Os aconsejo fervientemente su lectura, mucho más allá de esta introducción.
PREFACIO
La quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, suele marcar el arranque de la mayor debacle del sistema económico capitalista desde que disfruta de su posición hegemónica. El pánico se generalizó entre los inversores y los mercados de financiación a los que acudían los bancos para cubrir sus necesidades, colapsaron.
¿Cómo es posible
que una quiebra de un banco de negocios, aunque fuera de esa importancia,
arrastrara irremediablemente al sistema
financiero mundial? Y, sobre todo, ¿cómo es posible que “nadie” se diera cuenta de su debilidad?
Éric Toussaint desnuda en Bancocracia las
falacias que han apuntalado la deriva del capitalismo financiero a nivel
internacional. La pretendida
auto-regulación de los mercados financieros ha brillado por su ausencia y ha
generado burbujas especulativas que, como en el caso español, han concentrado
las inversiones de capital en sectores como el inmobiliario, las grandes
infraestructuras y la internacionalización de las grandes compañías, con una
deficiente asignación de recursos en otros ámbitos. La deriva de ese funcionamiento del sistema ha tenido como consecuencia
el excesivo e insostenible endeudamiento de los agentes económicos. La extrema
debilidad del sistema financiero ha quedado al descubierto en todo el proceso. Las
inyecciones de liquidez y de los recortes de tipos de interés de los bancos
centrales no consiguieron restablecer la situación y los gobiernos de los
países desarrollados decidieron intervenir para evitar el colapso de sus
sistemas financieros. En teoría se trataba de prevenir una retirada masiva del
ahorro de los ciudadanos depositado en las entidades bancarias, impidiendo que
las dificultades de liquidez afectaran a la solvencia del sistema, así como el
desbordamiento de la crisis financiera hacia la economía real. En la
práctica, lo que se ha llevado a cabo con esa excusa, es un descomunal plan de
salvamento de las entidades bancarias privadas con dinero público.
Todo lo anteriormente reseñado
configura un expolio de gravísimas consecuencias para la ciudadanía ya que,
paradójicamente,
se han comprometido enormes volúmenes de ayudas públicas al servicio de un
proceso de concentración y oligopolización del negocio bancario y no se han
resuelto los riesgos y amenazas que el sector supone para la sociedad. Es imprescindible que la sociedad sea
consciente de que la regulación, y sobre todo “esta regulación” no solucionará los problemas bancarios en el
futuro porque el verdadero problema es la insuficiente rentabilidad con
respecto al total de la inversión. Desengañemos a la gente: La banca está en
crisis no porque gane mucho sino precisamente porque no consigue obtener
beneficios suficientes. Por eso utilizan
el “efecto palanca” las entidades financieras. Buscan el endeudamiento para
conseguir con el volumen la rentabilidad que de otro modo sería insuficiente
para atraer la inversión. Por ello, los fondos propios (capital que ponen sus
accionistas) son muy bajos en relación a
los pasivos y deudas a los que tienen que hacer frente. De esa forma, incluso
si el beneficio es bajo calculado en porcentaje sobre los activos, puede dar
lugar a un rendimiento elevado en relación a los fondos propios si estos son
reducidos.
Y por eso,
el sistema financiero se apunta a la “lógica” de aprovecharse de la protección
pública. En
su último Informe sobre la estabilidad financiera mundial (Global Financial
Stability Report, o informe GFSR), el FMI muestra que los grandes bancos siguen
beneficiándose de subsidios públicos implícitos creados por la expectativa de
que el gobierno los respaldará si se encuentran en dificultades financieras. En
2012, el subsidio implícito proporcionado a los bancos de importancia sistémica
mundial representó hasta US$70.000 millones en Estados Unidos, y hasta
US$300.000 millones en la zona del euro, dependiendo de las estimaciones. El
respaldo estatal a los bancos durante la crisis ha adoptado diferentes formas,
desde garantías de préstamo y compras de activos hasta una inyección directa de
fondos públicos en los bancos. La expectativa de que contarán con este respaldo
les permite a los bancos obtener préstamos a tasas más baratas de lo que serían
si no existiera la posibilidad de conseguir dicho respaldo. Estos costos de
financiamiento más bajos representan un subsidio público implícito a los
grandes bancos.
Todo lo ocurrido obliga a una toma de
postura ante un debate prioritario y esencial: ¿debe ser pública o privada la
gestión del ahorro de la sociedad? Es fácil comprender que la sanidad, el agua
o la energía, entre otros sectores, no pueden dejarse en manos privadas porque
eso implica que su gestión no se guiará nunca por el interés general, sino por
el máximo beneficio privado. La experiencia nos ha enseñado que lo público
funciona mejor que lo privado, es mejor socialmente y, además, más barato.
Igualmente sucede con el sistema financiero, que es un servicio esencial para
la economía y la sociedad y que sigue sin funcionar por su estado cercano al
colapso. Esta crisis nos ha enseñado en nuestras propias carnes lo que supone
su gestión privada, un desastre social que está exigiendo enormes ayudas
públicas para evitar su quiebra. Un esfuerzo económico que está suponiendo
esquilmar el erario público y recortes sociales y laborales, pero que no
evitará nuevas crisis porque las ayudas están dirigidas a salvar a los bancos
privados y a “bancarizar” y transformar en entidades completamente privadas, a
las que antes eran semi-públicas, las cajas de ahorros. Desde ese punto de
vista, la propuesta de la banca pública
es crucial para que se pueda poner en marcha una política alternativa real. Lo
que entre todos sostenemos, propiedad de todos debe ser. Pero la titularidad
pública de las acciones de los bancos no es suficiente para que tengamos una
Banca Pública de verdad. ¿O acaso alguien ha notado que el 20% del sector
ha sido nacionalizado en el estado español? Para que eso ocurra, la gestión de
los ahorros de la sociedad depositados en las entidades bancarias debe estar
dirigida a la atención de las necesidades sociales, el desarrollo de unos
servicios públicos de calidad y suficientes, y la erradicación del desempleo.
Una banca pública fuerte permitiría impulsar otra política económica centrada
en la creación de una estructura económica sostenible a medio plazo, en vez de
colaborar en la generación de nuevas burbujas financieras.
El sistema bancario ha demostrado, no solo en esta última crisis, que la gestión en busca del “máximo interés privado” se acaba convirtiendo en el “máximo desastre social”. Es una evidencia que es incapaz de cumplir su función sin la inyección de ingentes cantidades de fondos públicos. Salvo en el caso de las honrosas excepciones de las iniciativas de banca ética o de algunas cooperativas de crédito que no han incurrido en actuaciones de idéntica gravedad, el sistema bancario en general, carece de capacidad para cumplir la función que la sociedad le asigna. El Estado en nuestro país, como en el resto, ha intervenido para paliar el colapso financiero y proteger los ahorros de la ciudadanía pero no lo ha hecho sirviendo a los intereses generales sino a los de las élites económicas que no quieren asumir las consecuencias de la quiebra económica del sector financiero.
La superación de la actual situación
de bloqueo requerirá inevitablemente la
nacionalización de la práctica totalidad del sector financiero por la
conversión de gran parte de las ayudas públicas ya desembolsadas en capital y
el radical saneamiento de las pérdidas ocultas en los balances. Para ello
habrá que establecer
un plan efectivo de saneamiento con
quitas a los tenedores de deuda establecida en instrumentos diferentes a los
depósitos. Sobre los pequeños ahorradores no cabe sanear las entidades pero
sí sobre los inversores en bonos y obligaciones que deberán asumir el quebranto
correspondiente. Solo con control público permanente
se podrá ejecutar la necesaria reducción y adecuación del sector bancario a un
modelo de negocio enfocado a la economía real y a la vertebración de tejido
productivo.
Cobra todo sentido que se reivindique la Banca Pública como instrumento que coadyuve a una salida diferente a la actual crisis. Pero además es fundamental para recuperar la función que el sistema financiero no debió nunca perder, esto es, la de canal de comunicación entre el capital y la inversión productiva. La banca privada ya ha demostrado sobradamente que, buscando altas tasas de rentabilidad superiores a las que podría proporcionar la inversión en la economía real, ha incurrido en riesgos desmesurados que han causado los perversos efectos que la sociedad está sufriendo. Por ello, la Banca Pública no debe ser únicamente un medio legítimo que permita la apropiación de los beneficios por parte de la ciudadanía a través del Estado sino que debe ser parte de una estrategia más amplia que permita que aquella recupere el poder económico y democrático.
La puesta en marcha del conjunto de las propuestas planteadas en este libro no son utopías inalcanzables sino metas realizables de manera inmediata. Ahora bien, la actuación no puede circunscribirse únicamente a España. Es imprescindible reivindicar la extensión de estas medidas al conjunto de la Unión Europea. Con el actual nivel de desarrollo e integración económica de los países de la Unión, una solución definitiva y permanente sólo puede darse a escala europea. Los recortes sociales y laborales, y el saneamiento del sector financiero a costa del erario público son fenómenos que afectan a todos los países europeos. La quiebra financiera no es patrimonio exclusivo del sistema bancario español. Todo el sistema europeo está en situación de insolvencia y está siendo sostenido por el apoyo público. Es necesario que se nacionalice el sector financiero continental para proteger los ahorros de la ciudadanía. O eso o tendremos que enfrentarnos a una quiebra de las finanzas públicas arrastradas de forma directa o indirecta por el sector financiero. Sólo después de la nacionalización será posible realizar una auditoría fiable de sus cuentas, sanear las entidades y poner garantizar que los ahorros de la sociedad europea se utilizan en beneficio de la mayoría. El Banco Central Europeo debe cambiar sus estatutos convirtiéndose en un verdadero Banco Central al servicio del bienestar del conjunto de la ciudadanía y bajo control democrático de ésta. A partir de ahí, debe ponerse en marcha un plan de desarrollo europeo basado en la nacionalización de las grandes multinacionales. Una banca pública europea y una amplio sector público europeo posibilitarían un desarrollo integral y planificado de los recursos económicos y su control democrático, dando prioridad la satisfacción de las necesidades sociales y no la explotación de los trabajadores, una utilización racional de los recursos naturales y no su expolio, y la cooperación entre países que permita un desarrollo integral de todos, en lugar de la competencia en beneficio de los más poderosos. Son las respectivas clases dominantes de cada país las que nos están imponiendo medidas de ajuste, a sus trabajadores y a los de los demás países, en su propio beneficio y son ellas las que están alimentando la posibilidad de nuevos enfrentamientos entre las naciones.
Una
Unión Europea realmente democrática, con unos pueblos dueños de sus propios
recursos y de su moneda común, sería una fuerza imparable, que podría abrir la
puerta a unas relaciones de cooperación real entre los pueblos en beneficio
mutuo, en lugar de la competencia por el máximo beneficio privado.
Sí
ha habido economistas que denunciaron las inconsistencias del sistema y
alertaron de la suicida política de desregulación financiera pero sus
diagnósticos no interesaron nunca a las élites ocupadas en pasar de un lado a
otro de la puerta giratoria. Para los que “hoy
gobiernan y regulan y mañana participan del consejo de administración de una
entidad bancaria” no hay alternativa a las medidas adoptadas. Sin embargo,
es perfectamente posible erradicar la “Bancocracia”
y en este libro pueden encontrar los lectores que no hay verdaderos obstáculos
técnicos para poner la economía al servicio de la gente. Solo es cuestión de
voluntad política.
Carlos Sánchez Mato,
1 de noviembre de 2014
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