Carlos Sánchez Mato
El Gobierno español ha decidido volver a “suicidarse” con
la nueva reforma financiera. En su empeño por limitar el alcance de la
situación de quiebra en la que se encuentra el sector bancario patrio, está
realizando todos los esfuerzos posibles para que el resultado de los test de
estrés realizados por Oliver Wyman, suponga finalmente unas necesidades de
capital adicional inferiores a los 60.000 millones de euros. Para ello está
usando las mismas prácticas deplorables que han llevado a las entidades
bancarias a la falta de credibilidad de la que gozan actualmente sus estados financieros. Lo más cómico de la
situación es que, en su afán por hacer creíble sus previsiones, incluso ya hay
quien especula con lo que se podría hacer con el dinero del rescate que
sobraría…
Los periódicos a nivel internacional desconfían del
informe aún no publicado. En concreto, el Wall Street Journal dejaba el
pasado lunes un mensaje claro: Los
mercados no se creen el ejercicio por las reducidas necesidades de
capital que identificarán y pronostica que un tercer fallo del Gobierno de
Rajoy después de las dos “soluciones definitivas” de febrero y mayo sería
"calamitoso" para España y para toda la zona euro.
Independientemente si
los mercados se creen o no las necesidades de capital que están cocinando entre
el Ministerio de Economía, el Banco de España y Oliver Wyman, resulta pavoroso
el simplista análisis que el Gobierno está realizando (una vez más) a la hora
de abordar la crisis bancaria. Según esta particular visión que nace de las
pruebas realizadas, los 60.000 millones de euros ni siquiera son necesarios como nuevo capital
ya que las entidades tendrían todavía tiempo hasta junio de 2013 para realizar
ventas de activos, “endosar” pérdidas a los tenedores de participaciones
preferentes y traspasar activos tóxicos al “banco malo”. Vamos que, todo el problema se podría
arreglar con unos milloncejos de
euros de nada… ¿Y para esto tanto lío?.
Por desgracia, el problema es mucho más grave que lo que
este nuevo diagnóstico va a reconocer.
El test realizado plantea un escenario catastrófico de
caída del Producto Interior Bruto del 6,5% en 2012-2014, un descenso del precio
de la vivienda del 55% respecto a los máximos de la burbuja inmobiliaria, un
desplome del precio del suelo del 85% y una tasa de paro del 27%. El primer
error es no caer en la cuenta de que ese
escenario ya es una realidad hoy (salvo en el decrecimiento del PIB, gracias a la inestimable ayuda del Instituto
Nacional de Estadística). En dicha situación, el examinador considera que las
entidades bancarias deben tener un capital de máxima calidad del 6% con
respecto a los activos ponderados por riesgo. Este segundo aspecto merece una
profunda crítica dado que el propio Gobierno acaba de exigir en el Real Decreto
de 31 de agosto que las entidades deben tener un capital mínimo del 9%... Esa
“ayudita” supone un ahorro en necesidades de capital de más de 57 mil millones
de euros.
Las filtraciones que han trascendido indican que los únicos
bancos que no presentarán necesidades de capital son Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Kutxabank (denominado
grupo 0). En el extremo opuesto se encuadran en el grupo 1 las entidades ya
nacionalizadas (BFA-Bankia,
Novagalicia Caixa, Catalunya Caixa y Banco de Valencia), que acumularán
la necesidad global de capital mayor que tendrá que ser cubierta con recursos procedentes del rescate europeo aprobado.
Al
resto de entidades se les cifraran necesidades de capital inferiores que podrán
solventar acudiendo al mercado (no se rían, por favor) o utilizando al Estado
que suscribirá bonos contingentes convertibles que serán convertidos en
acciones públicas si no son recomprados por las entidades en el próximo mes de
junio.
Dado
que las exigencias de provisiones en
esta prueba de esfuerzo exigida a la banca no han sido suficientes, las
valoraciones del suelo, inmuebles y créditos del sector inmobiliario y de otros
sectores no reflejarán la realidad actual de mercado. Se reconoce implícitamente que seguirá habiendo “activos tóxicos” en
los balances de las entidades bancarias y por eso es necesario el “banco malo”
que no sólo incluirá los inmuebles adjudicados y el crédito promotor moroso o
subestándar (con dificultades), sino también el crédito promotor teóricamente sano
ligado a suelo. Aunque el diseño final
no está decidido, es probable que también entre el resto del crédito promotor
normal de las entidades que necesiten ser rescatadas con dinero público. Si esa fuera la opción, este “banco malo” supondría
un 28% de los activos tóxicos existentes en el conjunto del sector (90 mil
millones brutos menos 28 mil millones de provisiones realizadas). Si se
transfieren al banco malo a ese valor neto de 62 mil millones de euros (valor
bruto menos provisiones), esta institución se hartará de perder dinero público porque
enajenará esos bienes con toda seguridad a precios inferiores a los de traspaso.
Pero, ¿y si los transfieren con un descuento superior, un 20% por ejemplo? En
este caso obligarían a unas provisiones superiores (18 mil millones de euros
más para estas cuatro entidades nacionalizadas) y lo que es peor para el
Gobierno, ese criterio tendría que ser
adoptado por el resto del sector para valorar si sus provisiones son
suficientes o no y revelaría una insuficiencia de las mismas en más de 40 mil
millones de euros. En todo caso, una
solución de ese tipo (banco malo con activos únicamente de las entidades ya
nacionalizadas) sería una solución parcial y no cumpliría con el objetivo que
se ha fijado el Gobierno de que el Estado fuera minoritario en dicha entidad.
No es realista pensar que ningún inversor ávido de altas rentabilidades
invierta en un “banco malo” que ha comprado activos que siguen contabilizados a
precios inflados. Por lo tanto, el Gobierno y el Banco de España han “invitado”
a las entidades teóricamente más fuertes (Santander, BBVA y Caixa) a ser
accionistas del engendro con otro
formato. Se les ha sugerido que aporten sus activos inmobiliarios (tóxicos
igual que los otros) pero a cambio de acciones del “banco malo”. Aportarían
entre las tres aproximadamente 70 mil millones de euros en activos con idéntico
criterio de valoración (valor bruto menos provisiones actuales). A estas tres
entidades, el favor que nos hacen les
reportaría un ahorro en necesidades de capital de 6 mil millones de euros. La
máxima ilusión de los que han pergeñado el plan es que esos activos no computen
ni en el “balance del Estado” ni en el de las “entidades”. Vamos que buscan que
con el movimiento desaparezcan y no sean gravosos para nadie. Pero por mucha
contabilidad creativa que se pueda imaginar, los 310 mil millones de euros
existen (vaya si existen).
En definitiva, el Gobierno con la
ayuda de Oliver Wyman, está buscando un equilibrio imposible de alcanzar: Mínimas
necesidades de capital que contenten a los inversores nacionales e
internacionales y que permitan que éstos vuelvan a inyectar fondos para saciar
la inmensa necesidad de liquidez y financiación que la banca precisa para su
operativa diaria.
En otras palabras, dar otra patada para adelante al volumen de deuda de
digestión imposible para los bancos. Queda en solitario el Banco Central Europeo
como único islote salvador al que dirigirse para obtener los fondos que evitan
el colapso del sector bancario español.
¿Quién
pondrá el dinero necesario que sanee y estabilice un sector arruinado y a la
deriva?. Con toda seguridad será el Estado y todos los ciudadanos a costa de
recortes en todos los capítulos presupuestarios imaginables.
Es
evidente que el importe preciso para el saneamiento de los bancos excederá (con
mucho) el importe de 100 mil millones de euros solicitado al Eurogrupo pero el
Gobierno no parece estar en condiciones políticas de reconocerlo y únicamente
piensa en la forma más aseada de ocultar la realidad.
Ver informe completo: Las trampas de los test de estrés. Crítica al informe de Oliver Wyman
No hay comentarios:
Publicar un comentario