Carlos Sánchez Mato
El ministro de Economía del Estado
español, Luis de Guindos, ha sostenido en numerosas declaraciones realizadas de
manera previa a la cumbre del ECOFIN que los depósitos de particulares y pequeñas
y medianas empresas superiores a
100.000 euros estaban garantizados hasta este momento y estarán
"absolutamente protegidos" en caso de quiebra de una
entidad en la nueva directiva sobre
resolución de crisis bancarias. Los depósitos de menos de
100.000 euros, ha subrayado Guindos, son "sacrosantos",
y "los de más 100.000 euros en manos de pymes y también detentados por
particulares también están absolutamente protegidos". "Eso nadie lo
cuestiona", ha asegurado.
La nueva
directiva desarrolla el esquema que adoptarán los rescates de los bancos a
partir de 2018, siempre y cuando esta hoja de ruta sea consensuada con el
Parlamento Europeo al que todavía no ha llegado la discusión. El objetivo declarado por los ministros de Economía de
los países de la Unión Europea es que la apelación a los fondos públicos para
salvamentos futuros sea el último de los recursos utilizados. Por un lado se pretende minimizar el quebranto para las arcas públicas
de los diferentes Estados y del conjunto de la Unión Europea han tenido los rescates bancarios
y por otro lado se busca evitar la huida masiva de ahorradores blindando sus
depósitos de posibles quitas si se producen más debacles de entidades
financieras. La protección a
los depositantes sigue estando encomendada a los Fondos de Garantía de
Depósitos establecidos en cada uno de los Estados de la Unión
Europea. Además se establece una
serie de inversores privilegiados que quedan excluidos de toda quita (bonos
garantizados como cédulas hipotecarias, deudas con empleados en concepto de salarios
y pensiones, deudas comerciales de bienes y servicios críticos para el funcionamiento
de la institución, deudas con sistemas de pagos con vencimiento inferior a
siete días y deudas del mercado interbancario con vencimiento inicial inferior
a siete días).
Una vez más, los dirigentes
políticos europeos no han abordado el corazón del problema. Las entidades
bancarias están muy poco capitalizadas, es decir, su financiación está basada
básicamente en recursos de terceros y no de sus accionistas y esta financiación
tiene unos costes reducidos para las mismas porque existe la confianza por
parte de depositantes e inversores de que los Estados impedirán la quiebra de
las entidades bancarias cuando sufran problemas graves como los actuales.
Sin embargo, la directiva aprobada vuelve a incurrir
en los mismos errores que anteriormente han tenido los sistemas de supervisión
y aseguramiento de cada uno de los Estados de la Unión
Europea. En primer lugar no
contempla una adecuada dotación de fondos que garantice los depósitos que la
normativa dice asegurar. En segundo lugar, se contempla que en circunstancias excepcionales se puedan autorizar el
uso de fondos públicos nacionales y del MEDE antes de que todos los acreedores
pierdan por completo su inversión, mediante un préstamo al
Estado que computaría como deuda pública. Es decir, lo que ocurre ahora.
Los mecanismos establecidos en la nueva normativa europea serán, por
tanto, más de lo mismo. Se establecen unas excepciones a la hora de sufrir
futuras quitas pero sin que se doten a los organismos correspondientes de
fondos para poder hacer frente a los compromisos derivados de las declaraciones
políticas.
El ejemplo más claro de lo anterior es lo que ocurre con la protección
de los depositantes en cada uno de los países. El Fondo de Garantía de
Depósitos de entidades de crédito de España está en quiebra. A pesar de las
grandilocuentes declaraciones del señor De Guindos, el organismo que protege
los ahorros de la ciudadanía tiene patrimonio neto negativo según las cuentas presentadas
correspondientes a 2012 (-1.247 millones de euros). La situación sería mucho
peor todavía si no hubieran usado trucos contables de dudosa legalidad para
reducir el agujero y reflejara en sus estados financieros la totalidad de los
compromisos que ha adquirido. El Fondo de Garantía de Depósitos es incapaz de atender las
obligaciones a las que ya se ha comprometido y, por supuesto, no tendría
posibilidad alguna de responder ante la insolvencia de cualquier entidad, incluso
de pequeño tamaño, para atender el pago de los depósitos de los ahorradores.
En esta situación se aprecia de forma clara que es el Estado el que está
garantizando de forma directa los 795.135 millones de euros que los ahorradores
tienen (con el actual límite de 100 mil euros por titular) y solamente el
afianzamiento que éste proporciona a las entidades bancarias permite que se
financien en condiciones económicas ventajosas. En definitiva, las entidades
bancarias privadas se aprovechan de un mastodóntico aval del Estado que no retribuyen
para hacer negocio a favor de sus accionistas.
¿O es que alguien dejaría sus ahorros en las entidades bancarias a
cambio de una reducida retribución si no estuviera detrás de las entidades
bancarias el Estado?.
Nada en la nueva directiva europea da seguridad adicional a los
depositantes ni establece medios suficientes para evitar quebrantos a los
mismos salvo una declaración de intenciones que no está acompañada de una
adecuada dotación de recursos financieros que la haga creíble.
