Cambio de sistema

Cambio de sistema

miércoles, 9 de enero de 2013

¿Dónde debe invertir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social?



Carlos Sánchez Mato


El Walt Street Journal ha publicado una noticia el pasado día 3 de enero en el que alerta que "España ha estado vaciando sigilosamente, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que ha usado como comprador de última instancia de los bonos del gobierno, una operación que plantea dudas sobre el papel del fondo como garante de las futuras pensiones. La maniobra, que ha pasado casi desapercibida, está por concluir ya que queda muy poco dinero disponible. Al menos 90% del fondo de 65.000 millones de euros,  han sido invertidos en deuda española". 
De este aparentemente alarmante aviso se han hecho eco diversos medios escritos en nuestro país y parece conveniente realizar algunas aclaraciones al mismo.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social que empezó a dotarse en tiempos de Aznar se ha nutrido con los excedentes anuales de dinero que ha tenido el sistema en los años pasados. La cifra actual del mismo es de unos 65 mil millones de euros después de la retirada de algo más de 3 mil millones de euros en el mes de septiembre por la delicadísima situación de la tesorería de la Seguridad Social. Con la disponibilidad del Fondo habría para pagar poco más de 6 meses del gasto del Estado en pensiones. Es decir, eso no supone (aunque sea una cantidad de dinero enorme) ninguna garantía para los pensionistas. La única garantía para los actuales beneficiarios del sistema y para los que en el futuro lo podamos ser consiste en el mantenimiento de un sistema basado en la solidaridad. Y solo será sostenible con un número mayor de cotizantes. Todas las actuaciones del actual Gobierno van en contra de la estabilidad del sistema: Más parados y trabajadores con menores salarios y bases de cotización como consecuencia de una reforma laboral que agudizará la situación de liquidez del sistema de pensiones. Responsabilizar de la quiebra del mismo únicamente a la pirámide poblacional cuando la pensión media supera ligeramente los 800 euros es una simplificación absurda.

¿Cómo se gestiona el Fondo de Reserva de la Seguridad Social?. Está establecido por ley que con ese dinero se invierta en instrumentos de renta fija (es decir, de poco riesgo) para obtener una rentabilidad dentro de la mayor seguridad posible. La ley establecía que solamente se podía invertir en bonos con la máxima calificación de las agencias de rating (AAA). Como todos sabemos, eso no es garantía de solvencia. De hecho, Lehman Brothers el día antes de su quiebra era AAA. Lo que ha hecho el Gobierno anterior y el actual ha continuado con idéntica política, es modificar la ley para poder seguir invirtiendo en la deuda pública española aun cuando ésta ha perdido la máxima calificación. De hecho, más del 90% del fondo está invertido en deuda pública española y eso es lo que critica el artículo.
¿Dónde se debe invertir la reserva del fondo de la Seguridad Social? ¿Hubiera sido mejor que se inviertiera en deuda pública alemana que no paga casi intereses y al mismo tiempo tener que pagar rentabilidades astronómicas a otros inversores que compren títulos de deuda española?. En la primera legislatura de Zapatero se lanzó el globo sonda de que, para obtener mayor rentabilidad, al fondo de reserva se le debiera permitir invertir en renta variable. Afortunadamente no se llegó a hacer porque sino se lo habrían fundido con la caída bursatil... Eso sería especular con el dinero de las pensiones y es lo que ya hacen los fondos de pensiones privados. Así les va (todos con rentabilidades negativas en los últimos 6 años). En todo caso, invertir en las necesidades de financiación del Estado con el ahorro excedentario de la Seguridad Social es lo correcto.
Otra cosa es que sea discutible el gasto que se financia dado que parte sustancial del endeudamiento adicional se ha destinado, por ejemplo, al salvamento del sistema bancario a costa de recortes sociales.
Por otro lado, el artículo genera dudas sobre la decisión de invertir en deuda pública de un país que puede tener dificultades graves para hacer frente a sus préstamos en el futuro. La realidad es que la deuda española es impagable. Más de 4,2 billones de euros de los cuales menos de un billón es deuda pública. Antes o después habrá que hacer una quita de deuda pública y de deuda privada. Pero la quita a realizar en la deuda pública tendría que tener en cuenta que una décima parte de los títulos de deuda de la Administración Central está en manos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Haríamos mal negocio haciéndonos una quita a nosotros mismos...
Esa necesaria y profunda reestructuración de la deuda que denominamos "rescate" se producirá antes o después. La clase trabajadora es la que está asumiendo el salvamento de las élites económicas responsables del porcentaje mayor de endeudamiento dado que han trasladado hacia el conjunto la responsabilidad de afrontar la quiebra.  De momento nos están dando hasta en el carnet de identidad... Más adelante, ¿Quién sabe?. Dependerá de la correlación de fuerzas.
En todo caso, si lo que se produce es una quiebra incontrolada del Estado (no han dejado que pase en Grecia, no es verosímil que eso ocurra en España), lo de menos sería el hecho de tener 6 meses de pensiones invertidos en oro, platino o deuda pública alemana...
Tenemos muchas cosas para criticar a los sirvenguenzas que nos gobiernan y a los anteriores. Pero ésta no es una de ellas.

martes, 8 de enero de 2013

¿Para qué pedir el rescate?



Carlos Sánchez Mato
La insostenible evolución de la deuda externa

En las últimas semanas, el Gobierno ha lanzado mensajes optimistas en relación a la mejora de las condiciones de financiación de la economía española. El resultado del clima más positivo aleja, según estas fuentes, la necesidad de un rescate por parte de la Unión Europea.
No deja de ser una cortina de humo (una más) lanzada por las terminales mediáticas afines: El proceso de rescate financiero ya comenzó hace tiempo y los datos de la evolución del endeudamiento externo no hacen sino reafirmar esta tesis.

Durante la última década, España ha recurrido de manera generalizada a la financiación externa para solventar el déficit de ahorro interno y de la balanza comercial.  Fueron los agentes privados los que incrementaron brutalmente su endeudamiento fuera de nuestras fronteras en el período 2002-2007, hasta el punto que el 99,2% de los más de 888 mil millones de euros de incremento de deuda externa bruta es atribuible a ellos. Cuando estalla la crisis económica en 2007, instituciones financieras y empresas, que fueron los que recurrieron sustancialmente a estos recursos, se vieron imposibilitados de acceder a los mismos, se produjo el colapso de los deudores. El shock del sector privado ha sido paliado con la intervención del Banco Central Europeo que ha sustituido los flujos que antes captaban en los mercados financieros.
En la siguiente etapa se produce una clara ralentización del crecimiento de la deuda externa bruta. Aún así, de 2007 a septiembre de 2012 se ha incrementado en más de 186 mil millones de euros hasta alcanzar la estratosférica cifra de 1,75 billones de euros (165% del PIB). Ahora bien, ha habido un cambio sustancial en cuanto a su composición. El colapso del acceso a los mercados de crédito por parte del sector privado, fundamentalmente de las entidades bancarias, ha modificado el mapa de la deuda externa bruta de la economía española. El sector financiero ha compensado sus enormes necesidades de liquidez con fuertes apelaciones al Banco Central Europeo (BCE) realizadas a través del Banco de España[1].  Eso ha supuesto un incremento de más 396 mil millones de euros hasta el mes de septiembre de 2012 lo que muestra la imposibilidad actual de obtener financiación ajena a la proporcionada por el sistema de supervisión público.  El proceso ha ido acompañado de un importante proceso de desendeudamiento de familias y empresas (casi 117 mil millones de euros).
Si analizamos de forma conjunta el período que va de 2002 a septiembre de 2012, se aprecia que el crecimiento de 1,075 billones de endeudamiento externo en el que ha incurrido la economía española se explica fundamentalmente por la actuación de los agentes privados. Si encuadramos el crecimiento de la deuda del Banco de España en el ámbito de las entidades financieras privadas que son las beneficiarias de la misma, tendríamos que más del 95% del incremento se debe a entidades financieras y otros sectores residentes[2].
Es una evidencia que el rescate ya se ha producido. Pero no se ha rescatado a las familias endeudadas con hipotecas sobre activos sobrevalorados y con rentas salariales (las que todavía disponen de ellas) en descenso continuo. La operación ha consistido en el salvamento parcial de los acreedores privados por parte del Banco de España que se subroga en la deuda que las entidades financieras han contraído con el Banco Central Europeo hasta acumular el 22,88% de la deuda externa bruta total.

 Ver documento completo



[1] Ese dinero lo deben, en realidad, las entidades financieras, pero aparece en el balance del banco central. 
[2] Fundamentalmente grandes empresas que son las que tienen capacidad de endeudarse con inversores extranjeros.

viernes, 4 de enero de 2013

REGALO DE REYES PARA CAIXA


Carlos Sánchez Mato

¿A quién le amarga un regalo de 4 mil millones de euros? Ese es el obsequio que se ha encontrado Caixa con la adjudicación del Banco de Valencia en la peculiar subasta celebrada por el Estado. Con esta operación de venta se ha consumado un escandaloso expolio de fondos públicos justificado con el argumento de que el coste para el erario público será infinitamente menor que la factura que finalmente pagarían los ciudadanos si se dejara caer a la arruinada entidad.  ¿Era más barato para el Estado actuar de esa forma y, sobre todo, era la única alternativa?
Está claro que no.
Es verdad que no actuar inyectando fondos en Banco de Valencia sería tremendamente oneroso para el Estado. El proceso de sustitución de acreedores que se adoptó hace dos años hace que el volumen de pasivo soportado de hecho por el Estado sea ya enorme. Más de 21 mil millones de euros nos costaría a todos no intervenir. Optar por la liquidación implica un enorme quebranto para las arcas públicas a corto plazo dado que los acreedores privados ya han sido salvados en su mayor parte. Los activos sanos de Banco de Valencia serían líquidos a medio y largo plazo. Sin embargo, los depósitos y los avales a las emisiones de deuda serían exigidos de manera inmediata.
Sin embargo, entre la no intervención que supondría una quiebra inmediata del Banco de Valencia y la inyección de fondos públicos adicionales para sanearla y regalarla posteriormente a una entidad bancaria privada hay un abismo.
Ese es el engaño fundamental de esta operación: Había otra solución que consiste en gestionar adecuadamente el banco dentro del perímetro de una banca pública orientada a la obtención de una rentabilidad económica para el Estado y social para los ciudadanos. El coste de esta operación hubiera sido claramente inferior al soportado en la transmisión a Caixabank.
Sin embargo, se ha optado por elegir una salida para el Banco de Valencia que supone hacer un maravilloso regalo a Caixabank con dinero público. Eso sí,  después de socializar las pérdidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (7 mil millones de euros adicionales a los ya enterrados en la filial del Banco Financiero y de Ahorros). 
La operación de venta de Banco de Valencia culmina una desastrosa gestión de la quiebra de una entidad financiera de reducidísimo tamaño para el sistema bancario español al que se habrán dado ayudas públicas cercanas a los 18 mil millones de euros, cifra superior a los recortes realizados en Sanidad y Educación en el conjunto del Estado de 2010 a 2013.

Y esto no ha hecho más que empezar…




martes, 11 de diciembre de 2012

El Gobierno, con los suyos



Carlos Sánchez Mato


No le ha bastado al Gobierno con aprobar una amnistía fiscal para que los defraudadores que han mantenido sus capitales a salvo de sus obligaciones tributarias, puedan regularizar su situación.
No ha sido suficiente con minimizar el coste que los tramposos han tenido que soportar, reduciendo el porcentaje a  pagar al 10% y solamente de los ejercicios no prescritos.
Dado que no se colmaban las aspiraciones de los incumplidores se optó por no cobrar recargos, multas ni, por supuesto, sanción penal alguna por los delitos cometidos.
Pero no era bastante y por ello el Gobierno ha modificado la normativa que regula la amnistía fiscal cuando ya había finalizado el plazo que permitió acogerse a la misma. En el Boletín Oficial del Estado del pasado día 27 de diciembre, con nocturnidad y alevosía, se ha publicado  la disposición adicional tercera en la ley de medidas urgentes de liberalización de comercio en la que se permite que quienes ya han aflorado patrimonios defraudados puedan subrogar las declaraciones presentadas. Es decir, Hacienda ha admitido que los que han “regularizado” su situación fiscal amparados por la ley, puedan haber utilizado testaferros y les permite poder revelar su identidad durante todo el año 2013. 
Según las informaciones publicadas en prensa, esta modificación es una consecuencia de las presiones ejercidas por los poderosos bufetes especializados que han asesorado a sus no menos poderosos clientes. El objetivo último era “eliminar las reticencias que los evasores tenían y proporcionarles seguridad jurídica”. Según la Agencia Tributaria esos cambios legales permitieron que la mayoría de las adhesiones a la amnistía tuvieron lugar en los últimos quince días de noviembre que cerraban el plazo legal para acogerse a la misma.
Desengañémonos. No vamos a saber nunca con certeza la lista de la “gente de bien y orden” que ha defraudado a Hacienda. Si es preciso habrá nuevas normativas y disposiciones legales que blinden la actuación de los que han estafado a todos al mismo tiempo que daban lecciones de patriotismo. Y si las actuaciones judiciales les pudieran alcanzar alguna vez, no hay motivo para inquietarse: Para eso tiene el Gobierno la capacidad de indulto…
El fin no justifica los medios. En este caso no se ha conseguido el objetivo de recaudación que el Gobierno se había fijado ya que no ha conseguido ni la mitad de los 2.500 millones de euros presupuestados. En cuanto a los medios utilizados no pueden sino causar sonrojo e indignación a cualquier ciudadano, salvo a los que disponen de cuentas bancarias en paraísos fiscales.

sábado, 10 de noviembre de 2012

Banca Pública, banca de todos

ATTAC TV

En esta entrevista, Carlos Sánchez Mato explica la situación actual de las cajas de ahorro, reflexiona sobre la importancia de la banca pública y desmonta los mitos sobre la nacionalización.
Carlos Sánchez Mato es miembro de la Plataforma por la nacionalización de las cajas de ahorro y de Attac Madrid.

http://www.youtube.com/watch?v=Yhav5-mwLGI&noredirect=1

jueves, 1 de noviembre de 2012

Malo no, peor: Certezas sobre el “Banco Malo”



Carlos Sánchez Mato

El proceso de reestructuración y recapitalización del sector bancario español avanza por la senda establecida en el Memorándum de Entendimiento rubricado por el Gobierno español el 20 de julio del presente año.
Se ha publicado el Informe de Oliver Wyman que limita las necesidades de capital a un máximo de 53 mil millones de euros y excluye de posibles déficit de capital a Santander, BBVA, Caixa, Sabadell, Unicaja, IberCaja, BBK y Bankinter. El objetivo del Gobierno, el Banco de España y las autoridades europeas ha sido, en todo momento, minimizar las necesidades de capital de las entidades en un vano intento de que se restablezca la confianza en las mismas. Para cumplir con este objetivo, la consultora estadounidense, a cambio de un módico precio de 31 millones de euros, ha sobreestimado la capacidad que los bancos españoles tienen de soportar las inevitables pérdidas que ocultan en sus balances.
El siguiente paso ha consistido en la presentación por parte del resto de entidades de sus planes de recapitalización. A continuación, solamente en las entidades que precisen fondos públicos para su reflotamiento, se realizará la segregación de activos “problemáticos” para su traspaso a una Sociedad de Gestión de Activos (SAREB). Esta empresa que se ocupará de gestionar hasta un máximo de 90 mil millones de euros es lo que conocemos por “Banco Malo”. Según las estimaciones realizadas en la presentación pública, los activos tóxicos que gestionará SAREB alcanzarán los 60 mil millones de euros en una primera fase y los préstamos, inmuebles y suelo procederán de las entidades ya nacionalizadas (BFA-Bankia, Cataluña Caixa, NCG Banco y Banco de Valencia) y de aquellas encuadradas en el Grupo 2 que precisan ayudas públicas (Liberbank, Banco Mare Nostrum, Cajatres y Caja España-Duero).  
El Gobierno defiende que la actuación de esta sociedad de activos permitirá una mejor gestión de los activos problemáticos y contribuirá a la recapitalización y viabilidad del sector bancario.
Sin embargo, además de la descomunal estafa que supone asumir con fondos públicos la desastrosa gestión realizada por las entidades bancarias, en la puesta en marcha de SAREB podemos encontrar diversos elementos que acentúan el fraude a los ciudadanos y convierten el mismo en inútil para resolver el problema de la quiebra de las entidades.

  1. La Sociedad de Gestión de Activos no aborda la totalidad del problema. El volumen de créditos, inmuebles y suelo transferido a la misma no alcanzará ni el 40% del existente en el sistema bancario. En su afán de minimizar el problema existente, se deja fuera del perímetro de la misma a más del 60% de los activos tóxicos reconocidos y a la mitad de las entidades bancarias. Y eso solamente si contabilizamos como activos tóxicos los encuadrados en el segmento de créditos al sector inmobiliario y de construcción. Además de esos 309 mil millones de euros, no se pueden considerar exentos de graves dificultades, créditos a particulares destinados a adquisición de vivienda (sobre todo los correspondientes a los últimos años de burbuja) y préstamos a empresas industriales con garantías inmobiliarias. Según los últimos datos del Banco de España, el saldo de crédito hipotecario que el sector bancario ha concedido a familias y empresas supera los 966 mil millones de euros y hay que ser conscientes que el valor de las garantías que los bancos tenían se han desplomado.  

  1. Los recursos propios que se han fijado para la puesta en marcha de SAREB son insuficientes para la magnitud del reto que aborda. Precisará en la primera fase de un máximo de 60 mil millones de euros para adquirir los activos tóxicos (ya con el recorte acordado). Los fondos propios de la sociedad serán un 8% de dicho importe (una parte de los mismos podrían ser bonos subordinados, es decir, títulos de deuda). La insuficiencia de capital causará graves dificultades para una adecuada gestión de los activos adquiridos, máxime cuando se trata de elementos de difícil venta a corto plazo. Con un capital de 4.800 millones de euros (parte de ello suscrito en forma de deuda subordinada) la sociedad debería emitir títulos de deuda por un importe de más de 55 mil millones de euros que serán avalados por el Estado. Es inconcebible que se quiera solucionar un problema de excesivo apalancamiento de las entidades financieras con un vehículo de activos tóxicos basado en más apalancamiento.

  1. Como consecuencia del mínimo capital que aportarán los accionistas, el “Banco Malo” pagará los activos a las entidades con los títulos de deuda emitidos con el aval del Estado. Sin embargo, las incógnitas a partir de ese punto se multiplican. Se desconoce el plazo y el tipo de interés con los que se emitirán los bonos pero la amortización será en torno a los quince años (duración máxima del vehículo creado) y la rentabilidad de ese tipo de deuda tendría que ser superior al 6% en las actuales condiciones de mercado. Sin embargo, eso lastraría aún más la dudosa rentabilidad a corto plazo de SAREB porque supondría un coste financiero anual cercano a los 3 mil millones de euros. Si se toma la decisión de fijar una rentabilidad financiera muy reducida, las entidades bancarias que reciban estos bonos como pago de sus activos estarán obligadas a mantenerlos en su balance sin otra opción que utilizarlos como colateral ante el Banco Central Europeo, dado que ningún inversor se los compraría. Sin embargo, la utilización del BCE para obtener liquidez a los plazos necesarios no está suficientemente clara. No está anunciada ninguna operación de préstamo a medio plazo como las realizadas a finales de 2011 y principios de 2012 por parte de la entidad por lo que dependerían de operaciones de financiación a corto plazo.

  1. El traspaso de activos tóxicos a una entidad que no tendrá operativa bancaria produce una paradoja de enorme importancia en cuanto a las necesidades de capital de los bancos que se liberan de ellos. Reduce drásticamente el importe de activos ponderados por riesgo y es sobre este dato sobre el que se aplica el requerimiento del 9% de capital de máxima calidad.  Dada la normativa, cambian activos con riesgo por bonos avalados por el Estado que computan como activos sin riesgo. El resultado es que los requerimientos de capital disminuyen en 6 mil millones aproximadamente con respecto a la situación previa a la transferencia a SAREB. A un sector cuyo problema fundamental es la escasez de patrimonio neto, se le reducen las exigencias con un nuevo artificio contable.

  1. SAREB se presenta como una sociedad “que no formará parte del sector de Administraciones Públicas”. Se trata de una forma de ocultar una realidad evidente. De los 60 mil millones de euros de inversión en activos tóxicos iniciales, el Estado aportará aproximadamente 57 mil millones de euros entre capital y deuda avalada. Sin embargo, el FROB tendrá una participación minoritaria en el capital para evitar que las pérdidas de SAREB computen como déficit público y la deuda sea considerada como pública. La sociedad, sus objetivos generales y su operativa ha sido diseñada por el Ministerio de Economía y Competitividad con el auxilio del Banco de España. Contará además con una Comisión de Seguimiento que controlará su actuación y que estará formada además por los anteriormente citados, por el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Simular que no es una empresa pública no es otra cosa que un flagrante fraude de ley.

  1. Los inversores privados que participen finalmente en SAREB se beneficiarán de una ventajosa tributación fiscal (1% en el impuesto sobre Sociedades). Si se trata de inversores extranjeros tendrán exenciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes por los dividendos o ganancias patrimoniales que reciban por su participación en SAREB.

  1. Aún con las ventajas fiscales, será extremadamente complicado para el Gobierno “convencer” a los inversores privados para que entren en el accionariado de la Sociedad de gestión de activos. El Plan de negocio “prevé una rentabilidad esperada sobre el capital invertido del 14%-15%  en un escenario conservador”. Aunque se anuncie que el traspaso de activos se realiza con enormes descuentos, es necesario precisar que los precios de transferencia son similares a los del escenario adverso planteado en el Informe de Oliver Wyman (escenario éste considerado altamente improbable hace un mes). Se trata de descuentos sobre valores de tasación del punto más álgido de la burbuja por lo que no hay garantía alguna de que a los precios traspasados será posible su venta. La media será un descuento del 63% con relación al bruto en libros para los activos adjudicados. Según tipo de activos, el descuento es del 79,5% para el suelo; 63,2% para las promociones en curso y 54,2% para las viviendas terminadas. En el caso de préstamos a promotores, el descuento medio es del 45,6%, incluyendo recortes del 32,4% para proyectos ya terminados y del 53,6% para créditos destinados a financiar suelo urbano.

  1. Se ha optado por realizar el traspaso de los activos al mínimo posible que permita la comercialización de los mismos con alguna posibilidad de obtener ganancia económica pero sin generalizar esos precios al conjunto de las entidades. Se defiende que el valor al que se traspasan los activos por parte de las 8 entidades “no constituye una referencia para la valoración de activos bancarios no transferidos”. Es decir, se establece un doble criterio a la hora del reconocimiento de pérdidas por deterioro de activos en las entidades bancarias. A unas se les obliga a dotar las provisiones por la depreciación del valor de créditos, inmuebles o suelo mientras que a otras se les permite no hacerlo. Según un informe recientemente publicado por Merrill Lynch, el déficit de provisiones respecto a los precios estimados de traspaso al SAREB ascendería a 8.474 millones para BBVA-Unnim, 5.971 millones de euros para Santander, de 3.649 millones para Unicaja-Caja España, de 1.724 millones para KutxaBank, de 1.272 millones para Sabadell-CAM. El estudio no incluye a CaixaBank (aunque otras estimaciones afirman que esta entidad tiene un déficit de más de 2.300 millones solamente en adjudicados). Solamente Bankinter tiene un superávit de provisiones de 177 millones. Fuera del grupo 0, Merrill considera que Ibercaja necesita más de 3.000 millones para poner sus activos a precios del 'banco malo' y el Popular tendría que asumir un deterioro adicional de 7.529 millones de euros. Como se puede apreciar, el tratamiento diferencial ahorra 34 mil millones de euros en provisiones a las entidades bancarias que han “aprobado” según Oliver Wyman pero que estarían en idéntica situación que las que han precisado apoyo público.


  1. Para alcanzar la rentabilidad presupuestada, SAREB deberá conseguir algo extremadamente complejo en la situación actual: financiación para los activos que enajene. Pero eso es algo utópico no solo en el corto sino también en el medio plazo. No parece probable que las entidades nacionalizadas vayan a financiar la adquisición de activos traspasados y mucho menos posible es que las entidades que no hayan aportado activos problemáticos al “banco malo” vayan a incrementar su cuota de mercado en el sector inmobiliario.

  1. SAREB no ha planteado en su plan de negocio ninguna alternativa en materia de política de vivienda diferente a las estrategias fallidas que hasta el momento se han utilizado en nuestro país. Ni alquiler social, ni erradicación de los desahucios. Parece evidente que no es su objetivo ni tampoco el del Gobierno.

La conclusión que el diseño del “banco malo” nos ofrece es que, como en las fases anteriores de la crisis financiera, se ha optado por socializar las pérdidas derivadas de los activos sobrevalorados que las entidades acumulan en sus balances. Pero se hace de la peor forma posible: ocultando la participación pública en el rescate a los causantes de la quiebra y cediendo la mayoría accionarial en la sociedad de gestión de dichos activos a inversores privados. 

No es malo, es peor.