecundidad aumentará con
medidas incentivadoras de la retirada (parcial o total) de las mujeres del
empleo, como son las excedencias, los derechos a reducciones de jornada y otras
prestaciones para el cuidado en el hogar.
Estas políticas “natalistas”
han mostrado su total ineficacia en España y en otros países, como Alemania e
Italia (que están entre los que presentan menores tasas de fecundidad de
Europa), pues las mujeres no deciden masivamente tener criaturas si ello les
obliga a elegir entre maternidad e inserción continuada en el empleo de
calidad. Los países nórdicos, en cambio, muestran que la fecundidad aumenta, y
la pobreza infantil disminuye, con un sistema que permite a las mujeres
trabajadoras ser madres sin arriesgar su inserción y promoción laboral; y a los
padres trabajadores cuidar a sus criaturas en pie de igualdad con las mujeres.
Este sistema favorecería la formación del capital humano y reduciría la actual
segmentación laboral existente en nuestro país. En definitiva, favorecería el
avance a una sociedad más integrada y a una economía sostenible.
18.- Nuestro país necesita reformas profundas que permitan que todo el
capital productivo y cuidador de hombres y mujeres se desarrolle por igual.
Afortunadamente esas reformas van en el sentido de amparar a todas las
personas, sin excepción, en cuanto a derechos elementales se refiere: derecho a
una vida libre de violencia, a un salario digno que asegure la independencia
económica, a una pensión digna, a la atención en caso de dependencia, a la
libertad y a la posibilidad material para tener criaturas, o no tenerlas, sin
renunciar a los demás derechos. Para todo ello, la primera condición es el
mantenimiento y ampliación del sistema de protección social existente; y la
segunda la eliminación de los sesgos de género que aún contiene. Se trata de
alcanzar un sistema en el que todos y todas (también las mujeres) estemos
incluidas por igual en el sistema general de derechos y en el que sean
satisfechas las verdaderas necesidades de todas las personas y todo tipo de
familias.
19.- Somos conscientes de que
las reformas estructurales de los sistemas de impuestos, prestaciones y
servicios públicos, así como de las políticas de mercado de trabajo, no son
suficientes por sí solas sino que deben ir acompañadas por reformas en muchos
otros ámbitos. Igualmente, sabemos que muchas de las reformas necesarias deben
tener alcance internacional. Es por ello necesario que desde la ciudadanía
impulsemos un pacto europeo, en torno a estos y otros ejes de cambio social,
que nos permita configurar una sociedad más justa y un modelo económico
verdaderamente sostenible.
Promueven este manifiesto:
Alarcón García, Gloria. Doctora en Derecho. Profesora de
Financiación autonómica y local, Universidad de Murcia. Especialista en
conciencia fiscal y fraude tributario. Integrante del Consejo Científico de
ATTAC.
Castro García, Carmen. Economista. Investigadora sobre
Políticas Públicas e Igualdad de Género. Integrante de GEP&DO. Activista de
la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción
(PPiiNA). Coordinadora del Consejo Científico de ATTAC. http://singenerodedudas.com/
Del Río Otero, Coral. Catedrática de Economía Aplicada.
Universidad de Vigo. Su campo de especialización es el estudio de las
desigualdades económicas y las relaciones entre el
género y el mercado laboral. Integrante del Consejo Científico de ATTAC.
Gálvez Muñoz, Lina. Catedrática de Historia e Instituciones
Económicas. Directora del Master Universitario en 'Género e Igualdad',
Universidad Pablo Olavide. Directora del Observatorio de Género sobre Economía,
Política y Desarrollo (GEP&DO). Integrante del Consejo Científico de ATTAC.
http://linagalvez.com
Medialdea García,
Bibiana. Doctora en
Economía. Profesora de Economía Aplicada, Universidad Complutense de Madrid.
Integrante del Consejo Científico de ATTAC.
Pazos Morán, María. Investigadora del Instituto de Estudios
Fiscales. Activista de la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de
Nacimiento y Adopción (PPiiNA). Integrante del Consejo Científico de ATTAC. http://mariapazos.com
Sánchez Mato, Carlos. Economista, Presidente de Attac Madrid.
Torres López, Juan. Catedrático de Economía, Universidad de
Sevilla. Integrante del Consejo Científico de ATTAC y de GEP&DO. http://juantorreslopez.com
[1] LO 3/2007, Artículo 16. Nombramientos realizados por
los Poderes Públicos. Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de
presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones
de los cargos de responsabilidad que les correspondan.
[2] Mediante la deducción en la cuota por
maternidad, existente desde 2003, se reintegran a la trabajadora todas las
cotizaciones pagadas a la Seguridad Social por su trabajo (su parte y la de la
empresa) hasta una cuantía máxima de 1.200 euros anuales. Su ámbito subjetivo
está formado por las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la
aplicación del mínimo por descendientes que realicen una actividad por cuenta
propia o ajena, siempre que estén dadas de alta en el régimen correspondiente
de la Seguridad Social o Mutualidad. Puede solicitarse de forma anticipada y
cobrarse mensualmente.
[3] A pesar de que esta deducción origina un gasto fiscal
(esto, una pérdida de recaudación) superior a los 3.000 millones de euros
anuales, solamente superado en cuantía por el de la reducción general en los
rendimientos del trabajo, siendo incluso mayor que la reducción en la base imponible por
aportaciones a sistemas de previsión social (ver la Memoria de Beneficios
Fiscales 2014 (MBF.- que solo computa la parte estatal) en
Actualmente
hay 3.161.993 hombres y 459.670 mujeres declarantes que se benefician de esa
desgravación, en la mayoría de los casos por tener un cónyuge sin ingresos. Una
minoría, sobre todo de mujeres, corresponde a familias monoparentales, aunque
la Agencia Tributaria no separa en sus estadísticas estos dos fenómenos de tan
diferente naturaleza: tener un cónyuge sin ingresos y tener una criatura a
cargo en solitario (a ello hay que añadir que la desgravación en el caso de
familias monoparentales es de 2.150 euros, frente a 3.400 euros en el caso de
matrimonio).
[4] Este efecto se produce por la interacción de esta
desgravación con la normativa del IRPF, para lo que juegan varios factores
relacionados y no evidentes a primera vista para las personas que no conocen a
fondo dicha normativa. En líneas generales el mecanismo opera como sigue: si el
nuevo posible salario (el de la mujer) es bajo, el matrimonio seguirá haciendo
la declaración conjunta, pero entonces se acumulan las rentas de ambos cónyuges
y el salario de la mujer se verá gravado al tipo marginal del marido (que puede
llegar hasta valores cercanos al 50%). Ello se agrava porque en declaración
conjunta la desgravación por rendimientos del trabajo, que es decreciente con
el nivel de renta, se calcula sobre la base imponible conjunta, por lo que el
salario adicional no se beneficia de esa desgravación o puede incluso originar
una disminución de la misma para el matrimonio. Por otro lado, si el salario de
la mujer es alto el matrimonio pasará a hacer sendas declaraciones
individuales, pero en ese caso perderán la desgravación por tributación
conjunta (y también, en muchos casos, gran parte de la posibilidad de
desgravación por inversión en fondos de pensiones, cuyo tope en declaración
conjunta se dobla), lo que hay que tener en cuenta a la hora de calcular el
ingreso adicional neto de la familia que se derivaría del nuevo salario. En
resumen, la propia existencia de la opción por tributación conjunta, y la
desgravación correspondiente, origina un aumento considerable del tipo
impositivo efectivo sobre el salario de la segunda persona perceptora y, en
consecuencia, opera como un incentivo adverso al empleo formal. Este incentivo
es más importante cuanto mayor es el salario del marido y cuanto menor es el de
la esposa.
[6] El actual permiso de paternidad intransferible y
pagado al 100% de 13 días es disfrutado por el 83% de los padres con derecho.
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