Carlos Sánchez Mato
Vaya por
delante que aplaudo la decisión tomada por el Banco de España de intervenir Banco Madrid, filial de
la entidad andorrana Banca Privada de Andorra (BPA). Pero ante lo ocurrido, no
puedo menos que denunciar la falta de actuación en situaciones similares o
incluso de mayor gravedad cuando el que traspasa las líneas rojas de la ley es
una entidad bancaria de mayor tamaño.
Las gravísimas acusaciones de blanqueo de dinero[1] han provocado la
destitución de los administradores de la entidad y, en el caso de Banco de
Madrid, han sido reemplazados por dos interventores designados por el Banco de
España. ¿Es la primera vez que una entidad bancaria facilita transacciones de
blanqueo de dinero de personas relacionadas con organizaciones criminales? ¿Nunca
antes una entidad bancaria ha realizado, de acuerdo con clientes, estrategias
para evadir el pago de impuestos o eludir las comunicaciones legalmente
obligatorias para cumplir con la normativa que busca impedir la opacidad?
Desgraciadamente sabemos que no estamos ante una situación novedosa. Desde
entidades como el banco Santander que organizó un sistema para eludir impuestos
(primas únicas) a otras como el HSBC que colaboran en mantener en la más
profunda oscuridad la verdadera identidad de sus clientes, los ejemplos de
prácticas que superan la legalidad nacional e internacional se multiplican. Por
supuesto que tiene arreglo. Bastaría con que se utilizara la misma celeridad
para retirar la ficha bancaria a las entidades que actúan de esa forma que la
usada en el caso BPA. Sin embargo, de momento no ocurrirá porque hay jugadores
en este espectáculo que están protegidos por los árbitros.
Cuando el supervisor ha comunicado la intervención de Banco de Madrid, el
propio gobernador Linde ha declarado que la entidad “no tiene problemas
actuales de liquidez o solvencia” pero que la actuación del Departamento del
Tesoro de Estados Unidos podría provocar retiradas masivas de fondos y eso
pondría en peligro la viabilidad de la entidad. Es lógico que se preocupe
porque aunque, básicamente se dedique a la gestión de patrimonios, elevados por
supuesto, un rápido vistazo a sus estados financieros nos deja ver con rapidez
la endeblez de los mismos. Aunque presuma de un altísimo grado de solvencia
(38,4%) sobre todo si lo comparamos con el resto del sector, si a su patrimonio
neto de 116 millones de euros, le restamos los activos fiscales y los
intangibles que en momento de crisis se convierten en humo, su aparente
fortaleza se queda en la mitad. Por eso el Banco de España tiene que moverse,
incluso aunque se trate de una entidad que no suponga más que el 0,04% de los
activos de nuestro sistema. ¿Cómo financia Banco de Madrid su actividad
bancaria y de gestión de carteras? ¿De dónde sale el dinero? Como seguramente
habréis adivinado, no son sus accionistas los que ponen el grueso de los
fondos. El 53% de su pasivo exigible, 695 millones de euros, está financiado por
depósitos de los ahorradores y el 41%, 540 millones de euros, por bancos
centrales.
En definitiva, si Banco Madrid tiene un problema, no nos sería ajeno a los
ciudadanos. A esos que no habríamos sido recibidos jamás en una de sus
sucursales por nuestra incapacidad de poner a su disposición un patrimonio
acorde con el perfil que tienen que tener sus clientes. Entre todos tendríamos
que aportar fondos para responder a las posibles indemnizaciones por parte de
un Fondo de Garantía de Depósitos en situación de quiebra patrimonial y
satisfacer a los depósitos de hasta 100.000 euros por titular. También
tendríamos que responder de la deuda que la entidad tiene con Banco de España y
con el Banco Central Europeo[2].
De una u otra forma, las Administraciones Públicas podemos estar facilitando
más del 90% de la financiación de un Banco de Madrid dedicado presuntamente a
blanquear capitales, mientras que los beneficios, por supuesto, son solo de sus
accionistas[3].
Negocio redondo el de los bancos privados que solo se puede realizar
vampirizando recursos públicos…
[1]
El 10 de marzo la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado su decisión de
considerar a la entidad de crédito andorrana Banca Privada d’Andorra (BPA) como
una institución financiera extranjera sometida a preocupación de primer orden
en materia de blanqueo de capitales (primary money laundering concern),
de acuerdo con la Sección 311 de la USA Patriot Act, proponiendo la
adopción de determinadas medidas que afectan a la entidad y a su grupo.
[2]Por
supuesto el coste final sería mucho más reducido porque sus activos tienen
valor pero el riesgo que corremos es ciertamente disparatado, incluso en el
caso de pequeñas entidades como Banco de Madrid.
[3]
BPA es propiedad de la
familia Cierco y en ella figuran como presidente Higini Cierco y Ramon
Cierco, miembro de la actual junta directiva del FC Barcelona
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