Cambio de sistema

Cambio de sistema

jueves, 23 de mayo de 2013

La Unión Europea, más allá de una moneda

Alberto Arregui
Jordi Escuer
Carlos Sánchez Mato


¡Europa! para más de una generación de la clase trabajadora en el Estado
español, la palabra Europa, asociaba a su sonido ideas de progreso, de
empleo, mejores condiciones de vida y libertades democráticas. Era lógico,
mientras "el milagro alemán" se desarrollaba de la mano del plan Marshall,
aquí sufríamos una cruel dictadura, al igual que en Grecia y Portugal.
Largos trenes y pasos de fronteras han sido testigos de la emigración
económica y el exilio político que daba una base material y psicológica al
sueño del europeísmo.
Y nos ofrecieron esa Europa, superadora de dos "guerras mundiales",
vendiéndonosla con la envoltura de un proyecto de libertad, igualdad y
fraternidad, un regalo envenenado, el de una Europa por y para los
mercaderes.
Tan simplista era entonces hacer depender todo progreso económico y social
de nuestra entrada en el Mercado Común Europeo, como hoy presentar a
Bruselas como el origen de todos nuestros males. Recordando a Spinoza, ante
estos trastornos debemos inclinarnos a reflexionar con mayor atención y no
caer en simples celebraciones o lamentaciones .
Si queremos llegar a una comprensión de los problemas que azotan al viejo
continente y elaborar alternativas, tendremos que desprendernos de la
propaganda para incautos y saber que, los llamamientos huecos a intereses
humanistas y la solidaridad entre los pueblos, saliendo de las bocas de los
grandes propietarios europeos, son como un lazo de raso en la cola de una
hiena en pleno banquete. E imitando al detective deberemos decir: "Cherchez
le bénéfice". Ya que todo el comportamiento de la burguesía europea y, por
tanto, de los gobiernos a su servicio, nos conducirán a una sola motivación:
la búsqueda del beneficio privado.
¡He ahí el motor del mundo: el beneficio económico! No iba a ser menos la
Unión Europea que, promovida por intereses empresariales, adoptó en sus
inicios un nombre que desnudaba sus intenciones: La Comunidad del Carbón y
del Acero, negros e inoxidables "valores democráticos".
Europa, como proyecto capitalista, y el euro, como expresión de este
proyecto exigen hoy análisis y posicionamiento para la izquierda
transformadora, pero si algo podemos afirmar aún sabiendo que la
demostración tendrá que venir después, es que el problema de Europa va mucho
más allá de una moneda.
La unidad de los países y pueblos que componen Europa para la planificación
conjunta de sus recursos económicos no es una opción ES UNA NECESIDAD. Por
tanto indicar el camino de la autarquía como opción es intentar hacer volver
atrás la rueda de la historia.
Como intentaremos demostrar el euro, desde luego, no es el óbolo que llevará
a la clase obrera a cruzar la oscura laguna de la crisis económica, pero
Caronte tampoco nos prestará sus favores a cambio de una peseta.

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sábado, 18 de mayo de 2013

¡¡ Es la deuda, estúpidos !!



Carlos Sánchez Mato
 
“¡Es la economía, estúpido!" fue la muy célebre frase de James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton en la exitosa campaña que en 1992 le llevó a la Casa Blanca, descolocando a su contrincante republicano, George Bush, padre, que prefirió dedicarse a glosar sus “éxitos” en la política exterior.
Se merece sobradamente una expresión similar nuestro Gobierno cuando utiliza trucos propios de trileros  para escamotear de la actualidad el grave problema de sobreendeudamiento que aqueja al país.
La comparación entre la variación media anual de la deuda y el crecimiento del Producto Interior Bruto refleja el agotamiento extremo al que ha llegado la economía española y la ineficiencia de la deuda contraída. Entre 2000 y 2012, la riqueza medida en términos de PIB se ha incrementado anualmente el 5,55% mientras que la deuda lo ha hecho el 16,45% en cada ejercicio. O dicho de otro modo, cada euro de crecimiento del PIB ha precisado de 2,96 euros de incremento de deuda de promedio. Independientemente de la necesidad de realizar análisis de sostenibilidad más detallados,  parece incuestionable la progresiva divergencia entre el crecimiento disparatado de los niveles de deuda y el de la economía real. Dicho de otro modo, el modelo de crecimiento del estado español sería similar al de un trabajador que gastase en desplazamientos el triple del salario percibido por su desempeño laboral.
Si considerásemos sostenible un crecimiento de la deuda en los mismos términos que el de la riqueza en términos de PIB, llegaríamos a la indudable conclusión de que la economía española sufre de un sobreendeudamiento superior a los 2,2 billones de euros (un 44% de los pasivos en circulación existente a finales de 2012). Es un grave problema porque ha destinado una ingente cantidad de recursos económicos que provienen de préstamos a infraestructuras, inmuebles u otras inversiones que no proporcionan la rentabilidad suficiente como para devolver los créditos contraídos.

Es necesario destacar que el sobreendeudamiento es fundamentalmente de origen privado y no público. No hay más que ver el desaforado crecimiento del endeudamiento privado en lo ocho años previos al estallido de la crisis que solamente después de 2007 es continuado por el incremento de deuda de las Administraciones Públicas.  Es este crecimiento de la deuda pública el que se ha convertido para gran parte de la opinión pública en la causa y no en la consecuencia de la crisis. De hecho, mientras todos los focos estaban puestos en el cumplimiento del déficit público y el Gobierno español se mostraba orgulloso de haber tenido solamente 73 mil millones de euros de agujero, la deuda de las Administraciones Públicas creció en 2012 más de 236 mil millones de euros de forma directa y 75 mil millones de euros en avales con respecto a 2011.

El proceso de “socialización” de las pérdidas y de rescatar a las instituciones financieras no será gratuito para la ciudadanía. Supondrá lastrar a las Administraciones Públicas con descomunales compromisos financieros para el futuro que conllevarán recortes de las prestaciones públicas debido a la incapacidad económica de proveerlas. 

Técnicamente, “España S.A” está en quiebra aunque el Gobierno y los medios de comunicación lo oculten y prefieran centrarse en la bajada de la prima de riesgo para defender la mejora de la situación. Aunque el Banco Central Europeo rebaje al mínimo los tipos de interés, esa medida de política monetaria no tendrá más que efectos paliativos y nunca curativos para la enfermedad.
En términos globales la deuda (privada y pública) no podrá ser devuelta. O la sociedad presiona para que el debate sobre la reestructuración y las consiguientes quitas tengan en cuenta los intereses generales o, una vez más, las élites financieras y políticas volverán a hacer recaer sobre el conjunto de la clase trabajadora un nuevo fracaso del sistema capitalista.  


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viernes, 17 de mayo de 2013

Caso Bankia: Crisis bancaria y responsabilidades políticas

ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA CONTRAPODER
CONVOCA UN DEBATE SOBRE EL CASO BANKIA

-Jose Antonio Moral Santín, ex-consejero de la entidad y profesor de la facultad.
-Carlos Sánchez Mato, economista y miembro de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorros.
-Israel Álvarez Calzada, abogado y ex-trabajador de Bancaja y Bankia.
Día: jueves 16 de mayo
Hora: 13:00
Lugar: Salón de actos polivalente de la Facultad de Cc. Políticas y Sociología de la UCM

Este jueves en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología vamos a tener un intenso debate sobre el caso Bankia, la crisis bancaria y sus responsables políticos con un ex-consejero de la entidad, Jose Antonio Moral Santín. Para dilucidar los hechos que se han producido en la entidad y presentar las diferentes perspectivas nos acompañan en la mesa Carlos Sanchez Mato (economista y miembro de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro) e Israel Alvarez Calzada (Abogado y ex-trabajador de Bancaja y Bankia).
Desde la AU Contrapoder entendemos que uno de los problemas fundamentales a los que se está enfrentando la ciudadanía ante este régimen de estafa generalizada ha sido el bloqueo continuo de la posibilidad de exigir responsabilidades. El régimen ha sabido construir un aura de silencio ante las responsabilidades que solo han sido invocadas cuando se ha querido culpar al conjunto de la ciudadanía, pero nunca a las élites corruptas. En este sentido hace unos meses decidimos hacer un escrache al profesor de nuestra facultad y ex-consejero de Bankia Jose Antonio Moral Santín. Tras los acontecimientos, y el evidente revuelo y posiciones enfrentadas, se fue conformando la idea entre ambas partes de la necesidad de hacer un acto público para poner a debate tanto las responsabilidades concretas del ex-consejero como en general la gestión de quienes ostentaban en ese momento puesto de responsabilidad en las diferentes entidades bancarias y los procesos de desposesión de la riqueza colectiva que se pusieron en marcha y que aún pesan en nuestras cabezas.
El caso Bankia y sus gestores directos a debate en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.

miércoles, 17 de abril de 2013

Control y transparencia de las entidades bancarias nacionalizadas

PLATAFORMA POR LA NACIONALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO Y POR UNA BANCA PÚBLICA

Recientemente se ha conocido el enfrentamiento entre el Ministerio de Economía y el Banco de España acerca de la solución a la problemática de las entidades nacionalizadas, cuyo balance global a 30 de noviembre de 2012 alcanzaba los 415.000 millones de euros. Desde el ministerio que preside Luis de Guindos se pretende coordinar la gestión de las mismas para mejorar su eficiencia, si bien el fin último es obtener un precio más elevado cuando llegue el momento de privatizarlas. Por su parte, el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, niega que la posibilidad de una intervención pública permanente de la gestión de las entidades sea la mejor forma de alinear su operativa con los intereses sociales.
En opinión de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorro y por la Banca Pública, el espectáculo que Gobierno y Banco de España están ofreciendo es lamentable. El ministro de Economía y Competitividad está reconociendo la existencia de una banca pública pero no actúa con presteza para dotarla de un plan creíble y adecuado a las necesidades de la sociedad. Entretanto, el funcionamiento de las entidades nacionalizadas no solo no es el que se puede esperar de una institución de este tipo, sino que, por el contrario, es el más alejado posible a un modelo que se alinee con los intereses sociales. Solo hay ver cómo se enfrentan los gestores de las entidades nacionalizadas al escándalo de las participaciones preferentes, los desahucios y las reducciones de plantilla.
Desde la Plataforma seguimos exigiendo una banca pública, construida a partir de las Cajas de Ahorro nacionalizadas, que atienda a los intereses de la mayoría de la ciudadanía y la conversión de todas las ayudas públicas otorgadas en acciones en poder del Estado.
Pero mientras ese objetivo fundamental se alcanza, hay un problema acuciante: que los ciudadanos puedan controlar esta macro entidad que se está gestando para evitar que se reproduzcan, en cuanto las circunstancias económicas mínimamente lo permitan, los mismos comportamientos que en parte han llevado a la quiebra a las entidades nacionalizadas. Nos referimos a la financiación de macro proyectos no rentables y a los apoyos crediticios a amigos y correligionarios. Esto solo puede evitarse con transparencia pública de la gestión, publicando los estados financieros auditados de las entidades nacionalizadas. Sin embargo, a excepción del Banco Financiero y de Ahorros, el resto de entidades bajo control público no ha hecho públicos sus balances correspondientes al pasado ejercicio. Tampoco han publicado sus estados financieros de 2012 el Fondo de Garantía de Depósitos y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria lo que contribuye a la opacidad en un momento clave en el proceso de reestructuración del sector. El retraso a la hora de la presentación de cuentas impide el imprescindible control de la actuación de los gestores de estas entidades por parte del Parlamento.
La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso debe recibir periódicamente y por escrito información suficiente sobre la gestión de las entidades nacionalizadas y examinarla con la asistencia de cuantos expertos en la materia precisen, de manera que no sean meros espectadores de las manifestaciones de los comparecientes como viene ocurriendo hasta ahora.
El Parlamento no puede seguir sin realizar un adecuado control efectivo de la gestión de las entidades nacionalizadas. La transparencia es el único camino para evitar que sea señalado por la ciudadanía por prácticas no ajustadas a la ley. Acometer esta tarea es una tarea prioritaria para recuperar la confianza en las instituciones.

domingo, 24 de marzo de 2013

Las ayudas públicas al sector bancario (Diciembre 2012)

Carlos Sánchez Mato


El proceso de reestructuración del sector bancario español cumple ya cinco
largos años. La estrategia de los Gobiernos (de dos partidos distintos) ha
tenido vergonzosas similitudes que han calado en gran parte de la población
informada de manera casi exclusiva por los medios de comunicación de masas.
El mensaje que se ha ido transmitiendo en cada uno de los hitos por los que
ha pasado el salvamento de las entidades financieras es que el problema está
limitado a una pequeña parte del sector y a una porción de los préstamos. En
ningún caso, han declarado a todo aquel que les ha querido escuchar, se
trata de problemas de solvencia. Las turbulencias pasarán y el crédito
volverá. La buena gestión que han demostrado las entidades bancarias de
mayor tamaño y con una sólida implantación internacional cimentará la
próxima y cercana recuperación económica. Para hacer frente a las
necesidades de las pocas entidades (cajas de ahorros) gestionadas por el
sector público, hemos tenido que hacer algunos sacrificios pero el quebranto
ya está solucionado con un préstamo en ventajosas condiciones que nos ha
concedido el Mecanismo Europeo de Estabilidad y que ha sido un 60% inferior
a los 100 mil millones de euros que nuestros socios europeos habían puesto a
nuestra disposición. Por supuesto, los ahorros de los ciudadanos están
plenamente garantizados.
La explicación es radicalmente falsa y hoy la población lo intuye. La falaz
historia ha ido acompañada de una necesaria e imprescindible desinformación:
En ningún organismo público se informa de manera completa de las ayudas
públicas puestas a disposición de las entidades bancarias.
¿Por qué motivo?
Realmente es muy sencillo de comprender. Sería difícil de sostener por parte
de las élites políticas y económicas que el rescate del sistema financiero
ha precisado de 1,42 billones de euros de ayudas públicas hasta diciembre de
2012 y además que ese rescate ha sido insuficiente porque solamente una
pequeña parte de esas ayudas lo han sido en forma de capital (87.357
millones de euros) mientras que el resto (1,33 billones de euros) son
medidas para paliar su falta de liquidez como préstamos, adquisición de
activos, garantías y avales. Estos mecanismos no solucionarán sus problemas
de solvencia.
Esta aberrante actuación de los responsables de velar por el interés general
provocarán, con toda seguridad, una quiebra de las finanzas públicas
arrastradas de forma directa o indirecta por el sector financiero.

En el siguiente informe se pueden visualizar las ayudas públicas destinadas
a sostener al insolvente sistema financiero español, siempre tomadas de
fuentes oficiales.

https://www.dropbox.com/s/2nw7o9viwialq01/Ayudas%20p%C3%BAblicas%20sector%20financiero%20espa%C3%B1ol%20Diciembre%202012.pdf 

sábado, 16 de marzo de 2013

¿ESPAÑA NO ES CHIPRE?




Carlos Sánchez Mato

En la madrugada del sábado los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea acordaron proporcionar un préstamo de 10 mil millones de euros a Chipre para que el país rescate a su sistema bancario. A cambio, se obliga a este gobierno conservador a establecer un impuesto del 6,75% sobre los depósitos de hasta 100.000 euros y del 9,9% en los depósitos por encima de esa cantidad. Con esta medida, el estado chipriota recaudará 5.800 millones de euros. Para evitar la huida masiva de los depositantes, las entidades han retenido ya esa cantidad, y se han limitado las transferencias para impedir una retirada masiva de fondos.
En definitiva, el corralito en plena Unión Europea. 
El camino que se ha iniciado en Chipre no tiene vuelta atrás. Se ha cruzado una línea que era el único obstáculo que impedía en estos últimos años la quiebra del sistema bancario de la mayoría de los países europeos.

Según se han apresurado a declarar fuentes del Ministerio de Economía, el rescate que la Unión Europea ha realizado a Chipre y que incorpora por primera vez la realización de quitas a los ahorradores “no es extrapolable a ningún otro país”.  El argumento es que Chipre tiene un sector bancario sobredimensionado, una situación muy compleja y una profunda crisis inmobiliaria. La verdad es que no parecen argumentos muy tranquilizadores para los depositantes españoles…

Y no lo son porque el sistema bancario estaba y está en quiebra. El único motivo por el que los ciudadanos españoles no retiran de forma masiva sus ahorros de las insolventes entidades bancarias es la confianza en que el Estado protege sus depósitos hasta un importe de 100 mil euros por titular. Saben que el Fondo de Garantía de Depósitos no dispone de patrimonio para responder ni a la quiebra de una pequeña entidad como el Banco de Valencia por lo que su utilidad en caso de una crisis global como la actual es nula.

Si el Gobierno español adoptara una decisión similar, se recaudarían más de 148 mil millones de euros según las estimaciones que podemos realizar con los datos de depósitos de las entidades bancarias publicados en junio de 2012. De esa cantidad, más de 53 mil millones de euros corresponderían a los titulares de depósitos de importe inferior a los 100 mil euros. Desde el miope punto de vista del Gobierno puede ser muy tentador “meter la mano” en los ahorros de la ciudadanía para recapitalizar a bancos y cajas de ahorros. Sin embargo, esa actuación no conseguiría en ningún caso el objetivo perseguido. Los depósitos de la clientela suponen aproximadamente el 44% de la financiación de los activos del sistema bancario español. Con toda seguridad se produciría una contracción brutal de la confianza en la seguridad de los particulares y el efecto sería demoledor para las entidades.

Hasta ahora, mi opinión había sido que las élites en el poder no se atreverían a resolver la falta de capital de las entidades financieras expoliando a los depositantes por la enorme repercusión política que esas medidas supondrían. Sin embargo, no contaba con la torpeza de los reunidos esta semana en Bruselas. Solamente una nacionalización inmediata y permanente de todo el sector bancario puede salvar los ahorros de los europeos pero no parece que esto forme parte de la agenda de la Comisión Europea.

El plan diseñado para Chipre es una experiencia piloto y las consecuencias de esa actuación serán analizadas con todo detalle por los jefes de Estado y de Gobierno de los países pertenecientes a la Unión Europea. Si logran atajar las consecuencias de esta decisión, es decir, si no se produce una huida desesperada de los depositantes (no solamente de los chipriotas) y una protesta social equivalente a la magnitud de la tropelía, actuarán de igual forma en la siguiente fase del rescate bancario que tendrá lugar en los próximos años en los países del Sur de Europa.

La parte positiva es que, por fin, se producirá el estallido social.

viernes, 15 de marzo de 2013

BFA-BANKIA NUEVAS NECESIDADES DE CAPITAL PARA UN POZO SIN FONDO



Carlos Sánchez Mato



El Banco Financiero y de Ahorros (matriz de Bankia) ha presentado recientemente los resultados correspondientes al ejercicio 2012. Después de un convulso año en el que se produjo la forzada dimisión del anterior presidente Rodrigo Rato y la llegada a la dirección de José Ignacio Goirigolzarri, la entidad se vio obligada a pedir la urgente necesidad de capitalización pública para evitar el estallido.  

Más de 22 mil millones de euros de dinero público han sido inyectados en la entidad en forma de capital pero no ha sido esa la única ayuda estatal que ha recibido BFA-Bankia. Además de lo anteriormente reseñado, BFA-Bankia ha utilizado más de 120 mil millones de euros de recursos públicos para su financiación como única forma de mantener la operativa diaria de la entidad.  La entidad tenía a finales de 2012 más de 74 mil millones de euros en préstamos del Banco Central Europeo, ha recibido más de 19 mil millones de euros en avales para sus emisiones de deuda y ha traspasado más de 22 mil millones de euros en activos al SAREB a cambio de bonos de dicha entidad con el aval del Estado. Con carácter previo, BFA-Bankia fue una de las entidades bancarias españolas que enajenó títulos de deuda no líquidos al Fondo de Adquisición de Activos Financieros. Este organismo de carácter público proporcionó liquidez a las necesitadas entidades ante su imposibilidad de obtenerla por otros medios.

En total, BFA-Bankia ha recibido la descomunal cifra de más de 142 mil millones de euros de ayudas públicas en el período 2009-2012 entre medidas de capitalización (15,73%) y medidas de financiación (84,27%).  Y eso es solamente la cuarta parte de los fondos públicos destinados a sostener el sector bancario de nuestro país.

Después de esta mastodóntica inversión de dinero de los contribuyentes, el actual presidente de la entidad, el Ministerio de Economía y el Banco de España han lanzado un mensaje triunfalista en el que se indica que la entidad tiene un balance saneado. Cualquier observador podría decir que la presunción era innecesaria después de “disparar con pólvora del rey”  pero, desgraciadamente para el erario público, el análisis de los estados financieros publicados revela las graves carencias de capitalización que sigue sufriendo la entidad.  Las estrategias de maquillaje no desaparecieron con el anterior equipo directivo y el actual consejo de administración se ha afanado en activar más de 9 mil millones de euros en créditos fiscales que solamente sus nietos podrán hacer líquidos y en ocultar los activos ponderados por riesgo sobre los que se calculan los requerimientos de capital.

Si se realizan los ajustes al patrimonio neto que suponen los activos fiscales de imposible recuperación y la elevación de los activos ponderados por riesgo a efectos del cálculo de capital necesario, el déficit de capital ascendería en la actualidad a más de 16 mil millones de euros.  

Nuevas necesidades para un pozo que no parece tener fondo.