Carlos Sánchez Mato Se acaba de conocer que el FROB ha vendido EVO (filial de NovaGalicia Banco) a un fondo de inversión estadounidense por 60 millones de euros. Se trata deuna parte de las antiguas cajas gallegas (80 oficinas y 615 empleados) que operaban fuera de la comunidad autónoma. No tenían más que depósitos y muy pocos préstamos y era la parte más saneada de la entidad y por eso se ha vendido sin más ayudas públicas. Aunque la propaganda mediática oficial va a martillearnos con la bondad de la operación, no podemos menos de ser conscientes en que ha consistido en la privatización de aproximadamente 1.603 millones de euros de ahorros de ciudadanos y su entrega junto con una nueva ficha bancaria) a un fondo de inversión que utilizará esos depósitos para su operativa financiera. Es una verdadera bicoca ya que en un momentode escasez de ahorro de particulares, Apollo se hace con la capacidad de operar como entidad bancaria captando muchos depósitos y con muy pocos préstamos que le puedan ocasionar quebrantos en el futuro. Supone lastrar, todavía más, el atractivo del resto de NovaGalicia Banco todavía en manos del Estado. El proceso de venta de las entidades bancarias nacionalizadas es un expolio que va a convertir el latrocinio de la privatización de Rumasa en un juego de niños.
Cambio de sistema
lunes, 9 de septiembre de 2013
La privatización de EVO
La banca necesita más capital
Carlos Sánchez Mato
Banco Sabadell acaba de anunciar una macroampliación de capital de 1.400
millones de euros.
El 100% de la entidad se podría comprar en bolsa hoy por 5.300 millones de
euros. Se trata por tanto de una mastodóntica operación de búsqueda de nuevos
fondos. ¿Por qué debería hacerlo si ha anunciado beneficios en todos y cada uno
de los ejercicios cerrados?. La respuesta es sencilla para cualquier observador
que haya sido consciente de la actuación de las entidades en estos últimos años
que, de forma generalizada, han presentado resultados positivos al mismo tiempo
que disminuían sus fondos propios. En resumen, que han cargado gran parte de
sus quebrantos económicos directamente sobre su patrimonio sin reconocer
pérdidas en su cuenta de explotación. Es una maniobra que no soluciona su
problema: el insuficiente capital que tienen las entidades y su desesperada
carrera por ocultar la insolvencia.
Hay que reseñar que Sabadell recibió más de 5.240 millones de euros por
hacerse cargo de la CAM además de un esquema de protección de activos que
le garantiza asumir pérdidas que pagaremos todos los contribuyentes por otros
16.000 millones de euros adicionales. Sin esa operación, Sabadell habría tenido
que buscar capital mucho antes o habría sido nacionalizada. Ni con todas esas
ayudas públicas ha podido evitar pedir dinero a los mercados para "reforzar su
solvencia patrimonial", eufemismo éste que pretende ocultar esta dramática
llamada de auxilio para evitar la quiebra.
sábado, 27 de julio de 2013
La nueva directiva europea para abordar las crisis bancarias
Carlos Sánchez Mato
El ministro de Economía del Estado
español, Luis de Guindos, ha sostenido en numerosas declaraciones realizadas de
manera previa a la cumbre del ECOFIN que los depósitos de particulares y pequeñas
y medianas empresas superiores a
100.000 euros estaban garantizados hasta este momento y estarán
"absolutamente protegidos" en caso de quiebra de una
entidad en la nueva directiva sobre
resolución de crisis bancarias. Los depósitos de menos de
100.000 euros, ha subrayado Guindos, son "sacrosantos",
y "los de más 100.000 euros en manos de pymes y también detentados por
particulares también están absolutamente protegidos". "Eso nadie lo
cuestiona", ha asegurado.
La nueva
directiva desarrolla el esquema que adoptarán los rescates de los bancos a
partir de 2018, siempre y cuando esta hoja de ruta sea consensuada con el
Parlamento Europeo al que todavía no ha llegado la discusión. El objetivo declarado por los ministros de Economía de
los países de la Unión Europea es que la apelación a los fondos públicos para
salvamentos futuros sea el último de los recursos utilizados. Por un lado se pretende minimizar el quebranto para las arcas públicas
de los diferentes Estados y del conjunto de la Unión Europea han tenido los rescates bancarios
y por otro lado se busca evitar la huida masiva de ahorradores blindando sus
depósitos de posibles quitas si se producen más debacles de entidades
financieras. La protección a
los depositantes sigue estando encomendada a los Fondos de Garantía de
Depósitos establecidos en cada uno de los Estados de la Unión
Europea. Además se establece una
serie de inversores privilegiados que quedan excluidos de toda quita (bonos
garantizados como cédulas hipotecarias, deudas con empleados en concepto de salarios
y pensiones, deudas comerciales de bienes y servicios críticos para el funcionamiento
de la institución, deudas con sistemas de pagos con vencimiento inferior a
siete días y deudas del mercado interbancario con vencimiento inicial inferior
a siete días).
Una vez más, los dirigentes
políticos europeos no han abordado el corazón del problema. Las entidades
bancarias están muy poco capitalizadas, es decir, su financiación está basada
básicamente en recursos de terceros y no de sus accionistas y esta financiación
tiene unos costes reducidos para las mismas porque existe la confianza por
parte de depositantes e inversores de que los Estados impedirán la quiebra de
las entidades bancarias cuando sufran problemas graves como los actuales.
Sin embargo, la directiva aprobada vuelve a incurrir
en los mismos errores que anteriormente han tenido los sistemas de supervisión
y aseguramiento de cada uno de los Estados de la Unión
Europea. En primer lugar no
contempla una adecuada dotación de fondos que garantice los depósitos que la
normativa dice asegurar. En segundo lugar, se contempla que en circunstancias excepcionales se puedan autorizar el
uso de fondos públicos nacionales y del MEDE antes de que todos los acreedores
pierdan por completo su inversión, mediante un préstamo al
Estado que computaría como deuda pública. Es decir, lo que ocurre ahora.
Los mecanismos establecidos en la nueva normativa europea serán, por
tanto, más de lo mismo. Se establecen unas excepciones a la hora de sufrir
futuras quitas pero sin que se doten a los organismos correspondientes de
fondos para poder hacer frente a los compromisos derivados de las declaraciones
políticas.
El ejemplo más claro de lo anterior es lo que ocurre con la protección
de los depositantes en cada uno de los países. El Fondo de Garantía de
Depósitos de entidades de crédito de España está en quiebra. A pesar de las
grandilocuentes declaraciones del señor De Guindos, el organismo que protege
los ahorros de la ciudadanía tiene patrimonio neto negativo según las cuentas presentadas
correspondientes a 2012 (-1.247 millones de euros). La situación sería mucho
peor todavía si no hubieran usado trucos contables de dudosa legalidad para
reducir el agujero y reflejara en sus estados financieros la totalidad de los
compromisos que ha adquirido. El Fondo de Garantía de Depósitos es incapaz de atender las
obligaciones a las que ya se ha comprometido y, por supuesto, no tendría
posibilidad alguna de responder ante la insolvencia de cualquier entidad, incluso
de pequeño tamaño, para atender el pago de los depósitos de los ahorradores.
En esta situación se aprecia de forma clara que es el Estado el que está
garantizando de forma directa los 795.135 millones de euros que los ahorradores
tienen (con el actual límite de 100 mil euros por titular) y solamente el
afianzamiento que éste proporciona a las entidades bancarias permite que se
financien en condiciones económicas ventajosas. En definitiva, las entidades
bancarias privadas se aprovechan de un mastodóntico aval del Estado que no retribuyen
para hacer negocio a favor de sus accionistas.
¿O es que alguien dejaría sus ahorros en las entidades bancarias a
cambio de una reducida retribución si no estuviera detrás de las entidades
bancarias el Estado?.
Nada en la nueva directiva europea da seguridad adicional a los
depositantes ni establece medios suficientes para evitar quebrantos a los
mismos salvo una declaración de intenciones que no está acompañada de una
adecuada dotación de recursos financieros que la haga creíble.
miércoles, 17 de julio de 2013
QUE NO NOS ROBEN MÁS
COMUNICADO
PLATAFORMA POR LA NACIONALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO
Y POR UNA BANCA PÚBLICA
No a la privatización de las cajas y bancos nacionalizados
Deben ser la primera pieza de una banca pública, gestionada en beneficio de todos, de forma democrática y transparente.
Hay que decirlo alto y fuerte: La
privatización de las entidades bancarias nacionalizadas (Bankia,
Novagalicia Banco y Catalunya Caixa) es lisa y llanamente un robo.
Llamamos a todas las entidades sindicales, sociales y políticas de la
izquierda a movilizarse con todos los medios a su alcance para
denunciarlo y exigir la creación de una banca pública. Para evitar su
quiebra, el Estado ya ha puesto 112.513 millones de euros en ayudas de
todo tipo (43.529 millones de euros en capital, 34.733 millones de euros
en adquisición de activos y 34.251 millones de euros en avales a
emisiones de deuda). A eso hay que añadir los préstamos que estas
entidades han contraído con el Banco Central Europeo (98.972 millones de
euros) del que el Estado es último garante.
Ahora
pretenden vender Catalunya Caixa y Novagalicia Banco ¿Qué esperan sacar
por ellas? El Santander ofreció quedarse con Catalunya Caixa por un
euro, a cambio de que el Estado pusiera entre 2.000 y 3.000 millones de
euros más de capital, y se quedase con los 3.000 millones en créditos de
baja calidad de la entidad: unos 5.000 ó 6.000 millones más públicos
que se sumarían a los ya aportados.
No
es la primera vez que lo hacen. Un euro pagaron el Sabadell, BBVA y
Caixa por la CAM, Banco Gallego, UNNIM y Banco de Valencia. Todas estas
entidades fueron entregadas después de ser saneadas con dinero y garantías públicas contra futuras pérdidas.
El
Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB), ha declarado que espera lograr 900 millones de euros. Como
vemos, en cualquier caso no se resarcirá al Estado por dinero invertido y
será un regalo a la entidad financiera privada que lo compre, la cual
aumentará el volumen de depósitos que controlará y ampliará su capital,
mejorando su propia situación financiera sin arriesgar nada.
En
resumen, las entidades nacionalizadas, una vez saneadas con dinero
público, se regalan a los bancos privados para ayudarles a sanear sus
propias cuentas. Todo el sistema financiero estaría en quiebra si no
fuera por las ayudas públicas, que a finales de 2012 alcanzaron los
269.609 millones de euros, a las que hay que sumar préstamos del BCE por
371.140 millones de euros. El sistema bancario español ha precisado en
total de 640.749 millones de ayudas públicas sin que haya resuelto su
problema de solvencia.
Las
cajas de ahorro sólo han sido convertidas en cabeza de turco para
ocultar esa realidad y sanear al conjunto del sistema. Beneficios
millonarios para una minoría durante los años del auge económico,
pérdidas ahora para la mayoría: desahucios, despidos, estafas como las
preferentes y recortes del gasto público. El erario público se hipoteca
asumiendo las pérdidas de las entidades financieras y recorta el gasto
social. Y es que el volumen de pérdidas acumuladas por los bancos es tan
grande que las Administraciones Públicas quedarán hipotecadas a
perpetuidad para pagarlas.
La política de recortes sociales y derechos laborales, y la reforma del sector financiero, son dos caras de una misma moneda.
Están haciéndonos pagar, sobre todo a los trabajadores, los platos
rotos de su sistema, el capitalista. En conjunto, se está produciendo
una brutal transferencia de renta de los asalariados y capas más
humildes de la sociedad a las más ricas, con un crecimiento drástico de
las desigualdades.
Por
eso decimos que están usando el dinero público para salvar a los
banqueros, no a los bancos. Los grandes accionistas de los bancos son
tan poderosos porque dominan el ahorro de la sociedad. Y ahí está el quid de la cuestión. No se puede dejar en manos privadas la gestión de los ahorros
porque, en una sociedad capitalista como la que vivimos, las empresas
compiten entre ellas por el máximo beneficio. Con su carrera
desenfrenada de creación de dinero, ponen en riesgo los ahorros de todos. Las medidas adoptadas durante esta crisis solo agravarán la situación. La
concentración de entidades bancarias pagada y estimulada con dinero
público sólo servirá para garantizar nuevas crisis y burbujas y de más
gravedad.
La única solución real es que el sector financiero sea público y controlado democráticamente,
que es lo que faltó en las Cajas de Ahorros. Y que nuestros ahorros se
empleen de forma transparente y racional y con criterios de eficiencia
social y medioambiental además de económica, en beneficio del progreso
de toda la sociedad y no para el lucro de una minoría.
El
primer paso que exigimos es que no se privatice ninguna de las
entidades nacionalizadas, sino que se las convierta en el primer pilar
de una banca pública. Es la única manera de no arrojar por la borda la
enorme cantidad de dinero público ya empleado en sanearlas, y poner los
ahorros depositados al servicio de las necesidades sociales.
lunes, 15 de julio de 2013
OTRA AYUDA A LA BANCA POR LA PUERTA DE ATRÁS
“No hay la más mínima connivencia de este Gobierno
con la banca”
Luis de
Guindos 14 de julio de 2013
El Ministro de Economía y Competitividad ha
declarado, sin sonrojarse, que este Gobierno no tiene la más mínima connivencia
con la banca. Declara sin el mínimo rastro de vergüenza en su rostro que “el Gobierno no va
a regalar nada a nadie”, reconociendo justo a continuación que dará más ayudas
públicas a quienes adquieran las entidades nacionalizadas Catalunya Banc y
Novagalicia Banco. Expresamente citó como parte de esas ayudas los créditos
fiscales que “se reconocerán como recursos propios de primera calidad[1]”.
¿Qué
importancia tienen esos créditos o activos fiscales y su tratamiento para las
entidades bancarias españolas?
Ver documento completo
miércoles, 10 de julio de 2013
El “Banco Malo”: Historia de una estafa inútil
Carlos Sánchez Mato
Se cumplen
ya 8 meses desde la puesta en marcha la Sociedad de Gestión de Activos
procedente de la reestructuración bancaria (SAREB). La denominación oficial no
ha conseguido ocultar el nombre por el que realmente este instrumento es
conocido en sociedad: Hablamos del “banco
malo”.
El mecanismo
fue creado en el marco de obligaciones contraídas con el Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE) con el que el Estado español firmó, además de un préstamo de
40 mil millones de euros, un Memorándum de Entendimiento. En este documento figuraban
32 condiciones de ineludible cumplimiento entre las cuales estaba la creación
un vehículo al que las entidades bancarias que habían precisado de fondos de
este organismo europeo, debían traspasar sus activos inmobiliarios tóxicos a
“valor razonable”.
SAREB ha adquirido
inmuebles, créditos y suelo por valor de 50.653 millones de euros después de
aplicar un descuento medio del 63% sobre el que tenían en las entidades. Cuenta
en la actualidad con más de 55.700 viviendas y unos 30.000 activos anexos, como
plazas de garaje y trasteros. Además, posee más de 185.000 metros cuadrados en oficinas, una
treintena de hoteles, y 150.000 metros cuadrados de superficie
alquilable en centros comerciales. También se ha convertido en propietario de
15.075 solares (13 millones de metros cuadrados) de los cuales solamente un
tercio tienen la consideración de suelo urbano. En definitiva, se ha convertido en la empresa inmobiliaria
más importante de España y una de las primeras de la Unión Europea.
Sin embargo, el
tiempo transcurrido permite confirmar los peores presagios que los críticos con
la puesta en marcha de SAREB manifestaron desde el principio. Además de la descomunal estafa que supone
asumir con fondos públicos la desastrosa gestión realizada por las entidades
bancarias, el diseño del mecanismo utilizado convierten el mismo en inútil para
resolver el problema de la quiebra de las entidades.
Ver documento completo
miércoles, 29 de mayo de 2013
Las refinanciaciones, otro agujero negro de la banca española
Carlos Sánchez Mato
29 de mayo de 2013
Los balances de las entidades siguen ocultando cuantiosas pérdidas que
requerirán más capital para su solución. Uno de los elementos más usados por
los bancos para ocultar su verdadera situación es la profusa utilización de
las refinanciaciones y las escasas provisiones constituidas para hacer
frente a posibles impagos. Esta forma de actuar está siendo protagonizada
sobre todo por las entidades que presumen de fortaleza y de no haber
recibido ayudas públicas ya que interesadamente olvidan que son
beneficiarias de las mismas cuando reciben avales a sus emisiones de deuda,
préstamos del Banco Central Europeo o el aval estatal que proporciona
seguridad a sus depositantes por los ahorros inferiores a 100.000 euros por
titular.
Del total de préstamos reestructurados, solamente el 37% tiene la
consideración para las entidades de "dudoso" y sorprendentemente, el 42% se
considera en situación "normal" y no tienen por tanto provisión alguna en
previsión de un posible problema de impago. Cuando un cliente no es capaz de
afrontar la amortización de un préstamo y los intereses que adeuda por el
mismo, la práctica que se ha seguido es darle más tiempo con la esperanza de
que en el futuro pueda hacer frente a los compromisos contraídos. En el
sector bancario se conoce esta práctica como "patada a seguir" o "delay and
pray"
(retrasar y rezar). No se discute que las entidades refinancien sino que,
siguiendo un criterio de estricta prudencia, no reconozcan las oportunas
provisiones por un posible quebranto.
El Memorandum de Entendimiento firmado por el Estado español para acceder al
rescate con fondos europeos de nuestro sistema bancario obligaba a
"reevaluar el marco actual de provisiones". Para ello, las autoridades
españolas se han comprometido a modificar el marco normativo de provisiones
a exigir a las entidades financieras. En este contexto es en el que el
Banco de España ha obligado a publicar información sobre las
refinanciaciones y las provisiones constituidas para hacer frente a posibles
impagos en este tipo de créditos. Sin embargo, la nueva circular del Banco
de España no obligará a las entidades bancarias a reconocer esta realidad.
Los nuevos criterios pasarán por considerar que todos los créditos
refinanciados se consideren como "subestándar" y tendrán que dotar un 15%
de media por esos créditos. Ahora bien, podrán mantener préstamos
refinanciados como "normales" con criterios tasados. En todo caso, el sector
bancario ha conseguido que el Banco de España le permita dotar esas
provisiones (que siguiendo este criterio estarían cercanas a los 13 mil
millones de euros) en tres ejercicios. Es decir, una vez más, el Banco de
España sale en auxilio de los que debieran ser objetos de supervisión. No
puede negar que conoce esta realidad denunciada por los propios inspectores
del Banco de España que indican las prácticas irregulares concentradas en
Santander y BBVA.
Si se utilizase un criterio más rígido y prudente para créditos que han
requerido una modificación de condiciones para evitar su entrada en
morosidad (60% de provisiones en dudosos, 50% en subestándar y 40% en
normales), las provisiones medias deberían alcanzar el 49,46% de los
créditos refinanciados y el déficit de provisiones del conjunto de las
entidades llegaría a los 63.810 millones de euros (86,4% de éste déficit
correspondería a entidades no nacionalizadas).
Eso es lo que ni Gobierno ni Banco de España quieren reconocer: La
insolvencia del conjunto del sistema bancario español que no ha sido
solucionado con las ingentes ayudas públicas proporcionadas al mismo.
Las actuaciones auspiciadas por el Gobierno y el Banco de España van
dirigidas a continuar ocultando la realidad para no tener que reconocer
nuevas necesidades de capital en las entidades (fundamentalmente las que no
han reforzado su patrimonio neto en todo este proceso). Para ello, la
estrategia pasa por dar tiempo a los bancos a que generen beneficios que les
permita ir reconociendo pérdidas de manera gradual. Además el proceso se
complementa con la entrega de la banca nacionalizada a estas entidades, con
elevadísimas ayudas públicas para mejorar su deteriorada situación. Se
contribuye de esta forma a crear un oligopolio privado con el dinero de los
contribuyentes.
Pero así no se resolverá la crisis bancaria: Hasta que no se recapitalicen
de manera suficiente, no recuperarán la capacidad de financiarse de manera
autónoma y seguirán siendo dependientes de los recursos públicos
concesionales que obtienen del Banco Central Europeo.
En esa situación no podrán cumplir la función que el sistema económico les
asigna y seguirán siendo incapaces de realizar la intermediación entre las
necesidades de ahorro y la inversión.
Será inevitable una nueva ronda de recapitalizaciones y tengan la seguridad
de que, de nuevo, será con el dinero de todos y administrado por los
responsables de la quiebra, salvo que, por una vez, los ciudadanos digamos
BASTA YA.
Ver informe completo
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