Editorial
Con el calor tórrido llega la buena noticia de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que la legislación española sobre desahucios vulnera derechos fundamentales y, por ello, es ilegal. Todos los procesos legales abiertos de ejecuciones hipotecarias y órdenes de desahucio han de paralizarse a la espera de que el Congreso elabore una nueva ley que no vulnere los derechos humanos. Pues ése es el mandato del Tribunal tras la clara y rotunda descalificación de la normativa española vigente. Por cierto, es la segunda vez que el alto tribunal arremete contra la actuación gubernamental en cuestión de desahucios. Como indica el fallo europeo, los ciudadanos deudores están completamente indefensos, porque la ley beneficia a las entidades financieras.
No es una victoria total en el respeto y satisfacción del derecho a una vivienda digna y asequible, pero es un buen paso. Ahora corresponde a la ciudadanía movilizarse más, si cabe, para que se inicie cuanto antes la elaboración de la nueva ley exigida que respete los derechos fundamentales.
Sin embargo, esa victoria no oculta que el poder económico y financiero no ceja en su objetivo de pretendidas 'reformas' que, en buen castellano, son en realidad contrarreformas, cuyo fin es continuar la absorción de las rentas de las clases trabajadoras por la minoría capitalista . Da igual que lo llamen devaluación interna y medidas por la competitividad porque son rebajas salariales, extensión de la precariedad y anulación de derechos laborales. La última, la petición del Fondo Monetario Internacional (FMI) de rebajar el salario mínimo porque -pretenden- eso facilitaría crear empleo juvenil. ¡Lo que no invente esa gente para aumentar beneficios de los de siempre!
En esa línea de absorción de rentas salariales por la minoría económica y financiera, el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de las mutuas que forman parte de la patronal CEOE. Tal reforma asegura que las mutuas, es decir la patronal, controlen las bajas laborales desde el primer día de esa situación. También les permite proponer cómo y cuando se den las altas médicas. En ámbitos sindicales se ha denunciado ya que tal reforma es un primer paso para controlar parte de la Seguridad Social e iniciar su privatización, ni que sea parcial.
Eso ocurre cuando la Unión Europea y EEUU continúan negociando en secreto un Tratado de Libre Comercio e Inversión (TTIP), otro ataque encubierto contra los derechos no solo sociales y económicos sino también políticos; puede ser el remate del vaciado de la democracia puesto en marcha con el pretexto de la llamada crisis y sus presuntas soluciones.
La ciudadanía en general, y la clase trabajadora de modo especial, han de ponerse aún más las pilas para enfrentar el reto de cambiar esta sociedad por otra que es posible en la que el derecho básico a una vivienda digna, por ejemplo, no se vulnere desde la misma ley.
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