Cambio de sistema

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sábado, 27 de julio de 2013

La nueva directiva europea para abordar las crisis bancarias



Carlos Sánchez Mato


El ministro de Economía del Estado español, Luis de Guindos, ha sostenido en numerosas declaraciones realizadas de manera previa a la cumbre del ECOFIN que los depósitos de particulares y pequeñas y medianas empresas superiores a 100.000 euros estaban garantizados hasta este momento y estarán "absolutamente protegidos" en caso de quiebra de una entidad en la nueva directiva sobre resolución de crisis bancarias. Los depósitos de menos de 100.000 euros, ha subrayado Guindos, son "sacrosantos", y "los de más 100.000 euros en manos de pymes y también detentados por particulares también están absolutamente protegidos". "Eso nadie lo cuestiona", ha asegurado.

La nueva directiva desarrolla el esquema que adoptarán los rescates de los bancos a partir de 2018, siempre y cuando esta hoja de ruta sea consensuada con el Parlamento Europeo al que todavía no ha llegado la discusión. El objetivo declarado por los ministros de Economía de los países de la Unión Europea es que la apelación a los fondos públicos para salvamentos futuros sea el último de los recursos utilizados.  Por un lado se pretende minimizar el quebranto para las arcas públicas de los diferentes Estados y del conjunto de la Unión Europea han tenido los rescates bancarios y por otro lado se busca evitar la huida masiva de ahorradores blindando sus depósitos de posibles quitas si se producen más debacles de entidades financieras. La protección a los depositantes sigue estando encomendada a los Fondos de Garantía de Depósitos establecidos en cada uno de los Estados de la Unión Europea. Además se establece una serie de inversores privilegiados que quedan excluidos de toda quita (bonos garantizados como cédulas hipotecarias, deudas con empleados en concepto de salarios y pensiones, deudas comerciales de bienes y servicios críticos para el funcionamiento de la institución, deudas con sistemas de pagos con vencimiento inferior a siete días y deudas del mercado interbancario con vencimiento inicial inferior a siete días).

Una vez más, los dirigentes políticos europeos no han abordado el corazón del problema. Las entidades bancarias están muy poco capitalizadas, es decir, su financiación está basada básicamente en recursos de terceros y no de sus accionistas y esta financiación tiene unos costes reducidos para las mismas porque existe la confianza por parte de depositantes e inversores de que los Estados impedirán la quiebra de las entidades bancarias cuando sufran problemas graves como los actuales.

Sin embargo, la directiva aprobada vuelve a incurrir en los mismos errores que anteriormente han tenido los sistemas de supervisión y aseguramiento de cada uno de los Estados de la Unión Europea. En primer lugar no contempla una adecuada dotación de fondos que garantice los depósitos que la normativa dice asegurar. En segundo lugar, se contempla que en circunstancias excepcionales se puedan autorizar el uso de fondos públicos nacionales y del MEDE antes de que todos los acreedores pierdan por completo su inversión, mediante un préstamo al Estado que computaría como deuda pública. Es decir, lo que ocurre ahora.

Los mecanismos establecidos en la nueva normativa europea serán, por tanto, más de lo mismo. Se establecen unas excepciones a la hora de sufrir futuras quitas pero sin que se doten a los organismos correspondientes de fondos para poder hacer frente a los compromisos derivados de las declaraciones políticas.



El ejemplo más claro de lo anterior es lo que ocurre con la protección de los depositantes en cada uno de los países. El Fondo de Garantía de Depósitos de entidades de crédito de España está en quiebra. A pesar de las grandilocuentes declaraciones del señor De Guindos, el organismo que protege los ahorros de la ciudadanía tiene patrimonio neto negativo según las cuentas presentadas correspondientes a 2012 (-1.247 millones de euros). La situación sería mucho peor todavía si no hubieran usado trucos contables de dudosa legalidad para reducir el agujero y reflejara en sus estados financieros la totalidad de los compromisos que ha adquirido. El Fondo de Garantía de Depósitos es incapaz de atender las obligaciones a las que ya se ha comprometido y, por supuesto, no tendría posibilidad alguna de responder ante la insolvencia de cualquier entidad, incluso de pequeño tamaño, para atender el pago de los depósitos de los ahorradores.



En esta situación se aprecia de forma clara que es el Estado el que está garantizando de forma directa los 795.135 millones de euros que los ahorradores tienen (con el actual límite de 100 mil euros por titular) y solamente el afianzamiento que éste proporciona a las entidades bancarias permite que se financien en condiciones económicas ventajosas. En definitiva, las entidades bancarias privadas se aprovechan de un mastodóntico aval del Estado que no retribuyen para hacer negocio a favor de sus accionistas.  ¿O es que alguien dejaría sus ahorros en las entidades bancarias a cambio de una reducida retribución si no estuviera detrás de las entidades bancarias el Estado?.



Nada en la nueva directiva europea da seguridad adicional a los depositantes ni establece medios suficientes para evitar quebrantos a los mismos salvo una declaración de intenciones que no está acompañada de una adecuada dotación de recursos financieros que la haga creíble.

 




miércoles, 17 de julio de 2013

QUE NO NOS ROBEN MÁS

COMUNICADO
PLATAFORMA POR LA NACIONALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO
Y POR UNA BANCA PÚBLICA

No a la privatización de las cajas y bancos nacionalizados
Deben ser la primera pieza de una banca pública, gestionada en beneficio de todos, de forma democrática y transparente.

Hay que decirlo alto y fuerte: La privatización de las entidades bancarias nacionalizadas (Bankia, Novagalicia Banco y Catalunya Caixa) es lisa y llanamente un robo. Llamamos a todas las entidades sindicales, sociales y políticas de la izquierda a movilizarse con todos los medios a su alcance para denunciarlo y exigir la creación de una banca pública. Para evitar su quiebra, el Estado ya ha puesto 112.513 millones de euros en ayudas de todo tipo (43.529 millones de euros en capital, 34.733 millones de euros en adquisición de activos y 34.251 millones de euros en avales a emisiones de deuda). A eso hay que añadir los préstamos que estas entidades han contraído con el Banco Central Europeo (98.972 millones de euros) del que el Estado es último garante.

Ahora pretenden vender Catalunya Caixa y Novagalicia Banco ¿Qué esperan sacar por ellas? El Santander ofreció quedarse con Catalunya Caixa por un euro, a cambio de que el Estado pusiera entre 2.000 y 3.000 millones de euros más de capital, y se quedase con los 3.000 millones en créditos de baja calidad de la entidad: unos 5.000 ó 6.000 millones más públicos que se sumarían a los ya aportados.
No es la primera vez que lo hacen. Un euro pagaron el Sabadell, BBVA y Caixa por la CAM, Banco Gallego, UNNIM y Banco de Valencia. Todas estas entidades fueron entregadas después de ser saneadas con dinero y garantías públicas contra futuras pérdidas.
El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha declarado que espera lograr 900 millones de euros. Como vemos, en cualquier caso no se resarcirá al Estado por dinero invertido y será un regalo a la entidad financiera privada que lo compre, la cual aumentará el volumen de depósitos que controlará y ampliará su capital, mejorando su propia situación financiera sin arriesgar nada.
En resumen, las entidades nacionalizadas, una vez saneadas con dinero público, se regalan a los bancos privados para ayudarles a sanear sus propias cuentas. Todo el sistema financiero estaría en quiebra si no fuera por las ayudas públicas, que a finales de 2012 alcanzaron los 269.609 millones de euros, a las que hay que sumar préstamos del BCE por 371.140 millones de euros. El sistema bancario español ha precisado en total de 640.749 millones de ayudas públicas sin que haya resuelto su problema de solvencia.
Las cajas de ahorro sólo han sido convertidas en cabeza de turco para ocultar esa realidad y sanear al conjunto del sistema. Beneficios millonarios para una minoría durante los años del auge económico, pérdidas ahora para la mayoría: desahucios, despidos, estafas como las preferentes y recortes del gasto público. El erario público se hipoteca asumiendo las pérdidas de las entidades financieras y recorta el gasto social. Y es que el volumen de pérdidas acumuladas por los bancos es tan grande que las Administraciones Públicas quedarán hipotecadas a perpetuidad para pagarlas.
La política de recortes sociales y derechos laborales, y la reforma del sector financiero, son dos caras de una misma moneda. Están haciéndonos pagar, sobre todo a los trabajadores, los platos rotos de su sistema, el capitalista. En conjunto, se está produciendo una brutal transferencia de renta de los asalariados y capas más humildes de la sociedad a las más ricas, con un crecimiento drástico de las desigualdades.
Por eso decimos que están usando el dinero público para salvar a los banqueros, no a los bancos. Los grandes accionistas de los bancos son tan poderosos porque dominan el ahorro de la sociedad. Y ahí está el quid de la cuestión. No se puede dejar en manos privadas la gestión de los ahorros porque, en una sociedad capitalista como la que vivimos, las empresas compiten entre ellas por el máximo beneficio. Con su carrera desenfrenada de creación de dinero, ponen en riesgo los ahorros de todos. Las medidas adoptadas durante esta crisis solo agravarán la situación. La concentración de entidades bancarias pagada y estimulada con dinero público sólo servirá para garantizar nuevas crisis y burbujas y de más gravedad.
La única solución real es que el sector financiero sea público y controlado democráticamente, que es lo que faltó en las Cajas de Ahorros. Y que nuestros ahorros se empleen de forma transparente y racional y con criterios de eficiencia social y medioambiental además de económica, en beneficio del progreso de toda la sociedad y no para el lucro de una minoría.
El primer paso que exigimos es que no se privatice ninguna de las entidades nacionalizadas, sino que se las convierta en el primer pilar de una banca pública. Es la única manera de no arrojar por la borda la enorme cantidad de dinero público ya empleado en sanearlas, y poner los ahorros depositados al servicio de las necesidades sociales.

lunes, 15 de julio de 2013

OTRA AYUDA A LA BANCA POR LA PUERTA DE ATRÁS




Carlos Sánchez Mato



“No hay la más mínima connivencia de este Gobierno con la banca”
Luis de Guindos 14 de julio de 2013
 
El Ministro de Economía y Competitividad ha declarado, sin sonrojarse, que este Gobierno no tiene la más mínima connivencia con la banca. Declara sin el mínimo rastro de vergüenza en su rostro que “el Gobierno no va a regalar nada a nadie”, reconociendo justo a continuación que dará más ayudas públicas a quienes adquieran las entidades nacionalizadas Catalunya Banc y Novagalicia Banco. Expresamente citó como parte de esas ayudas los créditos fiscales que “se reconocerán como recursos propios de primera calidad[1]”.
¿Qué importancia tienen esos créditos o activos fiscales y su tratamiento para las entidades bancarias españolas? 

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[1] Entrevista a Luis de Guindos publicada por el diario El País el 14 de julio de 2013.

miércoles, 10 de julio de 2013

El “Banco Malo”: Historia de una estafa inútil



Carlos Sánchez Mato




Se cumplen ya 8 meses desde la puesta en marcha la Sociedad de Gestión de Activos procedente de la reestructuración bancaria (SAREB). La denominación oficial no ha conseguido ocultar el nombre por el que realmente este instrumento es conocido en sociedad: Hablamos del “banco malo”.

El mecanismo fue creado en el marco de obligaciones contraídas con el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) con el que el Estado español firmó, además de un préstamo de 40 mil millones de euros, un Memorándum de Entendimiento. En este documento figuraban 32 condiciones de ineludible cumplimiento entre las cuales estaba la creación un vehículo al que las entidades bancarias que habían precisado de fondos de este organismo europeo, debían traspasar sus activos inmobiliarios tóxicos a “valor razonable”.

SAREB ha adquirido inmuebles, créditos y suelo por valor de 50.653 millones de euros después de aplicar un descuento medio del 63% sobre el que tenían en las entidades. Cuenta en la actualidad con más de 55.700 viviendas y unos 30.000 activos anexos, como plazas de garaje y trasteros. Además, posee más de 185.000 metros cuadrados en oficinas, una treintena de hoteles, y 150.000 metros cuadrados de superficie alquilable en centros comerciales. También se ha convertido en propietario de 15.075 solares (13 millones de metros cuadrados) de los cuales solamente un tercio tienen la consideración de suelo urbano. En definitiva, se ha convertido en la empresa inmobiliaria más importante de España y una de las primeras de la Unión Europea.
Sin embargo, el tiempo transcurrido permite confirmar los peores presagios que los críticos con la puesta en marcha de SAREB manifestaron desde el principio. Además de la descomunal estafa que supone asumir con fondos públicos la desastrosa gestión realizada por las entidades bancarias, el diseño del mecanismo utilizado convierten el mismo en inútil para resolver el problema de la quiebra de las entidades.

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