BFA-Bankia: Análisis de los resultados del primer semestre de 2012
Carlos Sánchez Mato
El Banco Financiero y de Ahorros (matriz de Bankia) va
a recibir de manera inminente 4.500 millones de euros de dinero público para
reestablecer su situación patrimonial. Durante los últimos cinco meses se ha
especulado con las estimaciones de capital necesario solicitado por el Consejo
de Administración de la entidad y el Gobierno ha vuelto a actuar tarde y mal.
El retraso en la articulación de la línea de financiación que el Estado español
ha solicitado al Eurogrupo ha vuelto a dejar en evidencia la falta de previsión
del Ejecutivo.
La presentación de resultados del primer semestre de
2012 revela una dramática situación caracterizada por enormes pérdidas (7.376
millones de euros antes de impuestos), insuficiente capital para hacer frente a
las mismas (423 millones de euros frente a más de 17 mil millones exigidos por
la regulación) y dependencia del sector público cada vez mayor a la hora de
obtener fondos para financiar su actividad (uno de cada tres euros). Esta situación no es nueva para cualquiera
que analizara los balances de las siete cajas de ahorro que dieron origen a
esta monstruosa entidad sistémica “demasiado
grande para caer” ni tampoco para sus máximos responsables como se
demostrará en el sumario instruido en la Audiencia Nacional.
Sin embargo, el Gobierno español sigue utilizando el
criterio “cortoplacista” de minimizar las exigencias de capital a las entidades
bancarias. Solamente las necesidades del Banco Financiero y de Ahorros (que
supone el 10% del sector) superan los 34 mil millones de euros de capital
cuando las estimaciones del Ministro De Guindos para el conjunto de los bancos rondan
los 60 mil millones de euros. Piensa erróneamente que el tiempo curará las
heridas del sector. ¿Puede alguien creer
que serán suficientes los 100 mil millones de euros cuando las entidades
españolas le deben solo al Banco Central Europeo más de 400 mil millones de
euros?.
El retraso a la hora de actuar está agudizando las
consecuencias de la quiebra general bancaria con una progresiva sustitución en
el pasivo de las entidades de los acreedores privados por los públicos pero,
eso sí, sin control real de lo que se hace con los fondos de los ciudadanos.
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