BANQUEROS A LA CÁRCEL: SUS CÓMPLICES TAMBIÉN

COMUNICADO

ECONOMÍA SOL

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite dos querellas contra los integrantes de los consejos de administración de Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) porque ve indicios de delito en su actuación. Es imprescindible que se depuren las responsabilidades pertinentes de todos los que han capitaneado las entidades financieras, y este paso sólo debería ser el principio.

Los Consejeros, directivos y gestores de BFA-Bankia elaboraron y difundieron  documentación, tanto contable como meramente informativa, que arrojaba una imagen de la Sociedad absolutamente irreal, presentando a la misma como acreedora de una solvencia de la que carecía. Sin embargo, no debemos equivocarnos: Han arruinado la entidad pero no lo han hecho solos.  El engaño masivo no hubiera sido posible sin la delictiva actuación de Deloitte, la firma auditora, que certificó la validez de los estados financieros de la entidad, del Banco de España que no actuó con la debida diligencia en su obligatoria labor de control y supervisión y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que olvidó su obligación de velar por ahorradores e inversores. Sin el respaldo de todos ellos y de las autoridades políticas de los sucesivos Gobiernos jamás se habría podido culminar esta gigantesca estafa.

Por todo ello, a los banqueros y a los que han cooperado para que se consumara el expolio se les debe aplicar con la máxima dureza el Código Penal.

INTERVENCIÓN JUDICIAL DE BFA-BANKIA YA

Ante la gravedad de la situación, la Audiencia Nacional debe adoptar medidas cautelares que supongan la inmediata intervención judicial de la entidad para garantizar una investigación adecuada que llegue a las últimas consecuencias.   BFA-Bankia, que ya es una entidad de propiedad mayoritariamente pública, no puede estar dirigida por gestores que no quieren esclarecer las vergonzosas actuaciones de los que les han precedido en sus cargos. 

NO AL MEMORÁNDUM

Lo ocurrido en BFA-Bankia es solamente una parte del problema. El conjunto del sistema financiero español (bancos y cajas) está en quiebra y, por muchos eufemismos con los que quieran disimular la situación, necesita miles de millones de euros para no derrumbarse. El Gobierno ha solicitado de manera formal el rescate del sector pero los países europeos no lo van a hacer gratis. El documento hecho público el 10 de julio, establece una compleja lista de condiciones que el Estado español debe poner en marcha para poder recibir asistencia financiera. Por lo tanto, es evidente que existe condicionalidad para disponer del préstamo que se realizará al Reino de España. Lo de menos es la pérdida de soberanía que conlleva la aplicación de esa condicionalidad. Lo realmente grave es que la reforma del sector financiero que ampara el mismo es injusta a la hora de repartir la carga de la misma e ineficaz para resolver la quiebra de las entidades.

1. La cantidad del rescate es insuficiente. Aunque la línea de financiación llegue a los 100 mil millones, las necesidades de capital son superiores.
2. Las estimaciones pretenden minimizar las inyecciones de capital y sin resolver ese problema el sistema seguirá quebrado. Los bancos necesitan más capital y no más préstamos.
3. Las actuaciones que plantea el Gobierno durarán un tiempo que ni tienen las entidades ni podrán soportar familias ni empresas.
4. Sin resolver el problema financiero del Estado, toda ayuda al sector bancario (aunque sea para nacionalizarlas) supondrá una dificultad insalvable para abordar el resto de necesidades financieras públicas.

Por todo ello hay que decir NO a la rúbrica de un documento que hace recaer sobre los ciudadanos el coste de la crisis sin garantizar en modo alguno que los que la causaron paguen por ello.

POR UNA BANCA PÚBLICA SOCIAL Y CONTROLADA POR LA CIUDADANÍA

Es una evidencia que el sistema bancario es incapaz de cumplir su función sin la inyección de ingentes cantidades de fondos públicos. No podemos consentir que el Estado sanee las entidades bancarias con fondos que detrae de las partidas presupuestarias destinadas al gasto social para regalárselas a continuación a los mismos que las han llevado a la ruina. Se debe nacionalizar el conjunto del sector bancario para constituir una verdadera banca pública, controlada democráticamente y con una finalidad social.

La gestión y la administración de los ahorros de la sociedad es demasiado sensible y vital como para dejarla en manos privadas. Han demostrado de manera sobrada, que la gestión en busca del “máximo interés privado” se acaba convirtiendo en el “máximo desastre social”.