Carlos Sánchez Mato
En la
madrugada del sábado los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea acordaron proporcionar un préstamo de 10 mil millones de euros a
Chipre para que el país rescate a su sistema bancario. A cambio, se obliga a
este gobierno conservador a establecer un impuesto del 6,75% sobre los depósitos de
hasta 100.000 euros y del 9,9% en los depósitos por encima de esa cantidad. Con esta medida, el estado
chipriota recaudará 5.800 millones de euros. Para evitar la huida masiva de los
depositantes, las entidades han retenido ya esa cantidad, y se han limitado las
transferencias para impedir una retirada masiva de fondos.
En definitiva, el
corralito en plena Unión Europea.
El camino que se ha iniciado en Chipre no tiene vuelta
atrás. Se ha cruzado una línea que era el único obstáculo que impedía en estos
últimos años la quiebra del sistema bancario de la mayoría de los países
europeos.
Según se
han apresurado a declarar fuentes del Ministerio de Economía, el rescate que la Unión Europea ha realizado a Chipre y que incorpora por primera vez la realización de quitas a los ahorradores
“no es extrapolable a ningún otro país”.
El argumento es que Chipre tiene un sector bancario sobredimensionado,
una situación muy compleja y una profunda crisis inmobiliaria. La verdad es que
no parecen argumentos muy tranquilizadores para los depositantes españoles…
Y no lo son porque el sistema bancario estaba y está en
quiebra. El único motivo por el que los ciudadanos españoles no retiran de
forma masiva sus ahorros de las insolventes entidades bancarias es la confianza
en que el Estado protege sus depósitos hasta un importe de 100 mil euros por
titular. Saben que el Fondo de Garantía de Depósitos no dispone de patrimonio
para responder ni a la quiebra de una pequeña entidad como el Banco de Valencia
por lo que su utilidad en caso de una crisis global como la actual es nula.
Si el Gobierno
español adoptara una decisión similar, se recaudarían más de 148 mil millones
de euros según las estimaciones que podemos realizar con los datos de depósitos
de las entidades bancarias publicados en junio de 2012. De esa cantidad, más de
53 mil millones de euros corresponderían a los titulares de depósitos de
importe inferior a los 100 mil euros. Desde el miope punto de vista del
Gobierno puede ser muy tentador “meter la mano” en los ahorros de la ciudadanía
para recapitalizar a bancos y cajas de ahorros. Sin embargo, esa actuación no
conseguiría en ningún caso el objetivo perseguido. Los depósitos de la
clientela suponen aproximadamente el 44% de la financiación de los activos del
sistema bancario español. Con toda seguridad se produciría una contracción
brutal de la confianza en la seguridad de los particulares y el efecto sería
demoledor para las entidades.
Hasta ahora, mi opinión había sido que las élites en el
poder no se atreverían a resolver la falta de capital de las entidades
financieras expoliando a los depositantes por la enorme repercusión política que
esas medidas supondrían. Sin embargo, no contaba con la torpeza de los reunidos
esta semana en Bruselas. Solamente una
nacionalización inmediata y permanente de todo el sector bancario puede salvar
los ahorros de los europeos pero no parece que esto forme parte de la agenda de
la Comisión Europea.
El plan diseñado para Chipre es una experiencia piloto y
las consecuencias de esa actuación serán analizadas con todo detalle por los
jefes de Estado y de Gobierno de los países pertenecientes a la Unión Europea. Si logran atajar las consecuencias
de esta decisión, es decir, si no se produce una huida desesperada de los
depositantes (no solamente de los chipriotas) y una protesta social equivalente
a la magnitud de la tropelía, actuarán de igual forma en la siguiente fase del
rescate bancario que tendrá lugar en los próximos años en los países del Sur de
Europa.
La parte positiva es
que, por fin, se producirá el estallido social.
