Banco Malo: La estafa prosigue...

Video explicativo sobre el funcionamiento del Banco Malo elaborado por el 15M.

https://www.youtube.com/watch?v=LJfP2lGXEPU

El Gobierno, con los suyos

Carlos Sánchez Mato

No le ha bastado al Gobierno con aprobar una amnistía fiscal para que los defraudadores que han mantenido sus capitales a salvo de sus obligaciones tributarias, puedan regularizar su situación.

No ha sido suficiente con minimizar el coste que los tramposos han tenido que soportar, reduciendo el porcentaje a  pagar al 10% y solamente de los ejercicios no prescritos.

Dado que no se colmaban las aspiraciones de los incumplidores se optó por no cobrar recargos, multas ni, por supuesto, sanción penal alguna por los delitos cometidos.

Pero no era bastante y por ello el Gobierno ha modificado la normativa que regula la amnistía fiscal cuando ya había finalizado el plazo que permitió acogerse a la misma. En el Boletín Oficial del Estado del pasado día 27 de diciembre, con nocturnidad y alevosía, se ha publicado  la disposición adicional tercera en la ley de medidas urgentes de liberalización de comercio en la que se permite que quienes ya han aflorado patrimonios defraudados puedan subrogar las declaraciones presentadas. Es decir, Hacienda ha admitido que los que han “regularizado” su situación fiscal amparados por la ley, puedan haber utilizado testaferros y les permite poder revelar su identidad durante todo el año 2013. 

Según las informaciones publicadas en prensa, esta modificación es una consecuencia de las presiones ejercidas por los poderosos bufetes especializados que han asesorado a sus no menos poderosos clientes. El objetivo último era “eliminar las reticencias que los evasores tenían y proporcionarles seguridad jurídica”. Según la Agencia Tributaria esos cambios legales permitieron que la mayoría de las adhesiones a la amnistía tuvieron lugar en los últimos quince días de noviembre que cerraban el plazo legal para acogerse a la misma.

Desengañémonos. No vamos a saber nunca con certeza la lista de la “gente de bien y orden” que ha defraudado a Hacienda. Si es preciso habrá nuevas normativas y disposiciones legales que blinden la actuación de los que han estafado a todos al mismo tiempo que daban lecciones de patriotismo. Y si las actuaciones judiciales les pudieran alcanzar alguna vez, no hay motivo para inquietarse: Para eso tiene el Gobierno la capacidad de indulto…

El fin no justifica los medios. En este caso no se ha conseguido el objetivo de recaudación que el Gobierno se había fijado ya que no ha conseguido ni la mitad de los 2.500 millones de euros presupuestados. En cuanto a los medios utilizados no pueden sino causar sonrojo e indignación a cualquier ciudadano, salvo a los que disponen de cuentas bancarias en paraísos fiscales.

Banca Pública, banca de todos

ATTAC TV

En esta entrevista, Carlos Sánchez Mato explica la situación actual de las cajas de ahorro, reflexiona sobre la importancia de la banca pública y desmonta los mitos sobre la nacionalización.

Carlos Sánchez Mato es miembro de la Plataforma por la nacionalización de las cajas de ahorro y de Attac Madrid.

http://www.youtube.com/watch?v=Yhav5-mwLGI&noredirect=1

Malo no, peor: Certezas sobre el “Banco Malo”

Carlos Sánchez Mato

El proceso de reestructuración y recapitalización del sector bancario español avanza por la senda establecida en el Memorándum de Entendimiento rubricado por el Gobierno español el 20 de julio del presente año.

Se ha publicado el Informe de Oliver Wyman que limita las necesidades de capital a un máximo de 53 mil millones de euros y excluye de posibles déficit de capital a Santander, BBVA, Caixa, Sabadell, Unicaja, IberCaja, BBK y Bankinter. El objetivo del Gobierno, el Banco de España y las autoridades europeas ha sido, en todo momento, minimizar las necesidades de capital de las entidades en un vano intento de que se restablezca la confianza en las mismas. Para cumplir con este objetivo, la consultora estadounidense, a cambio de un módico precio de 31 millones de euros, ha sobreestimado la capacidad que los bancos españoles tienen de soportar las inevitables pérdidas que ocultan en sus balances.

El siguiente paso ha consistido en la presentación por parte del resto de entidades de sus planes de recapitalización. A continuación, solamente en las entidades que precisen fondos públicos para su reflotamiento, se realizará la segregación de activos “problemáticos” para su traspaso a una Sociedad de Gestión de Activos (SAREB). Esta empresa que se ocupará de gestionar hasta un máximo de 90 mil millones de euros es lo que conocemos por “Banco Malo”. Según las estimaciones realizadas en la presentación pública, los activos tóxicos que gestionará SAREB alcanzarán los 60 mil millones de euros en una primera fase y los préstamos, inmuebles y suelo procederán de las entidades ya nacionalizadas (BFA-Bankia, Cataluña Caixa, NCG Banco y Banco de Valencia) y de aquellas encuadradas en el Grupo 2 que precisan ayudas públicas (Liberbank, Banco Mare Nostrum, Cajatres y Caja España-Duero).  

El Gobierno defiende que la actuación de esta sociedad de activos permitirá una mejor gestión de los activos problemáticos y contribuirá a la recapitalización y viabilidad del sector bancario.

Sin embargo, además de la descomunal estafa que supone asumir con fondos públicos la desastrosa gestión realizada por las entidades bancarias, en la puesta en marcha de SAREB podemos encontrar diversos elementos que acentúan el fraude a los ciudadanos y convierten el mismo en inútil para resolver el problema de la quiebra de las entidades.

1. La Sociedad de Gestión de Activos no aborda la totalidad del problema. El volumen de créditos, inmuebles y suelo transferido a la misma no alcanzará ni el 40% del existente en el sistema bancario. En su afán de minimizar el problema existente, se deja fuera del perímetro de la misma a más del 60% de los activos tóxicos reconocidos y a la mitad de las entidades bancarias. Y eso solamente si contabilizamos como activos tóxicos los encuadrados en el segmento de créditos al sector inmobiliario y de construcción. Además de esos 309 mil millones de euros, no se pueden considerar exentos de graves dificultades, créditos a particulares destinados a adquisición de vivienda (sobre todo los correspondientes a los últimos años de burbuja) y préstamos a empresas industriales con garantías inmobiliarias. Según los últimos datos del Banco de España, el saldo de crédito hipotecario que el sector bancario ha concedido a familias y empresas supera los 966 mil millones de euros y hay que ser conscientes que el valor de las garantías que los bancos tenían se han desplomado.  

2. Los recursos propios que se han fijado para la puesta en marcha de SAREB son insuficientes para la magnitud del reto que aborda. Precisará en la primera fase de un máximo de 60 mil millones de euros para adquirir los activos tóxicos (ya con el recorte acordado). Los fondos propios de la sociedad serán un 8% de dicho importe (una parte de los mismos podrían ser bonos subordinados, es decir, títulos de deuda). La insuficiencia de capital causará graves dificultades para una adecuada gestión de los activos adquiridos, máxime cuando se trata de elementos de difícil venta a corto plazo. Con un capital de 4.800 millones de euros (parte de ello suscrito en forma de deuda subordinada) la sociedad debería emitir títulos de deuda por un importe de más de 55 mil millones de euros que serán avalados por el Estado. Es inconcebible que se quiera solucionar un problema de excesivo apalancamiento de las entidades financieras con un vehículo de activos tóxicos basado en más apalancamiento.

3. Como consecuencia del mínimo capital que aportarán los accionistas, el “Banco Malo” pagará los activos a las entidades con los títulos de deuda emitidos con el aval del Estado. Sin embargo, las incógnitas a partir de ese punto se multiplican. Se desconoce el plazo y el tipo de interés con los que se emitirán los bonos pero la amortización será en torno a los quince años (duración máxima del vehículo creado) y la rentabilidad de ese tipo de deuda tendría que ser superior al 6% en las actuales condiciones de mercado. Sin embargo, eso lastraría aún más la dudosa rentabilidad a corto plazo de SAREB porque supondría un coste financiero anual cercano a los 3 mil millones de euros. Si se toma la decisión de fijar una rentabilidad financiera muy reducida, las entidades bancarias que reciban estos bonos como pago de sus activos estarán obligadas a mantenerlos en su balance sin otra opción que utilizarlos como colateral ante el Banco Central Europeo, dado que ningún inversor se los compraría. Sin embargo, la utilización del BCE para obtener liquidez a los plazos necesarios no está suficientemente clara. No está anunciada ninguna operación de préstamo a medio plazo como las realizadas a finales de 2011 y principios de 2012 por parte de la entidad por lo que dependerían de operaciones de financiación a corto plazo.

4. El traspaso de activos tóxicos a una entidad que no tendrá operativa bancaria produce una paradoja de enorme importancia en cuanto a las necesidades de capital de los bancos que se liberan de ellos. Reduce drásticamente el importe de activos ponderados por riesgo y es sobre este dato sobre el que se aplica el requerimiento del 9% de capital de máxima calidad.  Dada la normativa, cambian activos con riesgo por bonos avalados por el Estado que computan como activos sin riesgo. El resultado es que los requerimientos de capital disminuyen en 6 mil millones aproximadamente con respecto a la situación previa a la transferencia a SAREB. A un sector cuyo problema fundamental es la escasez de patrimonio neto, se le reducen las exigencias con un nuevo artificio contable.

5. SAREB se presenta como una sociedad “que no formará parte del sector de Administraciones Públicas”. Se trata de una forma de ocultar una realidad evidente. De los 60 mil millones de euros de inversión en activos tóxicos iniciales, el Estado aportará aproximadamente 57 mil millones de euros entre capital y deuda avalada. Sin embargo, el FROB tendrá una participación minoritaria en el capital para evitar que las pérdidas de SAREB computen como déficit público y la deuda sea considerada como pública. La sociedad, sus objetivos generales y su operativa ha sido diseñada por el Ministerio de Economía y Competitividad con el auxilio del Banco de España. Contará además con una Comisión de Seguimiento que controlará su actuación y que estará formada además por los anteriormente citados, por el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Simular que no es una empresa pública no es otra cosa que un flagrante fraude de ley.

6. Los inversores privados que participen finalmente en SAREB se beneficiarán de una ventajosa tributación fiscal (1% en el impuesto sobre Sociedades). Si se trata de inversores extranjeros tendrán exenciones en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes por los dividendos o ganancias patrimoniales que reciban por su participación en SAREB.

7. Aún con las ventajas fiscales, será extremadamente complicado para el Gobierno “convencer” a los inversores privados para que entren en el accionariado de la Sociedad de gestión de activos. El Plan de negocio “prevé una rentabilidad esperada sobre el capital invertido del 14%-15%  en un escenario conservador”. Aunque se anuncie que el traspaso de activos se realiza con enormes descuentos, es necesario precisar que los precios de transferencia son similares a los del escenario adverso planteado en el Informe de Oliver Wyman (escenario éste considerado altamente improbable hace un mes). Se trata de descuentos sobre valores de tasación del punto más álgido de la burbuja por lo que no hay garantía alguna de que a los precios traspasados será posible su venta. La media será un descuento del 63% con relación al bruto en libros para los activos adjudicados. Según tipo de activos, el descuento es del 79,5% para el suelo; 63,2% para las promociones en curso y 54,2% para las viviendas terminadas. En el caso de préstamos a promotores, el descuento medio es del 45,6%, incluyendo recortes del 32,4% para proyectos ya terminados y del 53,6% para créditos destinados a financiar suelo urbano.

8. Se ha optado por realizar el traspaso de los activos al mínimo posible que permita la comercialización de los mismos con alguna posibilidad de obtener ganancia económica pero sin generalizar esos precios al conjunto de las entidades. Se defiende que el valor al que se traspasan los activos por parte de las 8 entidades “no constituye una referencia para la valoración de activos bancarios no transferidos”. Es decir, se establece un doble criterio a la hora del reconocimiento de pérdidas por deterioro de activos en las entidades bancarias. A unas se les obliga a dotar las provisiones por la depreciación del valor de créditos, inmuebles o suelo mientras que a otras se les permite no hacerlo. Según un informe recientemente publicado por Merrill Lynch, el déficit de provisiones respecto a los precios estimados de traspaso al SAREB ascendería a 8.474 millones para BBVA-Unnim, 5.971 millones de euros para Santander, de 3.649 millones para Unicaja-Caja España, de 1.724 millones para KutxaBank, de 1.272 millones para Sabadell-CAM. El estudio no incluye a CaixaBank (aunque otras estimaciones afirman que esta entidad tiene un déficit de más de 2.300 millones solamente en adjudicados). Solamente Bankinter tiene un superávit de provisiones de 177 millones. Fuera del grupo 0, Merrill considera que Ibercaja necesita más de 3.000 millones para poner sus activos a precios del 'banco malo' y el Popular tendría que asumir un deterioro adicional de 7.529 millones de euros. Como se puede apreciar, el tratamiento diferencial ahorra 34 mil millones de euros en provisiones a las entidades bancarias que han “aprobado” según Oliver Wyman pero que estarían en idéntica situación que las que han precisado apoyo público.

9. Para alcanzar la rentabilidad presupuestada, SAREB deberá conseguir algo extremadamente complejo en la situación actual: financiación para los activos que enajene. Pero eso es algo utópico no solo en el corto sino también en el medio plazo. No parece probable que las entidades nacionalizadas vayan a financiar la adquisición de activos traspasados y mucho menos posible es que las entidades que no hayan aportado activos problemáticos al “banco malo” vayan a incrementar su cuota de mercado en el sector inmobiliario.

10. SAREB no ha planteado en su plan de negocio ninguna alternativa en materia de política de vivienda diferente a las estrategias fallidas que hasta el momento se han utilizado en nuestro país. Ni alquiler social, ni erradicación de los desahucios. Parece evidente que no es su objetivo ni tampoco el del Gobierno.

La conclusión que el diseño del “banco malo” nos ofrece es que, como en las fases anteriores de la crisis financiera, se ha optado por socializar las pérdidas derivadas de los activos sobrevalorados que las entidades acumulan en sus balances. Pero se hace de la peor forma posible: ocultando la participación pública en el rescate a los causantes de la quiebra y cediendo la mayoría accionarial en la sociedad de gestión de dichos activos a inversores privados. 

No es malo, es peor.

¿Quién se cree los test de estrés?

Carlos Sánchez Mato

 

El Gobierno español ha decidido volver a “suicidarse” con la nueva reforma financiera. En su empeño por limitar el alcance de la situación de quiebra en la que se encuentra el sector bancario patrio, está realizando todos los esfuerzos posibles para que el resultado de los test de estrés realizados por Oliver Wyman, suponga finalmente unas necesidades de capital adicional inferiores a los 60.000 millones de euros. Para ello está usando las mismas prácticas deplorables que han llevado a las entidades bancarias a la falta de credibilidad de la que gozan actualmente sus estados financieros. Lo más cómico de la situación es que, en su afán por hacer creíble sus previsiones, incluso ya hay quien especula con lo que se podría hacer con el dinero del rescate que sobraría…

Los periódicos a nivel internacional desconfían del informe aún no publicado. En concreto, el Wall Street Journal dejaba el pasado lunes un mensaje claro: Los mercados no se creen el ejercicio por las reducidas necesidades de capital que identificarán y pronostica que un tercer fallo del Gobierno de Rajoy después de las dos “soluciones definitivas” de febrero y mayo sería "calamitoso" para España y para toda la zona euro.

Independientemente  si los mercados se creen o no las necesidades de capital que están cocinando entre el Ministerio de Economía, el Banco de España y Oliver Wyman, resulta pavoroso el simplista análisis que el Gobierno está realizando (una vez más) a la hora de abordar la crisis bancaria. Según esta particular visión que nace de las pruebas realizadas, los 60.000 millones de euros  ni siquiera son necesarios como nuevo capital ya que las entidades tendrían todavía tiempo hasta junio de 2013 para realizar ventas de activos, “endosar” pérdidas a los tenedores de participaciones preferentes y traspasar activos tóxicos al “banco malo”.  Vamos que, todo el problema se podría arreglar con unos milloncejos de euros de nada… ¿Y para esto tanto lío?.

Por desgracia, el problema es mucho más grave que lo que este nuevo diagnóstico va a reconocer.

El test realizado plantea un escenario catastrófico de caída del Producto Interior Bruto del 6,5% en 2012-2014, un descenso del precio de la vivienda del 55% respecto a los máximos de la burbuja inmobiliaria, un desplome del precio del suelo del 85% y una tasa de paro del 27%. El primer error es no caer en la cuenta de que ese escenario ya es una realidad hoy (salvo en el decrecimiento del PIB,  gracias a la inestimable ayuda del Instituto Nacional de Estadística). En dicha situación, el examinador considera que las entidades bancarias deben tener un capital de máxima calidad del 6% con respecto a los activos ponderados por riesgo. Este segundo aspecto merece una profunda crítica dado que el propio Gobierno acaba de exigir en el Real Decreto de 31 de agosto que las entidades deben tener un capital mínimo del 9%... Esa “ayudita” supone un ahorro en necesidades de capital de más de 57 mil millones de euros.

Las filtraciones que han trascendido indican que los únicos bancos que no presentarán necesidades de capital son Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Kutxabank (denominado grupo 0). En el extremo opuesto se encuadran en el grupo 1 las entidades ya nacionalizadas (BFA-Bankia, Novagalicia Caixa, Catalunya Caixa y Banco de Valencia), que acumularán la necesidad global de capital mayor que tendrá que ser cubierta con  recursos procedentes del rescate europeo aprobado.

Al resto de entidades se les cifraran necesidades de capital inferiores que podrán solventar acudiendo al mercado (no se rían, por favor) o utilizando al Estado que suscribirá bonos contingentes convertibles que serán convertidos en acciones públicas si no son recomprados por las entidades en el próximo mes de junio.

Dado que las exigencias de provisiones en esta prueba de esfuerzo exigida a la banca no han sido suficientes, las valoraciones del suelo, inmuebles y créditos del sector inmobiliario y de otros sectores no reflejarán la realidad actual de mercado. Se reconoce implícitamente que seguirá habiendo “activos tóxicos” en los balances de las entidades bancarias y por eso es necesario el “banco malo” que no sólo incluirá los inmuebles adjudicados y el crédito promotor moroso o subestándar (con dificultades), sino también el crédito promotor teóricamente sano ligado a suelo.  Aunque el diseño final no está decidido, es probable que también entre el resto del crédito promotor normal de las entidades que necesiten ser rescatadas con dinero público.  Si esa fuera la opción, este “banco malo” supondría un 28% de los activos tóxicos existentes en el conjunto del sector (90 mil millones brutos menos 28 mil millones de provisiones realizadas). Si se transfieren al banco malo a ese valor neto de 62 mil millones de euros (valor bruto menos provisiones), esta institución se hartará de perder dinero público porque enajenará esos bienes con toda seguridad a precios inferiores a los de traspaso. Pero, ¿y si los transfieren con un descuento superior, un 20% por ejemplo? En este caso obligarían a unas provisiones superiores (18 mil millones de euros más para estas cuatro entidades nacionalizadas) y lo que es peor para el Gobierno,  ese criterio tendría que ser adoptado por el resto del sector para valorar si sus provisiones son suficientes o no y revelaría una insuficiencia de las mismas en más de 40 mil millones de euros.  En todo caso, una solución de ese tipo (banco malo con activos únicamente de las entidades ya nacionalizadas) sería una solución parcial y no cumpliría con el objetivo que se ha fijado el Gobierno de que el Estado fuera minoritario en dicha entidad. No es realista pensar que ningún inversor ávido de altas rentabilidades invierta en un “banco malo” que ha comprado activos que siguen contabilizados a precios inflados. Por lo tanto, el Gobierno y el Banco de España han “invitado” a las entidades teóricamente más fuertes (Santander, BBVA y Caixa) a ser accionistas del engendro con otro formato. Se les ha sugerido que aporten sus activos inmobiliarios (tóxicos igual que los otros) pero a cambio de acciones del “banco malo”. Aportarían entre las tres aproximadamente 70 mil millones de euros en activos con idéntico criterio de valoración (valor bruto menos provisiones actuales). A estas tres entidades, el favor que nos hacen les reportaría un ahorro en necesidades de capital de 6 mil millones de euros. La máxima ilusión de los que han pergeñado el plan es que esos activos no computen ni en el “balance del Estado” ni en el de las “entidades”. Vamos que buscan que con el movimiento desaparezcan y no sean gravosos para nadie. Pero por mucha contabilidad creativa que se pueda imaginar, los 310 mil millones de euros existen (vaya si existen).

En definitiva, el Gobierno con la ayuda de Oliver Wyman, está buscando un equilibrio imposible de alcanzar: Mínimas necesidades de capital que contenten a los inversores nacionales e internacionales y que permitan que éstos vuelvan a inyectar fondos para saciar la inmensa necesidad de liquidez y financiación que la banca precisa para su operativa diaria. En otras palabras, dar otra patada para adelante al volumen de deuda de digestión imposible para los bancos.  Queda en solitario el Banco Central Europeo como único islote salvador al que dirigirse para obtener los fondos que evitan el colapso del sector bancario español. 

¿Quién pondrá el dinero necesario que sanee y estabilice un sector arruinado y a la deriva?. Con toda seguridad será el Estado y todos los ciudadanos a costa de recortes en todos los capítulos presupuestarios imaginables.

Es evidente que el importe preciso para el saneamiento de los bancos excederá (con mucho) el importe de 100 mil millones de euros solicitado al Eurogrupo pero el Gobierno no parece estar en condiciones políticas de reconocerlo y únicamente piensa en la forma más aseada de ocultar la realidad.

Ver informe completo: Las trampas de los test de estrés. Crítica al informe de Oliver Wyman

https://www.dropbox.com/s/049zv0edemaehfj/Las%20trampas%20de%20los%20test%20de%20estres%20Critica%20Oliver%20Wyman.pdf 

BFA-Bankia: Análisis de los resultados del primer semestre de 2012

Carlos Sánchez Mato

El Banco Financiero y de Ahorros (matriz de Bankia) va a recibir de manera inminente 4.500 millones de euros de dinero público para reestablecer su situación patrimonial.  Durante los últimos cinco meses se ha especulado con las estimaciones de capital necesario solicitado por el Consejo de Administración de la entidad y el Gobierno ha vuelto a actuar tarde y mal. El retraso en la articulación de la línea de financiación que el Estado español ha solicitado al Eurogrupo ha vuelto a dejar en evidencia la falta de previsión del Ejecutivo.

La presentación de resultados del primer semestre de 2012 revela una dramática situación caracterizada por enormes pérdidas (7.376 millones de euros antes de impuestos), insuficiente capital para hacer frente a las mismas (423 millones de euros frente a más de 17 mil millones exigidos por la regulación) y dependencia del sector público cada vez mayor a la hora de obtener fondos para financiar su actividad (uno de cada tres euros).  Esta situación no es nueva para cualquiera que analizara los balances de las siete cajas de ahorro que dieron origen a esta monstruosa entidad sistémica “demasiado grande para caer” ni tampoco para sus máximos responsables como se demostrará en el sumario instruido en la Audiencia Nacional.

Sin embargo, el Gobierno español sigue utilizando el criterio “cortoplacista” de minimizar las exigencias de capital a las entidades bancarias. Solamente las necesidades del Banco Financiero y de Ahorros (que supone el 10% del sector) superan los 34 mil millones de euros de capital cuando las estimaciones del Ministro De Guindos para el conjunto de los bancos rondan los 60 mil millones de euros. Piensa erróneamente que el tiempo curará las heridas del sector.  ¿Puede alguien creer que serán suficientes los 100 mil millones de euros cuando las entidades españolas le deben solo al Banco Central Europeo más de 400 mil millones de euros?.

El retraso a la hora de actuar está agudizando las consecuencias de la quiebra general bancaria con una progresiva sustitución en el pasivo de las entidades de los acreedores privados por los públicos pero, eso sí, sin control real de lo que se hace con los fondos de los ciudadanos.

Ver documento completo 

 

La cocina a todo gas

Carlos Sánchez Mato

El Gobierno español ha decidido volver a “suicidarse” con la nueva reforma financiera. En su empeño por limitar el alcance de la situación de quiebra en la que se encuentra el sector bancario patrio, está realizando todos los esfuerzos posibles para que el resultado de los test de estrés realizados por Oliver Wyman, suponga finalmente unas necesidades de capital adicional inferiores a los 60.000 millones de euros. Para ello está usando las mismas prácticas deplorables que han llevado a las entidades bancarias a la falta de credibilidad de la que gozan actualmente sus estados financieros. Lo más cómico de la situación es que, en su afán por hacer creíble sus previsiones, incluso ya hay quien especula con lo que se podría hacer con el dinero del rescate que sobraría…

Los periódicos a nivel internacional ya empiezan a desconfiar del informe aún no publicado. En concreto, el Wall Street Journal dejaba el pasado lunes un mensaje claro: Los mercados no se creen el ejercicio por las reducidas necesidades de capital que identificarán y pronostica que un tercer fallo del Gobierno de Rajoy después de las dos “soluciones definitivas” de febrero y mayo sería "calamitoso" para España y para toda la zona euro.

Independientemente  si los mercados se creen o no las necesidades de capital que están cocinando entre el Ministerio de Economía, el Banco de España y Oliver Wyman, resulta pavoroso el simplista análisis que el Gobierno está realizando (una vez más) a la hora de abordar la crisis bancaria. Según esta particular visión que nace de las pruebas realizadas, los 60.000 millones de euros  ni siquiera son necesarios como nuevo capital ya que las entidades tendrían todavía tiempo hasta junio de 2013 para realizar ventas de activos, “endosar” pérdidas a los tenedores de participaciones preferentes y traspasar activos tóxicos al “banco malo”.  Vamos que, todo el problema se podría arreglar con unos milloncejos de euros de nada… ¿Y para esto tanto lío?.

Por desgracia, el problema es mucho más grave que lo que este nuevo diagnóstico va a reconocer.

El test realizado plantea un escenario catastrófico de caída del Producto Interior Bruto del 6,5% en 2012-2014, un descenso del precio de la vivienda del 55% respecto a los máximos de la burbuja inmobiliaria, un desplome del precio del suelo del 85% y una tasa de paro del 27%. El primer error es no caer en la cuenta de que ese escenario ya es una realidad hoy (salvo en el decrecimiento del PIB,  gracias a la inestimable ayuda del Instituto Nacional de Estadística). En dicha situación, el examinador considera que las entidades bancarias deben tener un capital de máxima calidad del 6% con respecto a los activos ponderados por riesgo. Este segundo aspecto merece una profunda crítica dado que el propio Gobierno acaba de exigir en el Real Decreto de 31 de agosto que las entidades deben tener un capital mínimo del 9%... Esa “ayudita” supone un ahorro en necesidades de capital de más de 57 mil millones de euros.

Las filtraciones que han trascendido indican que los únicos bancos que no presentarán necesidades de capital son Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Kutxabank (denominado grupo 0). En el extremo opuesto se encuadran en el grupo 1 las entidades ya nacionalizadas (BFA-Bankia, Novagalicia Caixa, Catalunya Caixa y Banco de Valencia), que acumularán la necesidad global de capital mayor que tendrá que ser cubierta con  recursos procedentes del rescate europeo aprobado.

Al resto de entidades se les cifraran necesidades de capital inferiores que podrán solventar acudiendo al mercado (no se rían, por favor) o utilizando al Estado que suscribirá bonos contingentes convertibles que serán convertidos en acciones públicas si no son recomprados por las entidades en el próximo mes de junio.

Dado que las exigencias de provisiones en esta prueba de esfuerzo exigida a la banca no han sido suficientes, las valoraciones del suelo, inmuebles y créditos del sector inmobiliario y de otros sectores no reflejan la realidad actual de mercado. Se reconoce implícitamente que seguirá habiendo “activos tóxicos” en los balances de las entidades bancarias y por eso es necesario el “banco malo” que no sólo incluirá los inmuebles adjudicados y el crédito promotor moroso o subestándar (con dificultades), sino también el crédito promotor teóricamente sano ligado a suelo.  Aunque el diseño final no está decidido, es probable que también entre el resto del crédito promotor normal de las entidades que necesiten ser rescatadas con dinero público.  Si esa fuera la opción, este “banco malo” sería un 28% de los activos tóxicos existentes en el conjunto del sector (90 mil millones brutos menos 28 mil millones de provisiones realizadas). Si se transfieren al banco malo a ese valor neto de 62 mil millones de euros (valor bruto menos provisiones), esta institución se hartará de perder dinero porque enajenará esos bienes con toda seguridad a precios inferiores a los que han sido transferidos. Pero, ¿y si los transfieren con un descuento superior, un 20% por ejemplo? En este caso obligarían a unas provisiones superiores (18 mil millones de euros más para estas cuatro entidades nacionalizadas) y lo que es peor para el Gobierno,  ese criterio tendría que ser adoptado por el resto del sector para valorar si sus provisiones son suficientes o no y revelaría una insuficiencia de las mismas en más de 40 mil millones de euros.  En todo caso, una solución de ese tipo (banco malo con activos únicamente de las entidades ya nacionalizadas) sería una solución parcial y no cumpliría con el objetivo que se ha fijado el Gobierno de que el Estado fuera minoritario en dicha entidad. No es realista pensar que ningún inversor ávido de altas rentabilidades invierta en un “banco malo” que ha comprado activos que siguen contabilizados a precios inflados. Por lo tanto, el Gobierno y el Banco de España “invitan” a las entidades teóricamente más fuertes (Santander, BBVA y Caixa) a ser accionistas del engendro con otro formato. Se les ha sugerido que aporten sus activos inmobiliarios (tóxicos igual que los otros) pero a cambio de acciones del “banco malo”. Aportarían entre las tres aproximadamente 70 mil millones de euros en activos con idéntico criterio de valoración (valor bruto menos provisiones actuales). A estas tres entidades, el favor que nos hacen les reportaría un ahorro en necesidades de capital de 6 mil millones de euros. La máxima ilusión de los que han pergeñado el plan es que esos activos no computen ni en el “balance del Estado” ni en el de las “entidades”. Vamos que buscan que con el movimiento desaparezcan y no sean gravosos para nadie. Pero por mucha contabilidad creativa que se pueda imaginar, los 310 mil millones de euros existen (vaya si existen).

En definitiva, el Gobierno con la ayuda de Oliver Wyman, está buscando un equilibrio imposible de alcanzar: Mínimas necesidades de capital que contenten a los inversores nacionales e internacionales y que permitan que éstos vuelvan a inyectar fondos para saciar la inmensa necesidad de liquidez y financiación que la banca precisa para su operativa diaria. En otras palabras, dar otra patada para adelante al volumen de deuda inasumible para los bancos.  Queda en solitario el Banco Central Europeo como único islote al que dirigirse para obtener los fondos que evitan el colapso del sector bancario español. 

¿Quién pondrá el dinero necesario que sanee y estabilice un sector arruinado y a la deriva?. Con toda seguridad será el Estado y todos los ciudadanos a costa de recortes en todos los capítulos presupuestarios imaginables. Sin embargo el Gobierno no parece estar en condiciones políticas de reconocer que el importe preciso excederá con mucho el importe de 100 mil millones de euros solicitado al Eurogrupo.

La quiebra del Fondo de Garantía de Depósitos

Carlos Sánchez Mato

El 15 de octubre de 2011 entró en vigor el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se creó el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. El nuevo Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito tiene por objeto, como venía siendo hasta ahora, garantizar los depósitos en entidades de crédito, con el límite de 100.000 euros pero incorpora a sus funciones la realización de actuaciones que refuercen la solvencia y funcionamiento de las entidades de crédito.

En el Real Decreto-ley, se declara la disolución de los tres Fondos de Garantía de Depósitos existentes hasta ahora (el Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro, el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios y el Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito), cuyos patrimonios han quedado integrados en el nuevo Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, que se subroga en todos los derechos y obligaciones de aquellos.

En conclusión y en lo que se refiere a la garantía de los depositantes ofrecida por el nuevo Fondo, no se ha producido ninguna modificación por lo que seguirán estando garantizados 100.000 euros por titular.

Tal y como demuestran los datos publicados por el organismo, la garantía que presta es meramente testimonial ya que al finalizar 2011, no solo no contaba con patrimonio neto sino que éste era negativo. Es evidente que las nuevas funciones que se le han asignado exceden en mucho la capacidad financiera que tiene el Fondo de Garantía de Depósitos. 

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ASÍ SOLUCIONA BOTÍN EL DÉFICIT DE CAPITAL DEL SANTANDER

Carlos Sánchez Mato


El pasado 19 de julio el Banco Santander hizo pública la noticia de una
operación por la que cede su cartera de seguros de vida riesgo en España y
Portugal en reaseguro a una filial de Deutsche Bank. Tal y como se ha
publicado, supone para la entidad un beneficio extraordinario bruto de 490
millones de euros con los que logrará según datos de la propia entidad
"cubrir parcialmente" las provisiones pendientes de registrar a junio de
2012 derivadas de los reales decretos-leyes aprobados por el Gobierno
español en febrero y mayo sobre saneamiento de activos inmobiliarios en
España.
En concreto, Santander informó de que ha firmado con Abbey Life Assurance un
contrato por el que la filial de Deutsche Bank reasegurará toda la cartera
de vida riesgo individual de las compañías aseguradoras de la entidad
presidida por Emilio Botín en el entorno territorial de España y Portugal.
Para cualquier persona no conocedora de operaciones financieras complejas,
las noticias publicadas por el Santander refuerzan una imagen de solvencia
que las autoridades políticas y financieras españolas quieren transmitir
para mostrar fortaleza en la actual situación de incertidumbre.
La "operación pionera" que permite al banco "poner en valor su cartera de
vida riesgo" con esos enormes beneficios no supone más que un apunte
contable por el que el Santander cede parcialmente las primas que recibirá
en el futuro por su cartera de seguros a cambio de compartir el riesgo
asociado a dichas primas. Es decir, no ha obtenido 480 millones de euros de
beneficio por la venta de su cartera de seguros (que sigue siendo suya) sino
que modifica el valor por el que figura su cartera de seguros en su balance
y por eso se apunta un beneficio extraordinario con el que cubre
parcialmente su déficit de provisiones. Santander debe provisionar en 2012 5
mil millones de euros antes de impuestos por sus activos dañados sin tener
en cuenta los requerimientos que puedan aflorar por el actual proceso de
auditoría que culminará en septiembre.
De esa forma, utilizando artificios contables, se pretende cubrir el agujero
en los fondos propios de la entidad sistémica más importante de España y
convencer a los inversores que sus necesidades de capital pueden ser
solventadas por la propia entidad sin aportación de fondos públicos.
No es esta la única operación "pionera" con la que el Santander maquilla su
balance. Anteriormente puso de moda las operaciones de lease-back con las
que las entidades bancarias vendieron muchas de sus sedes centrales y
oficinas con obligación de permanecer en dichos inmuebles en régimen de
alquiler para recomprarlos al final del contrato. No eran más que préstamos
disfrazados con los que se afloraron plusvalías con ventas no reales de sus
edificios corporativos para reforzar de manera ficticia su patrimonio neto.
Más de lo mismo: Argucias contables para disimular su insolvencia que son
consentidas por auditores, organismos reguladores y autoridades políticas y
que dejan en la más absoluta indefensión a los ciudadanos que con sus
ahorros son los que proporcionan la mayor parte de su financiación a las
entidades bancarias.

BANQUEROS A LA CÁRCEL: SUS CÓMPLICES TAMBIÉN

COMUNICADO

ECONOMÍA SOL

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite dos querellas contra los integrantes de los consejos de administración de Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) porque ve indicios de delito en su actuación. Es imprescindible que se depuren las responsabilidades pertinentes de todos los que han capitaneado las entidades financieras, y este paso sólo debería ser el principio.

Los Consejeros, directivos y gestores de BFA-Bankia elaboraron y difundieron  documentación, tanto contable como meramente informativa, que arrojaba una imagen de la Sociedad absolutamente irreal, presentando a la misma como acreedora de una solvencia de la que carecía. Sin embargo, no debemos equivocarnos: Han arruinado la entidad pero no lo han hecho solos.  El engaño masivo no hubiera sido posible sin la delictiva actuación de Deloitte, la firma auditora, que certificó la validez de los estados financieros de la entidad, del Banco de España que no actuó con la debida diligencia en su obligatoria labor de control y supervisión y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que olvidó su obligación de velar por ahorradores e inversores. Sin el respaldo de todos ellos y de las autoridades políticas de los sucesivos Gobiernos jamás se habría podido culminar esta gigantesca estafa.

Por todo ello, a los banqueros y a los que han cooperado para que se consumara el expolio se les debe aplicar con la máxima dureza el Código Penal.

INTERVENCIÓN JUDICIAL DE BFA-BANKIA YA

Ante la gravedad de la situación, la Audiencia Nacional debe adoptar medidas cautelares que supongan la inmediata intervención judicial de la entidad para garantizar una investigación adecuada que llegue a las últimas consecuencias.   BFA-Bankia, que ya es una entidad de propiedad mayoritariamente pública, no puede estar dirigida por gestores que no quieren esclarecer las vergonzosas actuaciones de los que les han precedido en sus cargos. 

NO AL MEMORÁNDUM

Lo ocurrido en BFA-Bankia es solamente una parte del problema. El conjunto del sistema financiero español (bancos y cajas) está en quiebra y, por muchos eufemismos con los que quieran disimular la situación, necesita miles de millones de euros para no derrumbarse. El Gobierno ha solicitado de manera formal el rescate del sector pero los países europeos no lo van a hacer gratis. El documento hecho público el 10 de julio, establece una compleja lista de condiciones que el Estado español debe poner en marcha para poder recibir asistencia financiera. Por lo tanto, es evidente que existe condicionalidad para disponer del préstamo que se realizará al Reino de España. Lo de menos es la pérdida de soberanía que conlleva la aplicación de esa condicionalidad. Lo realmente grave es que la reforma del sector financiero que ampara el mismo es injusta a la hora de repartir la carga de la misma e ineficaz para resolver la quiebra de las entidades.

1. La cantidad del rescate es insuficiente. Aunque la línea de financiación llegue a los 100 mil millones, las necesidades de capital son superiores.
2. Las estimaciones pretenden minimizar las inyecciones de capital y sin resolver ese problema el sistema seguirá quebrado. Los bancos necesitan más capital y no más préstamos.
3. Las actuaciones que plantea el Gobierno durarán un tiempo que ni tienen las entidades ni podrán soportar familias ni empresas.
4. Sin resolver el problema financiero del Estado, toda ayuda al sector bancario (aunque sea para nacionalizarlas) supondrá una dificultad insalvable para abordar el resto de necesidades financieras públicas.

Por todo ello hay que decir NO a la rúbrica de un documento que hace recaer sobre los ciudadanos el coste de la crisis sin garantizar en modo alguno que los que la causaron paguen por ello.

POR UNA BANCA PÚBLICA SOCIAL Y CONTROLADA POR LA CIUDADANÍA

Es una evidencia que el sistema bancario es incapaz de cumplir su función sin la inyección de ingentes cantidades de fondos públicos. No podemos consentir que el Estado sanee las entidades bancarias con fondos que detrae de las partidas presupuestarias destinadas al gasto social para regalárselas a continuación a los mismos que las han llevado a la ruina. Se debe nacionalizar el conjunto del sector bancario para constituir una verdadera banca pública, controlada democráticamente y con una finalidad social.

La gestión y la administración de los ahorros de la sociedad es demasiado sensible y vital como para dejarla en manos privadas. Han demostrado de manera sobrada, que la gestión en busca del “máximo interés privado” se acaba convirtiendo en el “máximo desastre social”.

PUNTOS FUNDAMENTALES RESEÑADOS EN EL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES PARA EL SECTOR FINANCIERO (MoU)

Carlos Sánchez Mato

1.      Introducción

El documento hecho público el 10 de julio, establece una compleja lista de condiciones que el Estado español debe poner en marcha para poder recibir asistencia financiera. Por lo tanto, es evidente que existe condicionalidad para disponer del préstamo que se realizará al Reino de España.

Establecido el marco en el que España dispondrá fondos para la reestructuración del sistema financiero, el memorándum  obligará a que la reestructuración se haga “de una forma determinada” y “en unos plazos concretos”. Por lo tanto, es un hecho que la rúbrica del mismo supone una pérdida de soberanía nacional sobre su sector financiero.

Sin embargo, eso en sí mismo no supone un motivo de crítica ya que si una actuación multilateral o internacional a gran escala se realiza con criterios de equidad y justicia, mi opinión sería siempre favorable a la misma.

En todo caso, el análisis del compromiso que se firmará muestra que la reforma del sector financiero que ampara el mismo es injusta a la hora de repartir la carga de la misma e ineficaz para resolver la quiebra de las entidades.

2.     Segmentación del sector financiero español

El Memorándum divide a las entidades en cuatro grupos:

·    Grupo 0: Se incluirán en este segmento las entidades que no precisen de ningún tipo de ayuda. No se cita a ningún banco pero parece que las consultoras que están realizando las auditorías del sector incluyen en el mismo a Santander, BBVA y Caixa.

·  Grupo 1: Se incluyen en el mismo a las entidades ya nacionalizadas y controladas por el FROB. Son BFA-Bankia, Novocaixagalicia, Cataluña Caixa y Banco de Valencia. Estas entidades son las que recibirán ayuda inmediata con la primera disposición de fondos.

·    Grupo 2: Estarán incluidas las entidades que necesitan más capital y no pueden lograrlo en el mercado. Las previsiones incluirían en este grupo a Liberbank, Unicaja, Popular, Banco Mare Nostrum e IberCaja-Cajatres.

·    Grupo 3: Pertenecerán al mismo los bancos que requieran reforzar sus recursos pero pueden recurrir a inversores privados para conseguirlo. Según nuestro análisis estarían en este grupo Sabadell, Bankinter y el grupo BBK.

Para poder situar a cada una de las entidades (salvo a las del Grupo 1) se concluirán las auditorías encargadas por el Ministerio de Economía y el Banco de España y, a continuación, se realizarán las pruebas de resistencia individualizadas por cada entidad cuya publicación se estima que será en octubre del presente año. Los requerimientos de capital resultado de las auditorías de las entidades revelarán si esta reestructuración va en serio o vuelve a ser un castillo de fuegos artificiales. La experiencia de los exámenes a la banca europea (supervisados por la Agencia Bancaria Europea) realizados hasta ahora no han revelado la actual quiebra del sistema bancario español. Desde luego no son precedentes que inviten a la confianza. 

3.     Las condiciones impuestas en el Memorándum

La rúbrica del memorándum es imprescindible para la formalización de la asistencia financiera a España y el rescate de ésta a las entidades bancarias. El documento recoge una serie de condiciones de obligado cumplimiento para el firmante, es decir, el Estado español.

1.Proporcionar los datos necesarios para monitorizar el global del sector bancario y de los bancos según su naturaleza o condición sistémica.

Fecha: Regularmente a lo largo de todo el programa, empezando a finales de julio.

2. Preparar planes de reestructuración con la Comisión Europea para las entidades bancarias del denominado Grupo I, para concluirlos en base a la segunda auditoría y permitir que Bruselas los apruebe en noviembre.

Fecha: desde julio de 2012 a mediados de agosto de 2012

3. Finalizar la propuesta para la mejora y armonización de la información proporcionada por el sector bancario en áreas clave como créditos reestructurados o concentración sectorial.

Fecha: finales de julio de 2012

4. Proporcionar la información requerida para los 'test de estrés' de las consultoras, incluyendo los resultados de la revisión de la calidad de los activos.

Fecha: finales de agosto de 2012

5. España deberá disponer de una legislación que garantice, si fuese necesario, la asunción de pérdidas por parte de los inversores de deuda subordinada y activos híbridos, es decir, los propietarios de acciones preferentes.

Fecha: finales de agosto de 2012

6. Reforzar el actual marco de resolución bancaria. Reforzar las competencias de resolución del FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos.

Fecha: finales de agosto de 2012

7. Preparar un plan integral y un marco legislativo para la creación y el funcionamiento de un vehículo al que las entidades traspasarán a valor razonable sus activos tóxicos (“banco malo”).

Fecha: finales de agosto de 2012

8. Completar los 'test de estrés', banco a banco.

Fecha: segunda quincena de septiembre de 2012

9. Finalizar una propuesta de reglamentación para mejorar la transparencia del sector financiero.

Fecha: finales de septiembre de 2012

10. Los bancos con déficit de capital significativo llevarán a cabo un proceso para forzar la asunción de pérdidas por parte de los inversores de deuda subordinada, es decir, los propietarios de acciones preferentes.

Fecha: Antes de las inyecciones de capital entre octubre y diciembre de 2012.

11. Los bancos elaborarán sus planes de recapitalización para indicar cómo cubrirán sus déficits de capital.

Fecha: A principios de octubre de 2012

12. Presentar los planes de restructuración o resolución a Bruselas de las entidades que forman el Grupo 2.

Fecha: octubre 2012

13. Identificar las posibilidades de mejora en las áreas en las que el Banco de España puede emitir directrices vinculantes o interpretaciones.

Fecha: finales de octubre de 2012.

14. Llevar a cabo una revisión interna de los procesos de supervisión y toma de decisiones. Proponer cambios en los procedimientos con el fin de garantizar la adopción oportuna de medidas correctivas para hacer frente a los problemas detectados en una etapa temprana. Asegurarse de que la supervisión macroprudencial se utilizará adecuadamente en el proceso de supervisión micro.

Fecha: finales de octubre de 2012.

15. Adoptar la legislación para el establecimiento y funcionamiento del banco malo, a fin de que esté plenamente operativo en noviembre de 2012.

Fecha. otoño de 2012.

16. Someter a consulta con las partes interesadas las mejoras en el registro de crédito.

Fecha: finales de octubre de 2012

17. Elaborar propuestas para el fortalecimiento de las entidades no bancarias de intermediación financiera.

Fecha: mediados de noviembre de 2012.

18. Proponer medidas para fortalecer las normas de los órganos rectores de las cajas de ahorros e introducir requisitos de incompatibilidad con respecto a los órganos de gobierno de las cajas de ahorros y bancos comerciales controlados por ellas. Las cajas podrían verse obligadas a deshacer sus posiciones de control en la banca comercial española.

Fecha: finales de noviembre de 2012.

19. Ofrecer una hoja de ruta con el fin de que las entidades financieras que hayan recibido ayudas salgan a Bolsa.

Fecha: finales de noviembre de 2012.

20. Preparar la legislación para aclarar el papel de las cajas de ahorros en su calidad de accionistas de las entidades de crédito. Proponer medidas para fortalecer las normas de idoneidad para los órganos rectores de las cajas de ahorros e introducir requisitos de incompatibilidad con respecto a los órganos rectores de los antiguos bancos de ahorro y los bancos comerciales controlados por ellos.

Fecha: finales de noviembre de 2012

21. Las entidades presentarán una hoja estandarizada con las ayudas del Estado o con las necesidades de capital que resultarán de los test de estrés.

Fecha: a partir de diciembre 2012

22. Presentar un documento sobre la modificación de la estructura de aprovisionamiento si los Reales Decretos 2/2012 y 18/2012 dejaran de aplicarse.

Fecha: mediados de diciembre 2012

23. Los bancos del Grupo 3 que planeen una ampliación de capital significativa, es decir, que corresponde a más del 2% de los activos ponderados por riesgo, tendrán que emitir los denominados CoCos (bonos contingentes convertibles) de manera preventiva dentro de su plan de recapitalización para cumplir con los requisitos de capital.

Fecha: finales diciembre de 2012

24. Transferencia de competencias: se transfiere el poder de sancionar y licenciar desde el Ministerio de Economía al Banco de España.

Fecha: a finales de diciembre de 2012

25. Exigir que las instituciones de crédito revisen y, si es necesario, preparen y ejecuten estrategias de contingencia de cara al posible deterioro de sus activos.

Fecha: finales de diciembre de 2012

26. Exigir a todas las instituciones de crédito cumplir el ratio del 9% de tier1 (Core Capital).

Fecha: 01 de enero 2013
27. Examen de los acuerdos de gobernanza del FROB y asegurarse que los banqueros en activo no son miembros de los órganos de gobiernos del FROB.
Fecha: 01 de enero 2013
28. Revisión de los problemas de concentración de crédito y transacciones con partes relacionadas.
Fecha: a mediados de enero 2013
29. Proponer una legislación específica para limitar la venta por parte de los bancos de instrumentos de deuda subordinada a inversores no cualificados y mejorar de manera sustancial el proceso de venta de cualquier instrumento que no esté cubierto por el  FGD de cara a clientes minoristas.
Fecha: para finales de febrero de 2013
30. Modificar la legislación para la mejora del registro de los créditos.
Fecha: finales de marzo de 2013
31. Recaudar capital para limitar el porcentaje de los activos de riesgo al 2%.
Fecha: finales de junio de 2013
32. Los bancos del Grupo 3 (recapitalizados con CoCos) deberán presentar planes de restructuración.
Fecha: finales de junio de 2013

4.     Conclusiones

4.1.   El proceso de reestructuración auspiciado por el Eurogrupo, aunque incorpora a los inversores y accionistas a soportar el coste de la  misma, plantea las imprescindibles inyecciones de capital público en un marco general de temporalidad. Es decir, igual que los sucesivos gobiernos españoles, considera el Memorándum que el sector bancario volverá a ser privado después de la utilización de los fondos proporcionados sector público para ser saneado. El proceso concluirá en el futuro con menos entidades y con más riesgo sistémico.

4.2.  Esta nueva reforma del sector termina de sepultar a las cajas de ahorro a las que, de forma indirecta, se responsabiliza del problema existente. Se dificulta el control de sus bancos participados por lo que se aboca a las que han sobrevivido, a una conversión en accionistas sin poder de acción alguno.

4.3.  Los bancos necesitados de capital (grupos 1, 2 y 3) deberán presentar a principios de octubre sus planes de recapitalización con medidas internas, ventas de activos, gestión de los pasivos o mediante la petición de ayuda pública. Las autoridades españolas y la Comisión Europea analizarán esos planes. Para los bancos nacionalizados (grupo 1), los que necesitarán más capital, el Gobierno debe empezar a preparar ya este mes los planes de resolución o reestructuración, de modo que estén listos para ser aprobados por la Comisión Europea en noviembre.

4.4.  En el marco de estos planes se establece la transferencia de activos tóxicos a un banco malo que debe estar culminada a finales de año y se “aparcarán” a precios razonables. Está por ver si esa actuación generará pérdidas a las entidades (lo que supondrá mayor necesidad de capital, en gran medida público) o si trasvasará el quebranto a la entidad gestora de estos activos (la pérdida recaería en su totalidad en el sector público).

4.5.  Si las necesidades de capital de las entidades son superiores al 2% de sus activos ponderados por riesgo, no podrán negarse a recibir ayudas públicas europeas que se instrumentarán con bonos convertibles en acciones. Estos instrumentos de deuda podrán ser amortizados (mediante la devolución de su importe) hasta junio de 2013 con el capital privado que capte la entidad. Si no lo logra, serán convertidos en acciones y, por tanto, dichas entidades quedarán nacionalizadas, al menos parcialmente. Aquellos otros de este grupo que necesiten una ampliación de capital menor al 2% de los activos ponderados por riesgo, tendrán de plazo para hacerlo hasta el 30 de junio de 2013, pero no serán objeto de esa recapitalización preventiva con bonos contingentes convertibles.

Si el resultado de los test de estrés es el que se adivina por las actuales filtraciones, este plan  supondrá únicamente una tregua temporal que no solucionará el problema de fondo. Todas las entidades precisan de capital y no lo van a conseguir por medio de sus accionistas privados de forma exclusiva por lo que a medio plazo, la inyección de fondos tendrá que ser transformada en capital.