Carlos Sánchez Mato
En el mes de abril de
este año, el Ministro de Economía Luis de Guindos cifró en 15 mil millones la
cuantía total de ayudas públicas que el sistema bancario español precisaba en
el marco de la cuarta (y no última) reforma del sistema financiero español.
Poco tardó el Gobierno en
desmentirse a sí mismo después de la explosión de BFA-Bankia que cifró en más
de 19 mil millones de euros las necesidades inmediatas de capital público para
reestablecer su equilibrio patrimonial además de los 4.465 millones de euros ya
convertidos en capital de BFA.
La nueva situación
requería de un rápido restablecimiento de la credibilidad y el Gobierno optó
por buscarla encargando sendos informes a la consultora alemana Roland Berger y
la
estadounidense Oliver Wyman que someterían a las entidades
financieras españolas a un examen exhaustivo para realizar una evaluación
independiente de los balances del sistema bancario español. El examen no ha
sido ni mucho menos pormenorizado y sus conclusiones indican que en el
escenario base, es decir, en el actual, las necesidades conjuntas de las
entidades bancarias estarían entre los 10 mil y los 26 mil millones de euros.
Si se pone de manifiesto el escenario considerado como “adverso”,
hipotéticamente improbable según los evaluadores, la banca española necesitaría
hasta un máximo de 62 mil millones de
euros.
¿Es suficiente por
tanto el rescate en forma de línea de crédito “en condiciones ventajosas” que
España suscribirá con el Fondo de Estabilización Financiera de la Unión Europea para salvar a sus entidades bancarias?
Si analizamos con
detalle los informes oficiales descubriremos que las necesidades inmediatas
superan los 130 mil millones de euros y por ello esta nueva actuación no
solucionará la insuficiente capitalización de bancos y cajas de ahorro.
Nos mentían antes y lo
siguen haciendo a la hora de establecer las dimensiones del actual agujero
económico del sistema bancario.
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