Diario Público
Marina Albiol Guzmán
Diputada EUPV cortes valencianas, y candidata de IU al parlamento europeo
Carlos Sánchez Mato
Economista
Diputada EUPV cortes valencianas, y candidata de IU al parlamento europeo
Carlos Sánchez Mato
Economista
Imaginemos que a cualquier familia trabajadora que no pudiera pagar
su hipoteca, el Banco de España le diera un crédito para poder pagarla.
De esa forma, dicha familia pasaría de tener una deuda con una entidad
privada, a tener su deuda con el Banco d España. Sigamos imaginando que
le aceptara como aval el coche, aunque supiera que no vale lo mismo que
el dinero prestado. Imaginemos más: que, a pesar de la ayuda, esa
familia no pudiera pagar el crédito, y entonces se le diera uno nuevo, y
le aceptara como aval los muebles de su casa. Si eso fuese así, nadie
hubiera sido desahuciado.
Pero la realidad supera la ficción. Sólo que en lugar de “familia
trabajadora” debéis poner “banquero” y en lugar de “coche” o “muebles”
podéis poner “activos”, y obtendréis una descripción exacta de lo que
están haciendo los Estados y el Banco Central Europeo con la Banca
Privada de toda la Unión Europea.
Entre 2011 y 2012, el BCE ha prestado 1,018 billones de euros a unas
800 entidades financieras. A finales de 2013, las entidades bancarias
europeas aún debían 718.407 millones de euros (206.760 millones las
españolas). Para facilitar el acceso de estas entidades a los préstamos,
el BCE les ha rebajado sustancialmente la calidad mínima exigida de los
activos que podían presentar como garantía. Si los bancos no pudieran
hacer frente a esos créditos, tendrían que cubrirlos los Bancos
centrales de cada Estado, lo que no hace sino evidenciar que estamos
ante ayudas públicas sin ninguna clase de discusión.
Además, en la medida que el BCE tiene prohibido prestar a los
Estados, le han brindado una excelente fuente de financiación a los
bancos privados. Tomar crédito del BCE al 1% y prestar a los gobiernos a
un tipo de interés muy superior. Una parte sustancial de los beneficios
de la banca española provienen ya de los diferentes títulos de deuda
soberana que tiene en sus balances. En el período 2000-2013, las
Administraciones Públicas han pagado 141 mil millones de euros más de
gastos financieros que los que hubieran pagado financiándose
directamente desde el BCE. En 2013 hemos pagado de más, una cifra
similar a la que el Estado ha dedicado a prestaciones por desempleo, 29
mil millones de euros.
A los préstamos del BCE, hay que sumarle las ayudas directas de los
Estados, que entre 2008 y 2010 ascendieron a 1,6 billones de euros, una
cantidad que equivale al 13,11% del PIB de la Unión Europea (UE-27).
La combinación de la ventanilla del BCE con las ayudas de los
Estados, han evitado la quiebra del sistema financiero europeo. Pero el
precio está siendo que, ahora, el hipotecado es el erario público. Se
recorta en Sanidad, en Educación, en Dependencia, se despiden
trabajadoras y trabajadores públicos, y se sigue sosteniendo a los
banqueros. Una cosa implica la otra.
Y hablamos de los banqueros deliberadamente, puesto que lo que están
salvando no es tanto los bancos como el dominio de los grandes
accionistas y directivos de estas entidades sobre el ahorro de la
sociedad. Los bancos siguen sin gozar de buena salud financiera,
manteniendo una situación que sería de quiebra si se retirasen las
ayudas públicas y que solo augura nuevas crisis en cualquier momento de
los próximos años. Su volumen de deuda ha dejado de crecer al ritmo que
lo hacía en el pasado, pero sigue siendo imposible de pagar. Y la
morosidad continúa creciendo en la medida que la crisis se prolonga.
Ahora son más dependientes de la ayuda pública que nunca y se
permiten, incluso, la especulación con la deuda pública, con el riesgo
aparejado que conlleva arrastrar a los estados a una situación de
quiebra.
Pero el capitalismo, el sistema del que los banqueros sólo son su
expresión más depurada, actúa como el adicto a las drogas que cada vez
necesita una dosis mayor para lograr el mismo efecto. Lograr siempre el
máximo beneficio implica llevar cada vez más lejos el expolio de los
trabajadores y trabajadoras, de la sociedad y del medioambiente. No es
casual que todos los planes de rescate a la banca vayan acompañados de
nuevos recortes salariales, del gasto social y de los derechos laborales
y sociales.
En resumen, como en el cuento del Rey desnudo, alguien tiene decir
que el banquero, en este caso, está desnudo. O mejor, alguien tiene que
desnudarlo y denunciar que, sin el respaldo del erario público cubriendo
su desnudez, las entidades que los banqueros dirigen en su propio
beneficio y perjuicio de la mayoría de la sociedad, estarían en quiebra.
Hoy la banca quebraría sin las ayudas públicas y, viceversa, si quiebra
la banca el Estado sería arrastrado por ella.
Y, moraleja, si la banca privada es inviable sin el apoyo del dinero público, pues que sea pública.
Hay voces que claman por la necesidad de “controlar” a la banca, de
“regularla” para que no cometa excesos, no especule. Pero quien posee
los bancos y los sectores estratégicos de la economía posee un poder
decisivo frente al que los Estados se limitan a obedecer. Basta ver
quiénes están al frente de las instituciones como el BCE o quiénes son
los ministros de economía, antiguos o futuros miembros de los consejos
de administración de la banca y las grandes empresas privadas.
Para que eso cambie no basta que en los escaños del Parlamento
europeo se siente una mayoría de izquierdas, y más en un Parlamento sin
competencias reales, sino que hace falta una movimiento de la clase
trabajadora a escala europea con un programa común, que ponga sobre la
mesa un cambio en las relaciones de propiedad de los sectores
estratégicos de la economía, empezando por la banca. Sobre esa base sí
podemos cimentar unas nuevas instituciones realmente democráticas en
toda Europa.
Y ahí está el quid de la cuestión que la izquierda debe atreverse a
defender sin miedo: hay que nacionalizar las principales entidades
financieras europeas, y sustituir el actual Banco Central Europeo por
una verdadera Reserva Federal Europea, que sea el epicentro de un
sistema financiero público. Eso sí permitiría sanear los bancos de
verdad a costa de grandes accionistas y acreedores, y poner el sistema
financiero, que no es otra cosa que los ahorros de la sociedad, al
servicio de una planificación democrática de la economía.
Eso permitiría sustituir la competencia entre los Estados y entre las
empresas, y la explotación de la clase trabajadora y la naturaleza,
innatas en el capitalismo, por una cooperación en beneficio mutuo. Ese
sí sería un pilar sólido para construir una Europa de los pueblos y
mandar al museo de la historia la Europa de los mercaderes (y los
banqueros) que es la actual Unión Europea.
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