La cocina a todo gas

Carlos Sánchez Mato

El Gobierno español ha decidido volver a “suicidarse” con la nueva reforma financiera. En su empeño por limitar el alcance de la situación de quiebra en la que se encuentra el sector bancario patrio, está realizando todos los esfuerzos posibles para que el resultado de los test de estrés realizados por Oliver Wyman, suponga finalmente unas necesidades de capital adicional inferiores a los 60.000 millones de euros. Para ello está usando las mismas prácticas deplorables que han llevado a las entidades bancarias a la falta de credibilidad de la que gozan actualmente sus estados financieros. Lo más cómico de la situación es que, en su afán por hacer creíble sus previsiones, incluso ya hay quien especula con lo que se podría hacer con el dinero del rescate que sobraría…

Los periódicos a nivel internacional ya empiezan a desconfiar del informe aún no publicado. En concreto, el Wall Street Journal dejaba el pasado lunes un mensaje claro: Los mercados no se creen el ejercicio por las reducidas necesidades de capital que identificarán y pronostica que un tercer fallo del Gobierno de Rajoy después de las dos “soluciones definitivas” de febrero y mayo sería "calamitoso" para España y para toda la zona euro.

Independientemente  si los mercados se creen o no las necesidades de capital que están cocinando entre el Ministerio de Economía, el Banco de España y Oliver Wyman, resulta pavoroso el simplista análisis que el Gobierno está realizando (una vez más) a la hora de abordar la crisis bancaria. Según esta particular visión que nace de las pruebas realizadas, los 60.000 millones de euros  ni siquiera son necesarios como nuevo capital ya que las entidades tendrían todavía tiempo hasta junio de 2013 para realizar ventas de activos, “endosar” pérdidas a los tenedores de participaciones preferentes y traspasar activos tóxicos al “banco malo”.  Vamos que, todo el problema se podría arreglar con unos milloncejos de euros de nada… ¿Y para esto tanto lío?.

Por desgracia, el problema es mucho más grave que lo que este nuevo diagnóstico va a reconocer.

El test realizado plantea un escenario catastrófico de caída del Producto Interior Bruto del 6,5% en 2012-2014, un descenso del precio de la vivienda del 55% respecto a los máximos de la burbuja inmobiliaria, un desplome del precio del suelo del 85% y una tasa de paro del 27%. El primer error es no caer en la cuenta de que ese escenario ya es una realidad hoy (salvo en el decrecimiento del PIB,  gracias a la inestimable ayuda del Instituto Nacional de Estadística). En dicha situación, el examinador considera que las entidades bancarias deben tener un capital de máxima calidad del 6% con respecto a los activos ponderados por riesgo. Este segundo aspecto merece una profunda crítica dado que el propio Gobierno acaba de exigir en el Real Decreto de 31 de agosto que las entidades deben tener un capital mínimo del 9%... Esa “ayudita” supone un ahorro en necesidades de capital de más de 57 mil millones de euros.

Las filtraciones que han trascendido indican que los únicos bancos que no presentarán necesidades de capital son Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Kutxabank (denominado grupo 0). En el extremo opuesto se encuadran en el grupo 1 las entidades ya nacionalizadas (BFA-Bankia, Novagalicia Caixa, Catalunya Caixa y Banco de Valencia), que acumularán la necesidad global de capital mayor que tendrá que ser cubierta con  recursos procedentes del rescate europeo aprobado.

Al resto de entidades se les cifraran necesidades de capital inferiores que podrán solventar acudiendo al mercado (no se rían, por favor) o utilizando al Estado que suscribirá bonos contingentes convertibles que serán convertidos en acciones públicas si no son recomprados por las entidades en el próximo mes de junio.

Dado que las exigencias de provisiones en esta prueba de esfuerzo exigida a la banca no han sido suficientes, las valoraciones del suelo, inmuebles y créditos del sector inmobiliario y de otros sectores no reflejan la realidad actual de mercado. Se reconoce implícitamente que seguirá habiendo “activos tóxicos” en los balances de las entidades bancarias y por eso es necesario el “banco malo” que no sólo incluirá los inmuebles adjudicados y el crédito promotor moroso o subestándar (con dificultades), sino también el crédito promotor teóricamente sano ligado a suelo.  Aunque el diseño final no está decidido, es probable que también entre el resto del crédito promotor normal de las entidades que necesiten ser rescatadas con dinero público.  Si esa fuera la opción, este “banco malo” sería un 28% de los activos tóxicos existentes en el conjunto del sector (90 mil millones brutos menos 28 mil millones de provisiones realizadas). Si se transfieren al banco malo a ese valor neto de 62 mil millones de euros (valor bruto menos provisiones), esta institución se hartará de perder dinero porque enajenará esos bienes con toda seguridad a precios inferiores a los que han sido transferidos. Pero, ¿y si los transfieren con un descuento superior, un 20% por ejemplo? En este caso obligarían a unas provisiones superiores (18 mil millones de euros más para estas cuatro entidades nacionalizadas) y lo que es peor para el Gobierno,  ese criterio tendría que ser adoptado por el resto del sector para valorar si sus provisiones son suficientes o no y revelaría una insuficiencia de las mismas en más de 40 mil millones de euros.  En todo caso, una solución de ese tipo (banco malo con activos únicamente de las entidades ya nacionalizadas) sería una solución parcial y no cumpliría con el objetivo que se ha fijado el Gobierno de que el Estado fuera minoritario en dicha entidad. No es realista pensar que ningún inversor ávido de altas rentabilidades invierta en un “banco malo” que ha comprado activos que siguen contabilizados a precios inflados. Por lo tanto, el Gobierno y el Banco de España “invitan” a las entidades teóricamente más fuertes (Santander, BBVA y Caixa) a ser accionistas del engendro con otro formato. Se les ha sugerido que aporten sus activos inmobiliarios (tóxicos igual que los otros) pero a cambio de acciones del “banco malo”. Aportarían entre las tres aproximadamente 70 mil millones de euros en activos con idéntico criterio de valoración (valor bruto menos provisiones actuales). A estas tres entidades, el favor que nos hacen les reportaría un ahorro en necesidades de capital de 6 mil millones de euros. La máxima ilusión de los que han pergeñado el plan es que esos activos no computen ni en el “balance del Estado” ni en el de las “entidades”. Vamos que buscan que con el movimiento desaparezcan y no sean gravosos para nadie. Pero por mucha contabilidad creativa que se pueda imaginar, los 310 mil millones de euros existen (vaya si existen).

En definitiva, el Gobierno con la ayuda de Oliver Wyman, está buscando un equilibrio imposible de alcanzar: Mínimas necesidades de capital que contenten a los inversores nacionales e internacionales y que permitan que éstos vuelvan a inyectar fondos para saciar la inmensa necesidad de liquidez y financiación que la banca precisa para su operativa diaria. En otras palabras, dar otra patada para adelante al volumen de deuda inasumible para los bancos.  Queda en solitario el Banco Central Europeo como único islote al que dirigirse para obtener los fondos que evitan el colapso del sector bancario español. 

¿Quién pondrá el dinero necesario que sanee y estabilice un sector arruinado y a la deriva?. Con toda seguridad será el Estado y todos los ciudadanos a costa de recortes en todos los capítulos presupuestarios imaginables. Sin embargo el Gobierno no parece estar en condiciones políticas de reconocer que el importe preciso excederá con mucho el importe de 100 mil millones de euros solicitado al Eurogrupo.