IZQUIERDA UNIDA,
UN PROGRAMA PARA TRANSFORMAR LA SOCIEDAD
AHORA: UNA
REVOLUCIÓNDEMOCRÁTICA Y SOCIALISTA
Una
respuesta global a las
10 preguntas para la reflexión
10 preguntas para la reflexión
“Encuentro” de Izquierda
Unida,
22 y 23 de noviembre de 2014
Presentado por:
Alberto
Arregui, Marina Albiol, Esther López,
Henar Moreno, Víctor Domínguez, Carlos
Sánchez Mato, Jordi Escuer
PRIMERA PARTE: UNA ALTERNATIVA
DEMOCRÁTICA Y SOCIALISTA
1. NUESTRO PROGRAMA ES UN COMPROMISO IRRENUNCIABLE
Un programa
es la identidad de una fuerza política, la expresión a través de medidas
concretas, de las necesidades materiales de la clase social a la que
representa. Detrás de todo programa hay unos intereses de clase. Por eso no
podemos admitir la idea de que “tenemos un programa en la oposición y otro al
entrar al gobierno”. Esa práctica, común, está detrás del descrédito de la
política y de los partidos, pues el programa tiene que ser también un
compromiso irrenunciable que debe incluir, por tanto, plazos de cumplimiento.
Hemos tenido
experiencias muy aleccionadoras, especialmente la del PSOE cuando llegó al
gobierno en 1982 con un programa que, a pesar de todas sus limitaciones, fue
calificado unos meses antes por la CEOE diciendo que “lo aproximarían en gran
medida a los modelos marxistas de la Europa del Este”. Nada más llegar al
gobierno, se olvidaron de él y comenzaron una de las etapas más negras de
destrucción de los derechos de la clase trabajadora, con su nuevo modelo
productivo basado en la llamada “reconversión industrial”.
Tampoco
podemos justificar la política del mal menor, para entrar en gobiernos de
coalición que adopten la política de apuntalar el sistema con pequeñas reformas
de fachada, pero que dejen indemnes las principales injusticias del sistema. No
podemos sumarnos a ningún gobierno, ni municipal, ni autonómico, ni del Estado,
que aplique recortes de los derechos sociales o democráticos.
Conforme se
acerca la posibilidad de gobernar ese peligro crece. Los dirigentes de Podemos,
ya están suavizando el programa con el que concurrieron a las elecciones
europeas diciendo que “no es aplicable” en unas elecciones generales. Izquierda
Unida tiene, entre sus tareas, la de luchar por impedir una repetición del
proceso que se dio en 1982.
Claro que
ofrecemos la unidad, y en primer lugar la unidad en la lucha, pues sólo eso
puede cambiar la situación y ser la base para la unidad en un gobierno. Pero
debemos advertirlo ya: cualquier gobierno, sea de Podemos o de cualquier otra
fuerza de izquierda que no cuestione el propio sistema, que renuncie al impago
de la deuda, que aplace el cumplimiento de las medidas imprescindibles de
reducción de la jornada laboral y la edad de jubilación, de creación de empleo
o de nacionalización de los recursos financieros y los sectores estratégicos,
está condenado al fracaso, estaría abocado a “gestionar el sistema”. No es una
cuestión principalmente de “buena o mala voluntad”, es que simplemente si
aceptas la propiedad privada de los resortes fundamentales de la economía,
estás aceptando la propiedad privada de los resortes fundamentales de toma de
decisión de la política. Una economía y una democracia en manos de los
propietarios de los medios de producción (la burguesía), sólo pueden llevar al
gobierno, incluso cargado de la mejor de las intenciones, a entrar en la lógica
del sistema, y unirse a los González, Jospin, o ZPs que en el mundo han sido.
Esa debe ser
la fortaleza de IU, la comprensión de la necesidad de la transformación
socialista de la sociedad. La unidad de acción no es una opción, es una
necesidad para derrotar a la derecha, pero esa unidad debe incluir a los
sindicatos de clase y, en ningún caso, puede suponer que IU renuncie a la
defensa de su programa de transformación social.
2. ¿CAMBIO DE MODELO O DE SISTEMA?
Las condiciones de existencia de
la clase trabajadora se han deteriorado de forma profunda; el paro masivo, los
desahucios, peores condiciones laborales, precariedad, disminución de las
prestaciones públicas en sanidad o educación… Y, al tiempo, una degradación de
la naturaleza en progresión geométrica que amenaza las condiciones de
habitabilidad del planeta. ¿Cuáles son las causas de esta situación con efectos
catastróficos similares a los de una postguerra, que se extienden por encima de
todas las fronteras? ¿Cuál es la alternativa?
El
diagnóstico es determinante para diseñar una alternativa. Si pensamos que los
capitalistas están “mal organizados” o “mal aconsejados”, pero que el sistema
puede funcionar dando satisfacción a las necesidades básicas de la humanidad,
la alternativa, lógicamente, se fundamentará en ofrecer una corrección de los
“defectos” del sistema. En definitiva, mantener las relaciones de propiedad de
la sociedad capitalista variando el énfasis de las políticas que se practican,
es decir, un “nuevo modelo productivo” dentro del viejo modo de producción
capitalista. Ésta es la vieja quimera que siempre ha defendido la
socialdemocracia y en ella se han basado todas las fantasías capitalistas de
“la sociedad del ocio”, “el Estado del bienestar”, “el capitalismo popular”, o
tantas otras maneras de intentar disfrazar la realidad de la brutal explotación
de la mayoría de la humanidad, la clase trabajadora, por parte de una minoría,
propietaria de los medios de producción.
Este sueño
imposible, tuvo su expresión en el período posterior a la Segunda Guerra
Mundial, en una pequeña parte del planeta, pero la crisis orgánica de
sobreproducción cuyas terribles consecuencias estamos padeciendo, ha puesto al
descubierto la incapacidad del modo de producción actual para conciliar los
privilegios de la burguesía con el bienestar de la mayoría de la población y
los recursos de la naturaleza. Al contrario, ha dejado en evidencia lo que
siempre hemos sabido: su riqueza es nuestra miseria. Son las dos caras de una
misma moneda, se enriquecen destruyendo las dos fuentes de la riqueza: el
trabajo humano y la naturaleza.
En
definitiva, lo que esta crisis pone de manifiesto es el agotamiento de un
sistema económico, de un modo de producción, de unas relaciones de propiedad,
en las que se ha basado lo fundamental de la economía de las sociedades humanas
en los últimos siglos.
Todo cambio
determinante de nuestras condiciones de vida pasa por cambiar esas normas, por
alterar las relaciones de propiedad, pues sólo así se podrá establecer armonía
entre los intereses de los propietarios de los medios de producción y los
intereses de la mayoría de la sociedad, al unir las decisiones sobre la
propiedad, la producción, la distribución, el intercambio y el consumo en las
mismas manos.
Pretender un
cambio de modelo productivo dentro del capitalismo, es el intento de hacer
retroceder la historia a “los buenos viejos tiempos” de la socialdemocracia
europea. El pasado no volverá, nuestra tarea es construir un nuevo sistema.
3. EL PROBLEMA ES EL CAPITALISMO
Sin embargo,
a la izquierda le sigue costando llamar a las cosas por su nombre, y eso que cada
vez es más claro que esta sociedad capitalista no funciona y no ofrece un
futuro a la mayoría de la población, en particular, a la clase trabajadora. La
realidad es que el sistema es incapaz de garantizar unas condiciones de vida
dignas y un futuro a la mayoría de la población, en particular a la clase
trabajadora. El último informe sobre la exclusión social en el Estado español
realizado por FOESSA, señala que un 25,1% de la población viven en una
situación de exclusión social y un 40,6% vive en una situación de integración
precaria. Eso supone que basta perder el empleo, un recorte salarial o caer enfermo
para caer en la pobreza.[1]
¿Cómo se
puede crear empleo para todos, con salarios y condiciones de trabajo dignas, garantizar
unos servicios públicos adecuados y evitar el expolio del medio ambiente?
Cambiar el “modelo productivo” se ha convertido en la respuesta que nos llega
desde las cúpulas sindicales y desde muchos ámbitos. Pero eso es, ni más ni
menos, lo que siempre fue el eje de la política socialdemócrata, aceptar las
reglas del juego, intentar construir un “capitalismo con rostro humano”.
En una sociedad
capitalista el modelo de producción lo determinan los intereses de los
propietarios de los grandes medios de producción, y la competencia entre ellos
por el máximo beneficio en el plazo más breve posible. Es el momento de defender
que, ahora, la alternativa es una economía socialista.
Nos basta un
ejemplo muy sencillo para ilustrar esta tesis: la energía. Las grandes empresas
energéticas no pueden permitir “un modelo productivo” en su sector que escape a
su control. A diferencia de las fuentes tradicionales de energía, fuertemente
centralizadas y producto de grandes inversiones, las energías renovables son
susceptibles de una gran descentralización, dando opción incluso a
instalaciones individualizadas, que romperían totalmente el monopolio de la
gestión de un sector que da enormes beneficios a sus accionistas como se ha
demostrado recientemente con el reparto en Endesa de un dividendo de 14.605
millones de euros el próximo 29 de octubre, que supone un récord en la historia
de la Bolsa española.
Es evidente
que, gracias al desarrollo de la tecnología, hoy estamos en condiciones de
disponer de “un modelo productivo energético” no sólo mucho más
descentralizado, sino mucho más democrático y mucho más barato que el que nos
impone el oligopolio de turno. Pero es bloqueado por aquellos que detentan la
propiedad de las grandes empresas del sector. Son pocos, pero pueden imponer su
“modelo productivo” en la medida que tienen la propiedad y el control de los
recursos productivos. Por eso, para lograr otro modelo energético, las grandes
compañías del ramo deben ser nacionalizadas y puestas bajo control democrático,
no para seguir usándolas con el mismo criterio que sus actuales propietarios
privados sino para poner por delante los intereses de la mayoría de la sociedad
y transformar la forma de producir y usar la energía que hoy existe.
La energía
sólo nos ofrece un ejemplo que es extrapolable a los principales sectores de la
economía. El “modelo productivo”, la forma en que se utilizan las fuerzas
productivas, sus características, está condicionada directamente por los
intereses de sus propietarios y su objetivo de obtener el máximo beneficio en
el menor tiempo posible. Los capitalistas no pueden evitar actuar así, pues el
comportamiento de las empresas no responde a la codicia personal —independiente
de que ésta abunde—, sino a una ley coercitiva de la que no pueden escapar: la
competencia. Las más rentables atraen más capitales, las menos se hunden.
Si queremos
cambiar las reglas del juego, no hay más opción que cambiar las relaciones de
propiedad. Mientras la burguesía mantenga la propiedad privada de los medios de
producción, el objetivo será el beneficio privado, a cualquier precio. Todo
“modelo productivo” del modo de producción capitalista mantiene las decisiones
vitales de la economía fuera del control democrático.
La mano
invisible del mercado existe, pero no funciona como dicen los economistas
neoliberales: “buscando el máximo bien personal, el capitalista lograría el
máximo bien social”. En realidad, tiene el efecto contrario: la búsqueda del
máximo beneficio privado, acaba acarreando el máximo perjuicio social. He ahí
el ejemplo del sector financiero, dónde el máximo beneficio para sus
accionistas y directivos durante los años del auge ha supuesto el agravamiento
de la crisis y el rescate bancario con dinero público.
Los
economistas “de cátedra” suelen despreciar un factor determinante de la
economía: la lucha de clases. Lo que determina una política “más o menos
social”, no es la teoría económica, sino la correlación de fuerzas entre las
clases. El keynesianismo fue producto de su época, de la amenaza real de la
revolución, de la existencia de la URSS, de la revolución colonial, de una
clase obrera organizada.
Y toda la
política actual de agresión, no se debe a conspiraciones o sesudos
razonamientos de los think-thank de
la burguesía, sino a la derrota de la clase obrera en occidente, al hundimiento
del mal llamado “socialismo real” en la URSS y China y, en definitiva a que la
izquierda ha renunciado a luchar por el socialismo, a explicar la necesidad de
un nuevo modo de producción socialista y resignarse a reformar el capitalismo
con un “nuevo modelo productivo”.
4. UNA CRISIS DE SOBREPRODUCCIÓN
La gran
paradoja del capitalismo es que, a pesar de tener las mayores fuerzas
productivas de la historia, no puede aprovecharlas sin provocar un desastre
social ni medioambiental. Estamos ante una crisis de sobreproducción, que se
manifiesta principalmente en forma de un exceso de capacidad productiva
instalada, más que en un exceso de mercancías sin vender. Aunque eso sí sucede
con la vivienda, donde hay una enorme bolsa de viviendas vacías imposibles de
vender.
La
sobreproducción es un mal crónico que va necesariamente acompañado de un
desempleo permanente y de una precarización cada vez mayor de los que tienen
empleo.
La manera en
que el capitalismo trata de resolver esta sobreproducción es destruyendo parte
de las fuerzas productivas, buscando nuevos mercados y explotando más
intensamente los que tiene. Y eso está haciendo. Destruye medios de producción
y puestos de trabajo. Utiliza el desempleo para imponer condiciones de
explotación más intensas a los trabajadores. Crea nuevas esferas de negocio
privatizando más servicios públicos vitales y trata de exportar más. Al mismo
tiempo, se asegura de tener el apoyo del aparato del Estado para sanear los
bancos y subvencionar a las grandes empresas —cuyos intereses son
inseparables—, a costa de recortar los gastos sociales.
Eso ya
sucedía en la época de auge, en la que crecían las desigualdades porque se
reducía la participación de los trabajadores en la renta nacional. Ese
empobrecimiento se compensó durante unos años con el recurso del crédito: las
viviendas eran más caras que nunca pero podías acceder a ellas a base de
hipotecarte para toda la vida. La crisis ha truncado las esperanzas de millones
de familias trabajadoras.
La crisis
que enfrentamos no se resuelve sólo con cambios políticos sino que son
necesarios cambios sociales. No se puede separar una revolución democrática de
una revolución social, una transformación socialista. Pues todas las libertades democráticas
necesitan de una base material para su mantenimiento y desarrollo, un bienestar
que permita varios requisitos imprescindibles de la auténtica democracia: que
se supere la escasez de los medios de vida necesarios para una existencia
digna, pues sin ello no hay libertad, sino necesidad y lucha desesperada por la
supervivencia; que las decisiones económicas, que determinan nuestras vidas,
sean tomadas democráticamente, lo que excluye la propiedad privada de los
medios de producción, incluidos los recursos financieros; que se reduzca la
jornada laboral, pues sin ello es imposible la participación en la vida pública
y dejaríamos de nuevo nuestro destino en manos de “profesionales” de la
política. La democracia sólo existe si la política y la economía (dos aspectos
de la misma realidad) son un ejercicio controlado por la participación de la
mayoría.
Por tanto,
sólo el cambio de sistema productivo, la superación del capitalismo, puede
cambiar nuestras vidas, hablar de “cambio de modelo productivo”, algo que hacen
desde el PSOE al rey, pasando por Podemos, es una entelequia vacía de
contenido.
El antiguo
presidente socialista francés, Lionel Jospin, ya acuñó un aforismo que expresa
bien el intento de tener un capitalismo de rostro humano: “economía de mercado
sí, sociedad de mercado no”. La mayoría de la izquierda ha tendido a aceptar el
mercado, como indiscutible. Lo único que hace falta es regularlo. Pero quien
manda en la sociedad es el que tiene el control de las fuerzas productivas:
quien domina la banca, las grandes industrias y la tierra, decide la política,
y no al revés. La socialdemocracia ya lo intentó y sabemos dónde ha terminado.
Zapatero llegó a reconocerlo, “íbamos a reformar los mercados y los mercados
nos han reformado a nosotros”.
5. ESPERANDO A MISTER MARSHALL…
Y es que, en
la medida que hablamos de una crisis de sobreproducción, estamos diciendo que
no es un problema de falta de recursos ni de medios. Existen más que
suficientes para que toda la población mundial tenga unas condiciones de vida
dignas, pero ¿cómo utilizarlos para resolver los problemas que sufre la mayoría
de la sociedad? La Confederación Europea de Sindicatos ha propuesto un “Plan
Marshall” para Europa. Ignacio Fernández Toxo, a la sazón secretario general de
CCOO y de la CES, lo defendía señalando que “España necesita una profunda
transformación de su modelo productivo”[2].
La propuesta
del CES recoge que, “en Europa Occidental, 27 billones de euros en activos
monetarios contrastan con el menguante número de opciones de inversión seguras
y rentables: esta situación entraña la gran oportunidad de redirigir el capital
disponible en Europa a las inversiones que apuestan por su futuro. A este
efecto, el “Fondo para el Futuro de Europa” emitiría, de forma similar a una
empresa o un Estado, bonos con intereses que denominamos “bonos New Deal”. De
este modo, los inversores dispondrían finalmente de opciones de inversión
buenas y seguras, y la Unión Europea garantizaría la financiación de esta
ofensiva de modernización”. Según el documento, se trataría de “imponer reglas
y ofrecer orientación política al mercado, y, en este sentido, dirigir también
las inversiones privadas a proyectos de futuro con carácter innovador”, puesto
que las “clases sociales con mayor capacidad financiera y las regiones con
mayor poder económico deben contribuir en mayor medida a la financiación de las
inversiones de futuro que aquellas otras con menores capacidades”.
Pero esta
propuesta está abocada al fracaso. Pretender canalizar la inversión privada en
políticas sociales y en el desarrollo de un nuevo modelo productivo,
convenciendo a los capitalistas de que será lo más rentable para ellos y para
la sociedad, no puede funcionar. En realidad, los capitalistas ya están tomando
las medidas para que invertir en Sanidad o Educación sea rentable para ellos.
¿Cómo? Desmantelando los sistemas públicos de salud y enseñanza.
Si decimos
que la base del capitalismo es la explotación de los trabajadores y de los
recursos naturales no es por un prejuicio ideológico, sino porque así lo
muestra la realidad cotidiana, porque el beneficio privado es el motor del
mundo capitalista y no hay beneficio privado sin explotación. Sino ¿cómo
explicar que en plena crisis crezca la riqueza de la burguesía mientras se
empobrece el conjunto de la clase trabajadora? Repetimos, sus beneficios son
nuestra miseria.
6. LA COMPETENCIA POR EL MERCADO EXTERIOR
Uno de los
recursos típicos para “mejorar” el capitalismo, por parte de quienes defienden
el “nuevo modelo productivo”, es ganar cuotas de mercado, a través, sobre todo,
de mejorar la competitividad de las empresas. En su buena voluntad, proponen
que esto no se base sólo en la explotación de los trabajadores de esas
empresas, sino que ponen el énfasis en fomentar aspectos de Investigación,
desarrollo e innovación (I+D+I), en la cualificación del trabajo y en la
colocación en el mercado de productos con menos horas de trabajo (es decir
mayor productividad), mejorando las exportaciones.
¡Claro, este
es el sueño de todo capitalista! Ya que la competencia (lo contrario a la
planificación) es el mecanismo de funcionamiento de la economía de mercado. Pero
ese deseo, al igual que el de que “mis trabajadores ganen poco, para no dañar
mis beneficios, pero los demás que ganen más para poder comprar lo que yo
fabrico”, no es más que la expresión del callejón sin salida al que nos conduce
la economía de mercado.
Lo primero
es que eso lo intentan todos, luego no todos pueden ser los ganadores y parece
que otros países capitalistas le llevan mucha ventaja a nuestra clase dominante.
Pero lo segundo, y más importante, es que nosotros, como defensores de otros
valores y otro modelo de sociedad, no podemos defender las consecuencias de esa
política de competitividad y conquista del mercado.
El aumento
de la competitividad del capitalismo español se hace a costa de los niveles de
vida de la clase obrera de los países con los que competimos y del nuestro
propio. Lo convertimos, si le damos nuestro apoyo, no sólo en una competencia
entre capitalistas, sino en una competencia entre la clase obrera de esos
países; “empresarios y trabajadores españoles juntos, con un interés común”, contra
“empresarios y trabajadores alemanes, o griegos, o italianos, o rumanos…
también con un interés nacional común”. ¡Qué disparate! Marx y Engels, ya en el
Manifiesto Comunista, explicaron que el sistema de trabajo asalariado tiene su
fundamento en la competencia entre los trabajadores, y que la tarea histórica
para transformar la sociedad es llegar a defender los intereses comunes de la
clase obrera frente a sus explotadores, por eso la primera gran consigna de los
defensores del socialismo fue, “¡Proletarios de todos los países, uníos!”. Hoy,
esa consigna adquiere un significado más urgente que nunca.
7. NO HAY UN CAPITALISMO “BUENO” Y OTRO “MALO”
Es común
contraponer un capitalismo especulativo, financiero, a otro productivo. De
hecho, el crecimiento del peso específico del sector financiero en la economía
se suele relacionar directamente con la eliminación o reducción en el control
de las entidades financieras, que propiciaron Thatcher y Reagan en los años 80
y primeros de los 90, y de ahí se plantea la conclusión que la causa de nuestra
situación son las política neoliberales. No cabe duda de que la política
neoliberal propició esa hipertrofia financiera, pero estamos invirtiendo los
términos de la realidad. Las políticas neoliberales se imponen porque eran las
que objetivamente mejor le venían al capitalismo, cuyo sector financiero estaba
creciendo cada vez más. El requisito previo era la derrota de la izquierda y
del movimiento obrero. De la misma forma, buscaron recuperar la tasa de
ganancia incrementando la explotación del trabajo asalariado y los recursos
naturales, aplicando recortes de derechos sociales y liberalizando la economía.
La llamada
financierización de la economía es, en primer lugar, el producto de la dinámica
interna del capitalismo. Las políticas neoliberales estimulan el fenómeno, pero
no lo crean. La razón principal es la caída de la tasa de ganancia en la
inversión productiva, una tendencia que reaparece constantemente en el
capitalismo, que también lo hace en las etapas finales del auge posterior a la Segunda
Guerra Mundial. De ahí la época de crisis que caracteriza los años setenta y
primeros ochenta[3], a
pesar de que las políticas dominantes hasta que se desató la crisis en aquellos
momentos eran keynesianas. Pero también fracasaron.
Esa pérdida
de la rentabilidad en la inversión productiva en los países capitalistas más
desarrollados estimula la búsqueda de nuevas fuentes de rentabilidad en el
sector financiero. Y a eso se une la acumulación de una gran cantidad de riqueza
durante los años del auge, sobre todo en los segmentos sociales medios y altos,
y en las grandes empresas no financieras. Obviamente, son los sectores de la
burguesía más ricos los que dominan el conjunto del ahorro en su propio
beneficio.
Todo eso
crea las condiciones para el desarrollo exponencial del sector financiero, con
una gran cantidad de dinero en búsqueda de acciones y productos financieros que
les den rentabilidad, y supuso, que las cuestiones financieras (los tipos de interés,
la estabilidad monetaria, los productos financieros…) se convirtiera en una
cuestión decisiva para las grandes empresas y para el sector más rico de la
sociedad, cuya prioridad era garantizar el valor de su riqueza monetaria. Desde
entonces se dispara el volumen del sector financiero, de los grandes grupos de
inversión, de la ingeniería financiera, elevando el uso del crédito hasta la
enésima potencia, siendo un factor que ha introducido mucha más inestabilidad
en el capitalismo, estimulando los auges y agravando las crisis, aunque no
creándolas.
De igual
forma que el neoliberalismo no crea esta realidad, sino que responde a ella,
acabar con la financierización de la economía y sus consecuencias no se puede
resolver con más controles sobre los bancos privados y las entidades
financieras privadas, sino acabando con la propiedad privada de dichas
entidades y poniendo la gestión de los ahorros de la sociedad en manos públicas
y bajo un control democrático.
8. CAMBIAR LAS RELACIONES DE PROPIEDAD
Sin embargo,
ahí no se acaba la cuestión. El sector financiero no crea ni un átomo de
riqueza, sino que se limita a extraer sus intereses de la economía real, mediante
la explotación de los trabajadores y de los recursos naturales. Y la clave está
en la socialización de los grandes sectores productivos.
El mejor
testimonio de que la riqueza no nace en los bancos, aunque sean los banqueros
los que se apoderen de la mayor parte de ella, es que todos los planes de
rescate bancarios van vinculados a reformas laborales y a planes de
“consolidación fiscal”, que es el eufemismo empleado para referirse a los
recortes del gasto social, a las subidas de impuestos para los que menos tienen
y a las bajadas para los que más tienen. Todas las medidas que plantean las
instituciones internacionales (FMI, Comisión Europea, etcétera) y los
gobiernos, van dirigidas a incrementar la explotación de los trabajadores y los
recursos naturales, a fin de recuperar la tasa de ganancia. Es decir, que ahora
los trabajadores y la naturaleza tendrán que garantizar con su sudor y su
expolio, no sólo la rentabilidad del capitalista, sino el pago de las deudas
acumuladas durante los años de auge.
Un gobierno
de izquierdas que quiera garantizar pan, empleo, techo y servicios públicos a
toda la sociedad, debe plantear medidas de carácter socialista desde el primer
momento. Medidas como la reducción de la jornada laboral sin disminución
salarial, la anticipación de la edad de jubilación, el acceso a la vivienda
para todos, una sanidad y una educación pública universales, un servicio
público de dependencia, etcétera, sólo pueden garantizarse si la mayoría de la
sociedad tiene el control de las grandes fuerzas productivas.
Una reforma
fiscal, por si sola, si los sectores estratégicos de la economía siguen estando
en manos privadas, será incapaz de dar la vuelta a la situación.
Hemos de ser
conscientes de que cualquier gobierno de izquierdas, desde el ámbito municipal
al Estatal, pasando por las autonomías, se verá obligado a declarar una
moratoria inmediata en el pago de la deuda y forzar una quita drástica de la
misma, tras una auditoría. Si no lo hiciera, estaría incapacitado para abordar
las políticas sociales que son necesarias, y condenado a enfrentarse a la
mayoría de la sociedad y a decepcionarla.
Pero el
impago de gran parte de la deuda, —o mejor dicho, forzar que la pagasen los que
más tienen: grandes accionistas privados y acreedores—, no sería viable si, al
tiempo, no se nacionalizan los sectores estratégicos de la economía: la banca,
las grandes corporaciones y los grandes latifundios.
Ahora, el
Estado es prisionero del sistema financiero, al cual no puede permitir quebrar
sin ser arrastrado él mismo al desastre. Sanear el sistema financiero, acabar
con su sobredimensión y convertirlo en una administración racional de los
ahorros de la sociedad con una finalidad social, sólo es posible si se
transforma en público. El propio sistema financiero privado sería inviable sin
el respaldo público y las millonarias ayuda públicas. Por tanto, debe de ser
público.
9. PLANIFICACIÓN DEMOCRÁTICA EN LUGAR DE MERCADO
Muchos
reclaman que se saquen del mercado recursos tan importantes como la tierra, los
mares, la vivienda, etcétera. Sin embargo, lo que debemos hacer es sacar del
mercado al núcleo de la economía. Sólo a partir de transformar en público el
corazón del sistema productivo se puede pilotar un cambio que ponga la economía
al servicio de la sociedad y no al revés, como de hecho sucede ahora. Se trata
de poner en marcha una planificación democrática de la economía y, a partir de
lo que existe, transformar el sistema productivo para reducir drásticamente las
desigualdades sociales, hasta su desaparición, y tener en cuenta los límites de
los recursos naturales.
Entonces, lo
que la sociedad debe hacer es tomar lo que ya existe y transformarlo. El propio
desarrollo de la economía nos ofrece los mimbres para hacerlo. La experiencia
ha demostrado que suministrar agua o atender la salud se puede hacer desde el
sector público mejor que desde el privado. Pero eso es extensible a todos los
grandes sectores productivos: metalurgia, transporte, comunicaciones,
constructoras, química, distribución, etcétera.
¿Qué son las
grandes empresas? Son una minoría del total pero mueven la parte decisiva de la
economía. Millones de trabajadores y una producción vital para la sociedad,
porque determinan totalmente la marcha de la economía, sus prioridades y las
condiciones de vida de todos. Es ridículo hablar de libre competencia en este
terreno, son oligopolios controlados por una minoría de grandes accionistas y
directivos con un único objetivo: la máxima ganancia. ¿Qué ciudadano puede
crear una petroquímica para competir con Down o con Repsol?
El
reconocimiento de su magnitud social lo hace, sin intención, el propio sistema
cuando las salva y sostiene con dinero público. El capitalismo no podría
subsistir sin la intervención del Estado, su
Estado. Pero esa situación no hace sino reflejar la madurez de las fuerzas
productivas para pasar a ser propiedad social, para su gestión pública y democrática
por parte de sus trabajadores y de la sociedad. Nuestro objetivo es sustituir
el mecanismo de mercado, con sus crisis y anarquía, por una administración
colectiva y democrática de las grandes fuerzas productivas.
Es cierto
que la experiencia de la URSS fracasó. De ella hemos aprendido que no basta con
nacionalizar las fuerzas productivas, que además, hay que garantizar el control
democrático de las mismas para evitar que surja un monstruo burocrático que
ahogue la economía y a toda la sociedad. Tendremos que garantizar el control
real, cotidiano de las empresas, la eliminación de privilegios salariales, la
limitación de mandatos en los puestos directivos, igual que en el resto de la
sociedad.
Sin embargo,
las condiciones materiales actuales son muy distintas de las de 1917. Rusia era
un país enormemente atrasado en el que los propios comunistas creían imposible
que el socialismo triunfara si no se extendía la revolución a escala mundial. Hoy
disponemos de la base material para hacer posible otra sociedad. La enorme
productividad del trabajo, la amplitud de las fuerzas productivas, combinada
con la incorporación al trabajo de millones de asalariados que hoy están
condenados al paro y al subempleo perpetuo, permitiría generalizar una jornada
laboral reducida de tal forma que la participación en el control de la
sociedad, en la actividad política en el mejor sentido de la expresión, sería
algo al alcance de todos. Las largas jornadas de trabajo son un obstáculo a la
participación democrática de la sociedad, que ahora es posible eliminar.
Y, además,
las tecnologías de la información y comunicación que hoy ya interconectan toda
la economía, harían posible que la población pudiera participar con información
suficiente en la toma de decisiones. Los mismos mecanismos que hoy utilizan las
grandes empresas para su gestión interna y los sistemas financieros para
dominar el conjunto de la economía, servirían al conjunto de la sociedad para
controlar y determinar el uso de las fuerzas productivas. Existen las condiciones
para, en lo que a los grandes sectores productivos se refiere, sustituir el
mecanismo de mercado para la asignación de los recursos por una planificación,
por una administración racional y social de los recursos.
Con una
columna vertebral económica pública que administre racionalmente los recursos
la democracia podría entrar en la economía, el mercado iría quedando relegado a
un papel cada vez más secundario en ella. Las pequeñas empresas y, sobre todo,
las cooperativas podrían florecer en esas condiciones. La economía, coordinada
a gran escala, debería ser enormemente descentralizada. La competencia entre
países por cuota de mercado, la expoliación de las personas y los pueblos,
podría ser sustituida por la cooperación en beneficio mutuo. Dejaría de tener
sentido producir muchos productos a miles de kilómetros del lugar de uso final,
por la única razón de que la mano de obra es más barata y los costes de
transporte no tienen en cuenta ni el derroche de recursos ni la contaminación.
La obsolescencia programada o las patentes desaparecerían. La producción de
armamento sería innecesaria y la producción de bienes de lujo también. Lo
decisivo es que las personas podríamos, por fin, decidir racionalmente, con
criterios de beneficio social y a largo plazo, el funcionamiento de las fuerzas
productivas.
Lo que hace
avanzar la historia es la lucha de la clase ascendente frente a la clase social
decadente, que posee en sus manos los recursos de la riqueza y al tiempo las
constriñe a las caducas normas de su modo de producción, evitando que sean
puestas al servicio de la mayoría. Nuestra tarea no es el absurdo propósito,
como lo calificó Marx, de poner freno a la historia, sino de llevar esa lucha a
su culminación para superar esas trabas y comenzar la verdadera historia de la
humanidad sobre las bases de la propiedad pública de la economía y la
planificación democrática de los recursos. Sabemos que no es una tarea fácil,
todo lo contrario, pero es necesaria y posible.
SEGUNDA
PARTE: NUESTRA PROPUESTA PROGRAMÁTICA
1. NUESTRA
PROPUESTA ANTE LAS GENERALES:
UN PROGRAMA PARA CAMBIAR LA SOCIEDAD
Debemos
transmitir una idea muy clara: se puede garantizar a todos una vida digna si se
lucha por ello, y no dentro de 20 años, sino desde el principio. El programa
debe ser nuestra primera herramienta de movilización, en la calle y en las
urnas. Tiene que dejar claro que un gobierno de la izquierda va a ser diferente
desde el primer día, y debe basarse en un plan de lucha por resolver los
problemas acuciantes que tiene la mayoría de la sociedad, en particular las
familias trabajadoras. Es necesario lanzar medidas muy concretas a partir de
las necesidades reales, dando respuesta inmediata a la situación de urgencia en
la que se ven miles de familias, así como unos plazos para ponerlas en marcha.
Son medidas que llevan a un choque con el sistema, porque en la medida que la
raíz de nuestros problemas es el capitalismo, cualquier medida que resuelva los
problemas básicos de la mayoría chocará con él y con las instituciones que lo
defienden.
Así mismo,
IU debe dejar claro desde un principio, que si no tiene mayoría suficiente, no
participará en gobiernos que apliquen
recortes de los derechos sociales y defenderá su alternativa, pues hay recursos
para que todo el mundo tenga unas condiciones de vida dignas. IU llama al resto
de fuerzas políticas de la izquierda transformadora, a los sindicatos de clase
y movimientos sociales, a formar un auténtico frente de izquierdas, capaz de
lograr la mayoría suficiente para derrotar los recortes y hacer una política
acorde con las necesidades de la mayoría, y capaz de movilizarse en la calle,
en los centros de trabajo y estudio, para hacerla realidad.
2. CONDICIONES DE VIDA DIGNAS PARA TODOS
- Todo el mundo tiene derecho a un puesto de
trabajo digno, pero mientras esto no sea así toda persona en paro que haya
agotado sus prestaciones por desempleo, tendrá derecho a una Renta Básica igual al SMI. Esta medida
se aprobaría en los primeros tres meses de la legislatura.
- Aplicación, en el plazo de seis meses, de una reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales,
sin reducción salarial.
- Aumento del Salario Mínimo a 1.100 euros netos mensuales, siguiendo los
criterios establecidos por la Carta Social Europea. Esta medida se aprobaría en
los primeros tres meses de legislatura.
- Establecimiento de un salario máximo, no superior a 5 veces el SMI que reivindicamos. En
ningún caso, los representantes políticos electos ganarán más de 3 veces el
SMI.
- Anticipación de la edad de jubilación a los 60 años en el plazo de un año, y a los 55 para
trabajos de naturaleza penosa.
- Derecho
real a la vivienda, mediante la detención de los desahucios para familias
en paro o que no puedan pagar la hipoteca de su vivienda por problemas
económicos, y la creación de un gran parque público de vivienda, de gestión
municipal, que incorpore las viviendas vacías de los bancos y la Sociedad de
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más
conocido como “Banco malo”.
- Sanidad y
Educación públicas universales, públicas, democráticas y gratuitas.
Supresión en el plazo de una legislatura, como máximo, de todos los conciertos
con empresas educativas y sanitarias privadas.
- Desarrollo de unos servicios sociales y de atención a la dependencia públicos,
universales y gratuitos, que garanticen una atención digna a todos los que lo
necesitan.
- Negativa
a aplicar las medidas de recorte que impone la Troika. Abogamos por una
nueva Unión de los pueblos que componen Europa.
- Derogación
de todas las contrarreformas laborales y de todas las leyes que permiten la
privatización de servicios públicos. Elaboración de un nuevo Estatuto de los
Trabajadores que garantice los derechos laborales y haga imposible la
precariedad laboral.
- Supresión
de las Empresas de Trabajo Temporal y que la gestión del desempleo se
realice exclusivamente a través de los servicios públicos de empleo.
3. LOS RECURSOS AL SERVICIO DE TODOS
- Que la
deuda la paguen quienes se han beneficiado de ella. Declaración inmediata
de una moratoria de un año en el
pago de las deudas a entidades financieras de todas las administraciones
públicas, la prioridad en el gasto público son las necesidades sociales. Realización
de una auditoría pública de la deuda
y establecimiento de una quita que
permita el desarrollo económico y social de la sociedad. Este proceso debe
hacerse bajo control social, como garantía de que se realiza en beneficio de la
mayoría de la sociedad.
- Para ello es imprescindible la nacionalización del sector bancario de
forma también inmediata, para convertirlo en un servicio público que gestione
los ahorros de la sociedad en interés de la mayoría y bajo un estricto control
democrático y con transparencia. Esta medida permitiría sanear la banca y
cortar la sangría que la deuda soberana está suponiendo para el erario público,
mediante las siguientes medidas:
- Entrada
en los consejos de administración de las entidades financieras de
representantes públicos con plenos derechos, que establecerían una gestión
social y democrática de los bancos. El respaldo público que los bancos reciben,
con todo tipo de ayudas, y la importancia vital que tiene para la economía y la
sociedad el sector bancario, justifican esa medida.
- Cancelación
de las deudas del Estado con los bancos.
- Tras una auditoría
pública de las entidades, las deudas pendientes se pagarían,en primer
lugar, a costa de los accionistas y deuda subordinada, y de los acreedores
privados y del Banco Central Europeo, con el establecimiento de una quita de al
menos el 40%. Dicha quita permitiría, además, cancelar parte de la deuda a las
familias y a las pequeñas y medianas empresas, vinculada al mantenimiento y a
la creación de empleo.
- Devolución
al sector público de todos los servicios públicos privatizados. Derogación
de la legislación que lo ha permitido y aprobación de un nuevo cuerpo legal que
garantice unos servicios públicos universales, gratuitos y de gestión 100%
pública. Todo esto en el plazo de 6 meses.
- Nacionalización
del resto de sectores estratégicos de la economía: las grandes compañías
energéticas, las de Telecomunicaciones, de Transporte, etcétera, y de los
grandes latifundios. Puesta en marcha de una planificación democrática de la economía, con un plan de desarrollo
integral de la misma que tenga como objetivo el pleno empleo, el desarrollo
humano y la preservación de los recursos naturales. El sector público se
convertirá en la columna vertebral de la economía, tirando de la pequeña y
mediana empresa.
- Reforma
fiscal basada en la fiscalidad directa y progresiva. La primera medida será
la prohibición de tener fondos en los paraísos fiscales.
4. DEMOCRACIA REAL PARA TODOS
- Supresión
de todas las leyes que limitan los derechos democráticos aprobadas por el
gobierno del PP: derecho al aborto, ley mordaza, etcétera.
-Cierre de
los Centros de Internamiento de Extranjeros. Ninguna persona es ilegal.
- La defensa del libre ejercicio de todos los
derechos democráticos debe ser una de las señas de identidad más palpable de un
gobierno de izquierdas. Ello exige, entre otras medidas, un enfoque radicalmente distinto del papel de
las fuerzas policiales que, en ningún caso, pueden estar concebidas y
organizadas para reprimir los derechos democráticos, sino para garantizar su
libre ejercicio. Por tanto se procederá de forma inmediata a:
- Depuración de responsabilidades por todas las
actuaciones de brutalidad policial que se han ejercido contra la ciudadanía en
el libre ejercicio de los derechos democráticos.
- Se procederá a disolver de forma inmediata
todas las unidades especiales, de “antidisturbios”, tanto de la Policía
Nacional como de la Guardia Civil y policías autonómicas.
- Depuración de todos los elementos fascistas y
de aquellos implicados en actos de violencia contra el ejercicio de derechos
democráticos.
- Prohibición de portar armas de fuego en las
manifestaciones y actos públicos y prohibición de las armas “disuasorias” que
actualmente utilizan, así como la obligación de llevar bien visible, en todo
momento, la identificación.
- Erradicación de la tortura y los malos tratos
y garantía para los detenidos que evite la posibilidad de estas prácticas
(cámaras de grabación, asistencia letrada obligatoria, habeas corpus…)
- Cierre de las academias de
enseñanza de cualquier cuerpo policial, integrándose su enseñanza en los
institutos, escuelas y universidades con
profesores civiles y formación democrática.
- Reconocimiento
del derecho de autodeterminación de los pueblos que componen el Estado
español, incluido el derecho a la independencia.
- Puesta en marcha de un proceso constituyente para debatir y aprobar una nueva
Constitución que recoja los derechos sociales y ponga la economía al servicio
de la mayoría. Abogamos por una República
Federal Democrática y Socialista, fundada en la unión voluntaria y
democrática de los pueblos. Dicha República garantizará unos derechos sociales
y democráticos mínimos en todo el Estado.
- Salida inmediata de la OTAN y cierre de las
bases militares de la OTAN en nuestro territorio.
- Revocación del concordato con el Vaticano.
5. NUESTRA PROPUESTA PARA LAS ELECCIONES
AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES:
EL PRIMER PASO PARA CAMBIAR
Las
elecciones locales y autonómicas precederán a las generales. Es la primera
vuelta, que debemos ganar, para empezar a cambiar la situación. Y, si se logra
la victoria, un gobierno municipal o autonómico de la izquierda debe poner
sobre la mesa medidas que acaben con la situación cada vez más desesperada que
sufren cientos de miles de familias trabajadoras: hay que garantizar pan,
techo, trabajo y derechos democráticos para todos. Todos los recursos y la
voluntad política, respaldados por la movilización, deben tener el objetivo de
garantizar a todos unas condiciones de vida dignas. Para ello los ayuntamientos
y comunidades deben renunciar a aplicar los recortes del gasto social que se le
exigen desde el Estado y la UE, poniéndose al frente de la movilización para
cambiar la sociedad. Así mismo, utilizarán todos los medios a su alcance para
contribuir a impedir las privatizaciones de servicios públicos en cualquier
terreno: Sanidad, Educación, servicios sociales, etcétera. De lo que hagan
estos gobiernos municipales y autonómicos en sus primeros meses de vida, puede
depender lo que pase cinco meses más tarde en los comicios generales.
IU no
respaldará ni participará en gobiernos municipales o autonómicos que apliquen
las políticas de recortes, en ninguna de sus versiones, y llama al resto de
fuerzas políticas, sindicales y sociales a unirse para hacer posible este
programa:
6. NADIE VA A PASAR HAMBRE
- De forma inmediata, ayuntamientos y comunidades
crearán una red de comedores sociales, a partir de los que tienen los colegios
públicos, que garantice la alimentación de todas aquellas familias que lo
necesiten, niños y adultos, durante todo el año.
- Ayuntamientos y comunidades instaurarán una
Renta Básica, que garantice a todos aquellos que hayan agotado sus prestaciones
por desempleo un ingreso equivalente al SMI, mientras no tengan un puesto de
trabajo.
7. NADIE SIN VIVIENDA
- Los gobiernos locales y autonómicos contarán
con las Plataforma de Afectados por las
Hipotecas, sindicatos y asociaciones de vecinos, para organizar todas las
tareas en relación con la vivienda.
- Los Ayuntamientos y las Comunidades tomarán medidas inmediatas para que nadie tenga que
dormir en la calle, arbitrando una red municipal de alojamientos para
personas sin hogar en condiciones dignas.
- Consistorios y Comunidades tienen la obligación
de velar porque todo el mundo tenga una vivienda digna, y en función de ese
objetivo tomará todas las medidas necesarias en los primeros seis meses de
gobierno, incluida la municipalización de las viviendas vacías en manos de
empresas privadas y bancos, para su conversión en parte del Parque Público de Vivienda Municipal. A
partir de ahí, se establecerá un plan de realojo para todas las familias sin
vivienda por carecer de renta suficiente, que accederían a ellas en régimen de
alquiler, con cuotas adaptadas a sus posibilidades económicas.
8. NADIE SIN TRABAJO DECENTE NI SERVICIOS PÚBLICOS DIGNOS
- Se
suprimirán todas las leyes autonómicas que han abierto la puerta a la
privatización de la sanidad y la educación. Para ello se cancelarán todos
los contratos con empresas privadas para la gestión de hospitales públicos o
cualquier otro servicio sanitario, que pasarán a ser de gestión pública
directa. Y se establecerá un plan para suprimir los conciertos con las empresas
privadas educativas en el plazo de una legislatura, para garantizar que todo el
dinero público va la educación pública y que se crean plazas públicas
suficientes.
- Se establecerá en el plazo de seis meses un proceso de oposiciones para ampliar las
plantillas autonómicas y municipales de forma acorde con los servicios
públicos y sociales que las administraciones públicas y autonómicas deben
prestar. De manera inmediata, se procederá a restaurar las plantillas a su nivel anterior a la crisis y a
sustituir a todos los trabajadores que se jubilen, sin amortizar las plazas.
- Se tomarán todas las medidas necesarias para que los servicios públicos sean de gestión
100% pública, estableciendo un procedimiento para una primera subrogación
de las plantillas de las empresas privadas que hoy las prestan, y para, en un
segundo paso, proceder a un proceso de oposiciones. Estas medidas permitirían
ahorrarnos la parte correspondiente al beneficio que hoy se llevan grandes
empresas privadas, garantizar unas condiciones laborales dignas y un servicio público
de calidad.
- Se pondrá en marcha en todas las localidades un
plan de dotaciones sociales y
rehabilitación de viviendas, con la participación democrática de los
vecinos y vecinas y sus organizaciones, para construir las dotaciones sociales
de toda índole que se necesiten y sus dotaciones tanto de material como de
personal.
- Para la construcción de dichas dotaciones, así
como la propia construcción de vivienda protegida y la rehabilitación, se
crearán Servicios municipales y
autonómicos de obras y servicios, encargados de ejecutarlas directamente
por el sector público.
- Se elaborará nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana que consideren el
suelo urbano un bien social, garantizando la atención de las necesidades
sociales, un desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente e
imposibilitando la actividad especulativa. Para ello se contará con la
participación democrática de todos. El suelo público existente de titularidad
municipal sólo será empleado, dentro del PGOU, para atender necesidades
sociales, tanto de vivienda protegida pública como de dotaciones sociales, y el
desarrollo económico. Se aprobarán nuevas leyes del suelo en cada comunidad,
que garanticen estos objetivos.
- Desarrollo del sistema de transporte público integrado, empezando por exigir la
recuperación de las plantillas y la frecuencia de los autobuses y trenes o
metro donde los hubiere. Reducción del coste del transporte. Todo ello
permitiría una drástica reducción del uso del coche privado, porque las
personas no podemos seguir soportando la contaminación y las emisiones a las
que está continuamente sometida.
- Desarrollo
de un sector público autonómico y municipal también en el terreno productivo,
a fin de que sea el sector público el que tire del conjunto de la economía. El
primer paso será dotarse de una autonómica-municipal para el desarrollo de las
instalaciones de energía solar en las ciudades, que abarcaría todos los tramos
del proceso, desde la producción a las instalaciones.
- En los casos en que las administraciones
autonómica y municipal tengan que contratar con empresas privadas, primará la
calidad de la prestación, las condiciones dignas de trabajo de sus plantillas y
las medioambientales, en los pliegos de
condiciones de los contratos.
9. NADIE SIN DERECHOS DEMOCRÁTICOS
- Todos los ciudadanos podrán participar de forma real y decisiva en
la elaboración de los presupuestos municipales y autonómicos, y la gestión
cotidiana.
- La primera medida será transferir competencias y recursos a los municipios. Eso implicaría
la derogación de la nueva ley de bases de régimen local. En el caso de las
grandes ciudades, los consistorios transferirán plenas competencias y recursos a
las Juntas municipales, convirtiéndolas de hecho en Ayuntamientos de distrito,
como primer paso hacia la descentralización del Ayuntamiento. El consistorio
defenderá que las Juntas sean reconocidas como verdaderos ayuntamientos de
distrito y elegidas directamente por sufragio universal.
- Igualdad
de derechos. Toda persona, sea cual sea su nacionalidad, su sexo o su edad,
tendrá acceso a todos los servicios
públicos autonómicos y municipales, así como a participar en igualdad de
condiciones que el resto de los ciudadanos.
10. NO AL PAGO DE LA DEUDA ILEGÍTIMA NI AL DESPILFARRO DE RECURSOS
- La financiación
de esta política, que ponga por delante los intereses de la mayoría, en lugar
del negocio de una minoría, depende de marcar otras prioridades en el
Ayuntamiento. El erario municipal y autonómico va a dejar de estar al servicio
de los bancos y grandes empresas, para pasar a estar al servicio de la mayoría
de la sociedad. Para ello es necesario:
- De forma inmediata, Ayuntamientos y Gobiernos
autonómicos declararán una moratoria por
un año en el pago de la deuda. A partir de ahí, se realizará un auditoría pública de la misma y se
procederá a establecer una quita con
los acreedores que garantice la viabilidad del empleo y las políticas sociales.
No se puede seguir pagando una deuda a costa de las condiciones de vida de la
mayoría. Esta medida no supondría no pagar la deuda, sino hacer que la paguen
quienes más tienen y no los más necesitados como ahora sucede.
- Es necesaria una reestructuración de los impuestos y tasas autonómicas y municipales
buscando una mayor progresividad y recaudación, para que realmente pague
más quien más tiene y menos quien menos tiene. Se realizará una auditoría de dichas administraciones para
saber cuál es su situación financiera real, con el objetivo de eliminar gastos
superfluos y suntuarios de cualquier índole, y priorizar el empleo y los
servicios públicos. En especial, los servicios sociales. Así mismo, se
realizará un inventario del Patrimonio para llevar a cabo una reordenación de
sedes y equipamientos públicos para eliminar el gasto en alquileres y lograr un
total aprovechamiento para servicios de carácter público.
- Se
eliminarán los privilegios asociados a los cargos públicos y se reducirá
todo lo posible el número de altos cargos. Ningún cargo político podrá recibir
una retribución neta superior a 3 veces el salario mínimo interprofesional.
- Gobiernos autonómicos y municipales destinarán
todos los recursos necesarios para investigar
y, en su caso, denunciar, todos
los casos de prevaricación, cohecho, enriquecimiento ilícito, abuso, tráfico de
influencias, etcétera. En definitiva, todos los casos de corrupción
empresarial, política, sindical y municipal que afecten directa o
indirectamente a las distintas administraciones, con el fin de que todo lo
sustraído a los ciudadanos les sea devuelto.
- Se exigirá al Estado la derogación de la nueva
ley de Bases de Régimen Local y el aumento de las transferencias a los ayuntamientos hasta alcanzar el 25% del gasto
público total, así como a las administraciones autonómicas un incremento de las transferencias que garantice el gasto social
en todos los terrenos. Así mismo, se reinstaurará el Impuesto de Patrimonio, se
modificará el de Donaciones y Sucesiones y se reimplantará el Impuesto de
Actividades Económicas con carácter general, eliminando la mayor parte de los
beneficios fiscales que hoy se aplican a ambos.
19 de
noviembre de 2014
[1]
http://www.foessa2014.es/informe/datos_detalle.php?id_dato=1
[2]http://www.expansion.com/2013/06/21/economia/1371802986.html?a=1f9647f73d935bacb30444d391441bd7&t=1413629327
[3] “La tasa de
beneficio, medida a través de la relación entre beneficio y el stock de capital
no residente de esas compañías [las corporaciones no financieras
estadounidenses], alcanzó su cota máxima en (15%) en 1966, cayendo después
hasta situarse por debajo del 10% en 1970 y siguiendo la tónica bajista hasta
registrar un 5% en 1980. De ese modo las expectativas empresariales se tornaron
pesimistas y afectaron directamente a las decisiones de inversión”. (La economía de Estados Unidos sometida al
dominio de las finanzas: vendrán tiempos peores, Enrique Palazuelos, del
libro “Economía política de la crisis”, varios autores)
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