ASÍ SOLUCIONA BOTÍN EL DÉFICIT DE CAPITAL DEL SANTANDER

Carlos Sánchez Mato


El pasado 19 de julio el Banco Santander hizo pública la noticia de una
operación por la que cede su cartera de seguros de vida riesgo en España y
Portugal en reaseguro a una filial de Deutsche Bank. Tal y como se ha
publicado, supone para la entidad un beneficio extraordinario bruto de 490
millones de euros con los que logrará según datos de la propia entidad
"cubrir parcialmente" las provisiones pendientes de registrar a junio de
2012 derivadas de los reales decretos-leyes aprobados por el Gobierno
español en febrero y mayo sobre saneamiento de activos inmobiliarios en
España.
En concreto, Santander informó de que ha firmado con Abbey Life Assurance un
contrato por el que la filial de Deutsche Bank reasegurará toda la cartera
de vida riesgo individual de las compañías aseguradoras de la entidad
presidida por Emilio Botín en el entorno territorial de España y Portugal.
Para cualquier persona no conocedora de operaciones financieras complejas,
las noticias publicadas por el Santander refuerzan una imagen de solvencia
que las autoridades políticas y financieras españolas quieren transmitir
para mostrar fortaleza en la actual situación de incertidumbre.
La "operación pionera" que permite al banco "poner en valor su cartera de
vida riesgo" con esos enormes beneficios no supone más que un apunte
contable por el que el Santander cede parcialmente las primas que recibirá
en el futuro por su cartera de seguros a cambio de compartir el riesgo
asociado a dichas primas. Es decir, no ha obtenido 480 millones de euros de
beneficio por la venta de su cartera de seguros (que sigue siendo suya) sino
que modifica el valor por el que figura su cartera de seguros en su balance
y por eso se apunta un beneficio extraordinario con el que cubre
parcialmente su déficit de provisiones. Santander debe provisionar en 2012 5
mil millones de euros antes de impuestos por sus activos dañados sin tener
en cuenta los requerimientos que puedan aflorar por el actual proceso de
auditoría que culminará en septiembre.
De esa forma, utilizando artificios contables, se pretende cubrir el agujero
en los fondos propios de la entidad sistémica más importante de España y
convencer a los inversores que sus necesidades de capital pueden ser
solventadas por la propia entidad sin aportación de fondos públicos.
No es esta la única operación "pionera" con la que el Santander maquilla su
balance. Anteriormente puso de moda las operaciones de lease-back con las
que las entidades bancarias vendieron muchas de sus sedes centrales y
oficinas con obligación de permanecer en dichos inmuebles en régimen de
alquiler para recomprarlos al final del contrato. No eran más que préstamos
disfrazados con los que se afloraron plusvalías con ventas no reales de sus
edificios corporativos para reforzar de manera ficticia su patrimonio neto.
Más de lo mismo: Argucias contables para disimular su insolvencia que son
consentidas por auditores, organismos reguladores y autoridades políticas y
que dejan en la más absoluta indefensión a los ciudadanos que con sus
ahorros son los que proporcionan la mayor parte de su financiación a las
entidades bancarias.

BANQUEROS A LA CÁRCEL: SUS CÓMPLICES TAMBIÉN

COMUNICADO

ECONOMÍA SOL

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite dos querellas contra los integrantes de los consejos de administración de Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) porque ve indicios de delito en su actuación. Es imprescindible que se depuren las responsabilidades pertinentes de todos los que han capitaneado las entidades financieras, y este paso sólo debería ser el principio.

Los Consejeros, directivos y gestores de BFA-Bankia elaboraron y difundieron  documentación, tanto contable como meramente informativa, que arrojaba una imagen de la Sociedad absolutamente irreal, presentando a la misma como acreedora de una solvencia de la que carecía. Sin embargo, no debemos equivocarnos: Han arruinado la entidad pero no lo han hecho solos.  El engaño masivo no hubiera sido posible sin la delictiva actuación de Deloitte, la firma auditora, que certificó la validez de los estados financieros de la entidad, del Banco de España que no actuó con la debida diligencia en su obligatoria labor de control y supervisión y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que olvidó su obligación de velar por ahorradores e inversores. Sin el respaldo de todos ellos y de las autoridades políticas de los sucesivos Gobiernos jamás se habría podido culminar esta gigantesca estafa.

Por todo ello, a los banqueros y a los que han cooperado para que se consumara el expolio se les debe aplicar con la máxima dureza el Código Penal.

INTERVENCIÓN JUDICIAL DE BFA-BANKIA YA

Ante la gravedad de la situación, la Audiencia Nacional debe adoptar medidas cautelares que supongan la inmediata intervención judicial de la entidad para garantizar una investigación adecuada que llegue a las últimas consecuencias.   BFA-Bankia, que ya es una entidad de propiedad mayoritariamente pública, no puede estar dirigida por gestores que no quieren esclarecer las vergonzosas actuaciones de los que les han precedido en sus cargos. 

NO AL MEMORÁNDUM

Lo ocurrido en BFA-Bankia es solamente una parte del problema. El conjunto del sistema financiero español (bancos y cajas) está en quiebra y, por muchos eufemismos con los que quieran disimular la situación, necesita miles de millones de euros para no derrumbarse. El Gobierno ha solicitado de manera formal el rescate del sector pero los países europeos no lo van a hacer gratis. El documento hecho público el 10 de julio, establece una compleja lista de condiciones que el Estado español debe poner en marcha para poder recibir asistencia financiera. Por lo tanto, es evidente que existe condicionalidad para disponer del préstamo que se realizará al Reino de España. Lo de menos es la pérdida de soberanía que conlleva la aplicación de esa condicionalidad. Lo realmente grave es que la reforma del sector financiero que ampara el mismo es injusta a la hora de repartir la carga de la misma e ineficaz para resolver la quiebra de las entidades.

1. La cantidad del rescate es insuficiente. Aunque la línea de financiación llegue a los 100 mil millones, las necesidades de capital son superiores.
2. Las estimaciones pretenden minimizar las inyecciones de capital y sin resolver ese problema el sistema seguirá quebrado. Los bancos necesitan más capital y no más préstamos.
3. Las actuaciones que plantea el Gobierno durarán un tiempo que ni tienen las entidades ni podrán soportar familias ni empresas.
4. Sin resolver el problema financiero del Estado, toda ayuda al sector bancario (aunque sea para nacionalizarlas) supondrá una dificultad insalvable para abordar el resto de necesidades financieras públicas.

Por todo ello hay que decir NO a la rúbrica de un documento que hace recaer sobre los ciudadanos el coste de la crisis sin garantizar en modo alguno que los que la causaron paguen por ello.

POR UNA BANCA PÚBLICA SOCIAL Y CONTROLADA POR LA CIUDADANÍA

Es una evidencia que el sistema bancario es incapaz de cumplir su función sin la inyección de ingentes cantidades de fondos públicos. No podemos consentir que el Estado sanee las entidades bancarias con fondos que detrae de las partidas presupuestarias destinadas al gasto social para regalárselas a continuación a los mismos que las han llevado a la ruina. Se debe nacionalizar el conjunto del sector bancario para constituir una verdadera banca pública, controlada democráticamente y con una finalidad social.

La gestión y la administración de los ahorros de la sociedad es demasiado sensible y vital como para dejarla en manos privadas. Han demostrado de manera sobrada, que la gestión en busca del “máximo interés privado” se acaba convirtiendo en el “máximo desastre social”.

PUNTOS FUNDAMENTALES RESEÑADOS EN EL MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES PARA EL SECTOR FINANCIERO (MoU)

Carlos Sánchez Mato

1.      Introducción

El documento hecho público el 10 de julio, establece una compleja lista de condiciones que el Estado español debe poner en marcha para poder recibir asistencia financiera. Por lo tanto, es evidente que existe condicionalidad para disponer del préstamo que se realizará al Reino de España.

Establecido el marco en el que España dispondrá fondos para la reestructuración del sistema financiero, el memorándum  obligará a que la reestructuración se haga “de una forma determinada” y “en unos plazos concretos”. Por lo tanto, es un hecho que la rúbrica del mismo supone una pérdida de soberanía nacional sobre su sector financiero.

Sin embargo, eso en sí mismo no supone un motivo de crítica ya que si una actuación multilateral o internacional a gran escala se realiza con criterios de equidad y justicia, mi opinión sería siempre favorable a la misma.

En todo caso, el análisis del compromiso que se firmará muestra que la reforma del sector financiero que ampara el mismo es injusta a la hora de repartir la carga de la misma e ineficaz para resolver la quiebra de las entidades.

2.     Segmentación del sector financiero español

El Memorándum divide a las entidades en cuatro grupos:

·    Grupo 0: Se incluirán en este segmento las entidades que no precisen de ningún tipo de ayuda. No se cita a ningún banco pero parece que las consultoras que están realizando las auditorías del sector incluyen en el mismo a Santander, BBVA y Caixa.

·  Grupo 1: Se incluyen en el mismo a las entidades ya nacionalizadas y controladas por el FROB. Son BFA-Bankia, Novocaixagalicia, Cataluña Caixa y Banco de Valencia. Estas entidades son las que recibirán ayuda inmediata con la primera disposición de fondos.

·    Grupo 2: Estarán incluidas las entidades que necesitan más capital y no pueden lograrlo en el mercado. Las previsiones incluirían en este grupo a Liberbank, Unicaja, Popular, Banco Mare Nostrum e IberCaja-Cajatres.

·    Grupo 3: Pertenecerán al mismo los bancos que requieran reforzar sus recursos pero pueden recurrir a inversores privados para conseguirlo. Según nuestro análisis estarían en este grupo Sabadell, Bankinter y el grupo BBK.

Para poder situar a cada una de las entidades (salvo a las del Grupo 1) se concluirán las auditorías encargadas por el Ministerio de Economía y el Banco de España y, a continuación, se realizarán las pruebas de resistencia individualizadas por cada entidad cuya publicación se estima que será en octubre del presente año. Los requerimientos de capital resultado de las auditorías de las entidades revelarán si esta reestructuración va en serio o vuelve a ser un castillo de fuegos artificiales. La experiencia de los exámenes a la banca europea (supervisados por la Agencia Bancaria Europea) realizados hasta ahora no han revelado la actual quiebra del sistema bancario español. Desde luego no son precedentes que inviten a la confianza. 

3.     Las condiciones impuestas en el Memorándum

La rúbrica del memorándum es imprescindible para la formalización de la asistencia financiera a España y el rescate de ésta a las entidades bancarias. El documento recoge una serie de condiciones de obligado cumplimiento para el firmante, es decir, el Estado español.

1.Proporcionar los datos necesarios para monitorizar el global del sector bancario y de los bancos según su naturaleza o condición sistémica.

Fecha: Regularmente a lo largo de todo el programa, empezando a finales de julio.

2. Preparar planes de reestructuración con la Comisión Europea para las entidades bancarias del denominado Grupo I, para concluirlos en base a la segunda auditoría y permitir que Bruselas los apruebe en noviembre.

Fecha: desde julio de 2012 a mediados de agosto de 2012

3. Finalizar la propuesta para la mejora y armonización de la información proporcionada por el sector bancario en áreas clave como créditos reestructurados o concentración sectorial.

Fecha: finales de julio de 2012

4. Proporcionar la información requerida para los 'test de estrés' de las consultoras, incluyendo los resultados de la revisión de la calidad de los activos.

Fecha: finales de agosto de 2012

5. España deberá disponer de una legislación que garantice, si fuese necesario, la asunción de pérdidas por parte de los inversores de deuda subordinada y activos híbridos, es decir, los propietarios de acciones preferentes.

Fecha: finales de agosto de 2012

6. Reforzar el actual marco de resolución bancaria. Reforzar las competencias de resolución del FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos.

Fecha: finales de agosto de 2012

7. Preparar un plan integral y un marco legislativo para la creación y el funcionamiento de un vehículo al que las entidades traspasarán a valor razonable sus activos tóxicos (“banco malo”).

Fecha: finales de agosto de 2012

8. Completar los 'test de estrés', banco a banco.

Fecha: segunda quincena de septiembre de 2012

9. Finalizar una propuesta de reglamentación para mejorar la transparencia del sector financiero.

Fecha: finales de septiembre de 2012

10. Los bancos con déficit de capital significativo llevarán a cabo un proceso para forzar la asunción de pérdidas por parte de los inversores de deuda subordinada, es decir, los propietarios de acciones preferentes.

Fecha: Antes de las inyecciones de capital entre octubre y diciembre de 2012.

11. Los bancos elaborarán sus planes de recapitalización para indicar cómo cubrirán sus déficits de capital.

Fecha: A principios de octubre de 2012

12. Presentar los planes de restructuración o resolución a Bruselas de las entidades que forman el Grupo 2.

Fecha: octubre 2012

13. Identificar las posibilidades de mejora en las áreas en las que el Banco de España puede emitir directrices vinculantes o interpretaciones.

Fecha: finales de octubre de 2012.

14. Llevar a cabo una revisión interna de los procesos de supervisión y toma de decisiones. Proponer cambios en los procedimientos con el fin de garantizar la adopción oportuna de medidas correctivas para hacer frente a los problemas detectados en una etapa temprana. Asegurarse de que la supervisión macroprudencial se utilizará adecuadamente en el proceso de supervisión micro.

Fecha: finales de octubre de 2012.

15. Adoptar la legislación para el establecimiento y funcionamiento del banco malo, a fin de que esté plenamente operativo en noviembre de 2012.

Fecha. otoño de 2012.

16. Someter a consulta con las partes interesadas las mejoras en el registro de crédito.

Fecha: finales de octubre de 2012

17. Elaborar propuestas para el fortalecimiento de las entidades no bancarias de intermediación financiera.

Fecha: mediados de noviembre de 2012.

18. Proponer medidas para fortalecer las normas de los órganos rectores de las cajas de ahorros e introducir requisitos de incompatibilidad con respecto a los órganos de gobierno de las cajas de ahorros y bancos comerciales controlados por ellas. Las cajas podrían verse obligadas a deshacer sus posiciones de control en la banca comercial española.

Fecha: finales de noviembre de 2012.

19. Ofrecer una hoja de ruta con el fin de que las entidades financieras que hayan recibido ayudas salgan a Bolsa.

Fecha: finales de noviembre de 2012.

20. Preparar la legislación para aclarar el papel de las cajas de ahorros en su calidad de accionistas de las entidades de crédito. Proponer medidas para fortalecer las normas de idoneidad para los órganos rectores de las cajas de ahorros e introducir requisitos de incompatibilidad con respecto a los órganos rectores de los antiguos bancos de ahorro y los bancos comerciales controlados por ellos.

Fecha: finales de noviembre de 2012

21. Las entidades presentarán una hoja estandarizada con las ayudas del Estado o con las necesidades de capital que resultarán de los test de estrés.

Fecha: a partir de diciembre 2012

22. Presentar un documento sobre la modificación de la estructura de aprovisionamiento si los Reales Decretos 2/2012 y 18/2012 dejaran de aplicarse.

Fecha: mediados de diciembre 2012

23. Los bancos del Grupo 3 que planeen una ampliación de capital significativa, es decir, que corresponde a más del 2% de los activos ponderados por riesgo, tendrán que emitir los denominados CoCos (bonos contingentes convertibles) de manera preventiva dentro de su plan de recapitalización para cumplir con los requisitos de capital.

Fecha: finales diciembre de 2012

24. Transferencia de competencias: se transfiere el poder de sancionar y licenciar desde el Ministerio de Economía al Banco de España.

Fecha: a finales de diciembre de 2012

25. Exigir que las instituciones de crédito revisen y, si es necesario, preparen y ejecuten estrategias de contingencia de cara al posible deterioro de sus activos.

Fecha: finales de diciembre de 2012

26. Exigir a todas las instituciones de crédito cumplir el ratio del 9% de tier1 (Core Capital).

Fecha: 01 de enero 2013
27. Examen de los acuerdos de gobernanza del FROB y asegurarse que los banqueros en activo no son miembros de los órganos de gobiernos del FROB.
Fecha: 01 de enero 2013
28. Revisión de los problemas de concentración de crédito y transacciones con partes relacionadas.
Fecha: a mediados de enero 2013
29. Proponer una legislación específica para limitar la venta por parte de los bancos de instrumentos de deuda subordinada a inversores no cualificados y mejorar de manera sustancial el proceso de venta de cualquier instrumento que no esté cubierto por el  FGD de cara a clientes minoristas.
Fecha: para finales de febrero de 2013
30. Modificar la legislación para la mejora del registro de los créditos.
Fecha: finales de marzo de 2013
31. Recaudar capital para limitar el porcentaje de los activos de riesgo al 2%.
Fecha: finales de junio de 2013
32. Los bancos del Grupo 3 (recapitalizados con CoCos) deberán presentar planes de restructuración.
Fecha: finales de junio de 2013

4.     Conclusiones

4.1.   El proceso de reestructuración auspiciado por el Eurogrupo, aunque incorpora a los inversores y accionistas a soportar el coste de la  misma, plantea las imprescindibles inyecciones de capital público en un marco general de temporalidad. Es decir, igual que los sucesivos gobiernos españoles, considera el Memorándum que el sector bancario volverá a ser privado después de la utilización de los fondos proporcionados sector público para ser saneado. El proceso concluirá en el futuro con menos entidades y con más riesgo sistémico.

4.2.  Esta nueva reforma del sector termina de sepultar a las cajas de ahorro a las que, de forma indirecta, se responsabiliza del problema existente. Se dificulta el control de sus bancos participados por lo que se aboca a las que han sobrevivido, a una conversión en accionistas sin poder de acción alguno.

4.3.  Los bancos necesitados de capital (grupos 1, 2 y 3) deberán presentar a principios de octubre sus planes de recapitalización con medidas internas, ventas de activos, gestión de los pasivos o mediante la petición de ayuda pública. Las autoridades españolas y la Comisión Europea analizarán esos planes. Para los bancos nacionalizados (grupo 1), los que necesitarán más capital, el Gobierno debe empezar a preparar ya este mes los planes de resolución o reestructuración, de modo que estén listos para ser aprobados por la Comisión Europea en noviembre.

4.4.  En el marco de estos planes se establece la transferencia de activos tóxicos a un banco malo que debe estar culminada a finales de año y se “aparcarán” a precios razonables. Está por ver si esa actuación generará pérdidas a las entidades (lo que supondrá mayor necesidad de capital, en gran medida público) o si trasvasará el quebranto a la entidad gestora de estos activos (la pérdida recaería en su totalidad en el sector público).

4.5.  Si las necesidades de capital de las entidades son superiores al 2% de sus activos ponderados por riesgo, no podrán negarse a recibir ayudas públicas europeas que se instrumentarán con bonos convertibles en acciones. Estos instrumentos de deuda podrán ser amortizados (mediante la devolución de su importe) hasta junio de 2013 con el capital privado que capte la entidad. Si no lo logra, serán convertidos en acciones y, por tanto, dichas entidades quedarán nacionalizadas, al menos parcialmente. Aquellos otros de este grupo que necesiten una ampliación de capital menor al 2% de los activos ponderados por riesgo, tendrán de plazo para hacerlo hasta el 30 de junio de 2013, pero no serán objeto de esa recapitalización preventiva con bonos contingentes convertibles.

Si el resultado de los test de estrés es el que se adivina por las actuales filtraciones, este plan  supondrá únicamente una tregua temporal que no solucionará el problema de fondo. Todas las entidades precisan de capital y no lo van a conseguir por medio de sus accionistas privados de forma exclusiva por lo que a medio plazo, la inyección de fondos tendrá que ser transformada en capital.

EL JUICIO A LA CÚPULA DE BFA-BANKIA REALZA LA NECESIDAD DE UNA BANCA PÚBLICA BAJO CONTROL DEMOCRÁTICO

Comunicado de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas y por una Banca Pública

La Audiencia Nacional ha admitido la querella contra los integrantes de los consejos de administración de Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), porque ve indicios de delito en su actuación. Esta medida da la razón a quienes llevamos tiempo denunciando lo que estaba sucediendo en Bankia (y en todo el sector financiero). Deben depurarse las responsabilidades pertinentes de todos los que han capitaneado las entidades financieras, y Bankia sólo debería ser el principio. Además, el juicio es una ocasión para plantear una alternativa que resuelva el problema de raíz y evitar que vayamos de crisis en crisis para que, al final,”paguen el pato” los de siempre.

La Plataforma denunció hace ya más de un año que la creación del BFA y de Bankia era una operación desastrosa, que sólo perseguía la privatización y bancarización definitiva de Caja Madrid y el resto de las cajas implicadas.

También pusimos en evidencia que su salida a Bolsa se hacía con una información contable que trataba de ocultar la realidad de la entidad, que ya entonces estaba en una situación de quiebra (ver informe1). Los hechos han demostrado que teníamos razón, pero la consultora privada que elaboró el informe, Deloitte, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dieron por buena la contabilidad de la entidad y permitieron su salida a Bolsa. Sin su respaldo esta situación jamás se hubiera podido producir.

Igualmente, hace meses denunciamos que BFA-Bankia tenía ayudas públicas del Estado por importe de más de 30.000 millones y préstamos del Banco Central Europeo por importe de 40.000 millones de euros. A esa enorme cantidad, se sumarán los 19.000 millones de euros pedidos por el nuevo Consejo de Administración.

Las intenciones del gobierno actual, y del anterior, del Banco de España, y de las sucesivas directivas de BFA-Bankia no es otra que la privatización de una entidad que supone un 10% del sistema financiero estatal, con unos 165.000 millones de euros en depósitos de ciudadanos. Pero para que esta operación saliese bien había que garantizar que las deudas incobrables acumuladas durante años de especulación e inversión en proyectos ruinosos para la sociedad (aunque muy rentables para unos pocos), se “saneasen” con dinero público.

Sin embargo, el agujero en las cuentas de la entidad es de tal calado que no han encontrado la forma de hacer eso discretamente. Han tenido que nacionalizar parcialmente la entidad para evitar su quiebra y van a tener que seguir inyectándole enormes sumas de dinero público si quieren sanearla definitivamente. Y, claro, es muy difícil explicarle a millones de ciudadanos, mayoritariamente trabajadores, que ven cómo la sanidad, la educación y los servicios públicos se recortan drásticamente pero hay miles de millones para los bancos.

Y, como ha denunciado nuestra plataforma desde el primer día, la situación de BFA-Bankia es, en lo fundamental, la de todo el sistema financiero que tiene más deudas, tras años de especulación, que recursos para pagarlas y que si no está definitivamente en quiebra es porque está recibiendo enormes sumas de dinero público del Estado o del Banco Central Europeo. De hecho, al rescate a Bankia le ha seguido el del conjunto del sector financiero. Todos los directivos y grandes accionistas de los bancos y cajas deberían sentarse en el banquillo de los acusados y asumir sus responsabilidades.

En consecuencia, la Plataforma quiere manifestar en relación a BFA-Bankia lo siguiente:

- Que la Audiencia Nacional investigue hasta las últimas consecuencias la actuación de los directivos de BFA-Bankia y de las entidades responsables de su supervisión (Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores).

- Que se reviertan todas las medidas legales que han abierto la puerta a la privatización-bancarización de las Cajas, y que han alentado esta desastrosa situación.

- Que se proceda a la nacionalización integral y permanente de BFA-Bankia y de las cajas que integrantes, para convertirlas en el primer banco de la nueva Banca Pública. A la hora de efectuar la nacionalización se debe tener en cuenta tanto el valor de mercado de la entidad como las deudas que acumula, para proteger los intereses de los contribuyentes y de los impositores de la entidad. Los primeros que deben hacer frente a las deudas de la entidad son sus accionistas. No obstante, deben apoyarse todas las reclamaciones ante la justicia de aquellos ciudadanos que han sido engañados para que adquirieran participaciones preferentes y otros productos financieros de riesgo, para que puedan recuperar su dinero.

- Que se realice una auditoría por técnicos de la administración del Estado y del Banco de España, que no hayan formado parte de los consejos de administración de las entidades financieras, para que emitan un informe público y redactado de forma entendible por toda la ciudadanía, que nos permita saber cuál es la situación real de la entidad. La auditoría debería alcanzar a todas las empresas integrantes del grupo BFA-Bankia, y a las grandes empresas beneficiarias de créditos de la entidad. A partir de ahí, se puede establecer qué deudas hay que pagar y que deuda debe ser considerada ilegítima, así como la cuantía.

- Que se paralicen todos los procesos de desahucios que afecten a familias con dificultades para hacer frente al pago de su primera vivienda, integrando sus viviendas en un parque público y que sigan viviendo en ellas a cambio de un alquiler mensual acorde con sus posibilidades.

- Que se condonen todas las deudas hipotecarias de familias desahuciadas, aplicando la dación en pago con carácter retroactivo.

- Que todo el parque de viviendas y suelo de la entidad se incorporen a un parque público de vivienda en régimen exclusivo de alquiler a precios realmente asequibles, que permita el cumplimiento del derecho a vivienda para todos.

- Que todas las participaciones en empresas de la entidad se transformen en participaciones públicas en las mismas, en compensación por las ayudas públicas que está recibiendo la entidad, que, a su vez, dejaría de actuar como accionista en empresas.

- Que se intervengan todas las cuentas de entidades que formen parte del grupo BFA-Bankia en paraísos fiscales, para su repatriación y posterior cierre. La banca pública no podrá abrir sucursales en paraísos fiscales.

- Que la entidad recupere su vinculación territorial, pasando su actuación a estar coordinada con las diferentes administraciones, formando parte de sus planes de desarrollo económico y social. Su prioridad será que los ahorros de la sociedad se gestionen en beneficio de la sociedad, con criterios de eficiencia económica y social. El desarrollo del sector público en todos los terrenos, desde los servicios sociales a la industria, pasando por la sanidad y la educación, debe ser constituirse en el motor decisivo para alcanzar el pleno empleo, digno y de calidad, y para un desarrollo económico que no expolie y agote los recursos naturales. Para ello es imprescindible una fuerte banca pública.

- Que la Obra Social, cuya utilidad social quede acreditada, se incorpore mediante un proceso adecuado a los servicios sociales de las diferentes administraciones.

- Que se garanticen unas buenas condiciones a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan domiciliada la nómina en la entidad.

- Que se habilite una línea de crédito en una cuantía suficiente para pequeñas y medianas empresas.

- Que cese el despido de trabajadores y trabajadoras, tanto de la parte financieras como de su Obra Social y fundaciones. Es necesario defender los puestos de trabajo, en condiciones dignas, además de que existan medios para una atención adecuada a los impositores de la entidad.

- Que se establezca una nueva estructura de dirección realmente democrática a partir de los siguientes criterios:

- Elección democrática y transparente de todos los integrantes de la misma.

- Limitación drástica de los salarios de todos los directivos al salario de un trabajador público equivalente.

- Prohibición de formar parte de la dirección a cualquier persona que haya formado parte de los consejos de administración de otras entidades financieras durante los últimos 10 años.

- Limitación drástica de mandatos. Nadie podrá integrar los consejos de administración de la entidades más de 4 años consecutivos.

- Obligación de rendir cuentas anual y públicamente, en los parlamentos de las diferentes comunidades y central, en un lenguaje accesible para todos los ciudadanos.

Finalmente, la situación de Bankia no puede resolverse de forma aislada del resto del sector financiero y del conjunto de la economía. Debe auditarse el conjunto del sector financiero con los criterios que reclamamos para BFA-Bankia, y dejar de tirar dinero público a un pozo sin fondo y sin contrapartidas reales.

El conjunto de las antiguas cajas, que suponen la mitad del sistema financiero estatal, deben ser nacionalizadas, no para volver a funcionar como lo hacían las cajas y aún menos para sanearlas y luego regalárselas a los bancos privados, sino para que funcionen como una verdadera banca pública, controlada democráticamente y con una finalidad social.

La banca privada no está mejor que las antiguas cajas y también está recibiendo miles de millones de euros en ayudas, por lo que estas ayudas deben dar lugar a la entrada de representantes públicos en sus órganos de gestión.

Las medidas antes expuestas deben generalizarse al conjunto del sector financiero puesto que, al fin y a la postre, lo que hace es administrar los ahorros de la sociedad. Igual que no queremos dejar en manos privadas la gestión de la sanidad o la educación, no podemos dejar en manos privadas la gestión de nuestros ahorros, pues esta crisis ha demostrado que la gestión en busca del “máximo interés privado” se acaba convirtiendo en el “máximo desastre social”.

Finalmente, el caso de Bankia saca a relucir las equivocaciones de la propia izquierda sindical y política cuando una mayoría de sus direcciones ha respaldado la privatización de las cajas y la gestión de estos años pasados. Es necesario depurar todas las responsabilidades y cambiar drásticamente de política. Llamamos a todos los sindicatos y partidos de la izquierda, y al resto de los movimientos sociales a que respalden, difundan estas propuestas y movilicen en su apoyo, como parte imprescindible de una política alternativa a los recortes de derechos que sufrimos.

Pregunta parlamentaria sobre el Fondo de Garantía de Depósitos

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.

El 15 de octubre de 2011 entró en vigor el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se creó el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. En el Real Decreto-ley, se declaró la disolución de los tres Fondos de Garantía de Depósitos existentes hasta ese momento (el Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro, el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios y el Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito), cuyos patrimonios quedaron integrados en el nuevo Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, que se subrogó en todos los derechos y obligaciones de aquellos.

El nuevo Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito tiene por objeto, como venía siendo hasta ahora, garantizar los depósitos en entidades de crédito, con el límite de 100.000 euros pero incorpora a sus funciones la realización de actuaciones que refuercen la solvencia y funcionamiento de las entidades de crédito. En el marco de estas nuevas funciones, el Fondo de Garantía de Depósitos ha suscrito Esquemas de Protección de Activos para proteger a las entidades financieras que han adquirido otras en procesos de privatización realizados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Se trata de sistemas que aseguran riesgos para las entidades compradoras a costa del FROB o del Fondo de Garantía de Depósitos.

En el momento del registro de esa pregunta, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito no ha hecho públicas las cuentas anuales ni el informe de auditoría correspondiente al cierre del ejercicio 2011. Por este motivo, a los ciudadanos les resulta imposible conocer la capacidad de dicho Fondo de cumplir su función de garantizar los depósitos de los ciudadanos hasta el límite legal de los 100.000 euros.

·          ¿Está en condiciones el Gobierno de hacer público el patrimonio del que dispone el Fondo de Garantía de Depósitos para cumplir las funciones establecidas en el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre?.

·          ¿Puede detallar el Gobierno el patrimonio que el Fondo de Garantía de Depósitos tiene comprometido en los diferentes esquemas de protección de activos otorgados?

·          ¿Con qué entidades financieras ha suscrito el Fondo de Garantía de Depósitos estos esquemas de protección de activos?

·          ¿Qué condiciones específicas tiene cada uno de los esquemas de protección de activos firmados?

·          ¿Puede indicar el Gobierno la cuantía del patrimonio no comprometido del Fondo de Garantía de Depósitos con el que dicha entidad garantiza los depósitos en las entidades financieras con el límite reglamentariamente establecido?.

·          ¿Considera el Gobierno que es suficiente el patrimonio no comprometido del que dispone el Fondo de Garantía de Depósitos para garantizar las funciones establecidas en el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre en lo referente a la protección de los depositantes?.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2012.

Alberto Garzón Espinosa, Diputado.