Las ayudas públicas al sector bancario (Diciembre 2012)

Carlos Sánchez Mato


El proceso de reestructuración del sector bancario español cumple ya cinco
largos años. La estrategia de los Gobiernos (de dos partidos distintos) ha
tenido vergonzosas similitudes que han calado en gran parte de la población
informada de manera casi exclusiva por los medios de comunicación de masas.
El mensaje que se ha ido transmitiendo en cada uno de los hitos por los que
ha pasado el salvamento de las entidades financieras es que el problema está
limitado a una pequeña parte del sector y a una porción de los préstamos. En
ningún caso, han declarado a todo aquel que les ha querido escuchar, se
trata de problemas de solvencia. Las turbulencias pasarán y el crédito
volverá. La buena gestión que han demostrado las entidades bancarias de
mayor tamaño y con una sólida implantación internacional cimentará la
próxima y cercana recuperación económica. Para hacer frente a las
necesidades de las pocas entidades (cajas de ahorros) gestionadas por el
sector público, hemos tenido que hacer algunos sacrificios pero el quebranto
ya está solucionado con un préstamo en ventajosas condiciones que nos ha
concedido el Mecanismo Europeo de Estabilidad y que ha sido un 60% inferior
a los 100 mil millones de euros que nuestros socios europeos habían puesto a
nuestra disposición. Por supuesto, los ahorros de los ciudadanos están
plenamente garantizados.
La explicación es radicalmente falsa y hoy la población lo intuye. La falaz
historia ha ido acompañada de una necesaria e imprescindible desinformación:
En ningún organismo público se informa de manera completa de las ayudas
públicas puestas a disposición de las entidades bancarias.
¿Por qué motivo?
Realmente es muy sencillo de comprender. Sería difícil de sostener por parte
de las élites políticas y económicas que el rescate del sistema financiero
ha precisado de 1,42 billones de euros de ayudas públicas hasta diciembre de
2012 y además que ese rescate ha sido insuficiente porque solamente una
pequeña parte de esas ayudas lo han sido en forma de capital (87.357
millones de euros) mientras que el resto (1,33 billones de euros) son
medidas para paliar su falta de liquidez como préstamos, adquisición de
activos, garantías y avales. Estos mecanismos no solucionarán sus problemas
de solvencia.
Esta aberrante actuación de los responsables de velar por el interés general
provocarán, con toda seguridad, una quiebra de las finanzas públicas
arrastradas de forma directa o indirecta por el sector financiero.

En el siguiente informe se pueden visualizar las ayudas públicas destinadas
a sostener al insolvente sistema financiero español, siempre tomadas de
fuentes oficiales.

https://www.dropbox.com/s/2nw7o9viwialq01/Ayudas%20p%C3%BAblicas%20sector%20financiero%20espa%C3%B1ol%20Diciembre%202012.pdf 

¿ESPAÑA NO ES CHIPRE?

Carlos Sánchez Mato

En la madrugada del sábado los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea acordaron proporcionar un préstamo de 10 mil millones de euros a Chipre para que el país rescate a su sistema bancario. A cambio, se obliga a este gobierno conservador a establecer un impuesto del 6,75% sobre los depósitos de hasta 100.000 euros y del 9,9% en los depósitos por encima de esa cantidad. Con esta medida, el estado chipriota recaudará 5.800 millones de euros. Para evitar la huida masiva de los depositantes, las entidades han retenido ya esa cantidad, y se han limitado las transferencias para impedir una retirada masiva de fondos.

En definitiva, el corralito en plena Unión Europea. 

El camino que se ha iniciado en Chipre no tiene vuelta atrás. Se ha cruzado una línea que era el único obstáculo que impedía en estos últimos años la quiebra del sistema bancario de la mayoría de los países europeos.

Según se han apresurado a declarar fuentes del Ministerio de Economía, el rescate que la Unión Europea ha realizado a Chipre y que incorpora por primera vez la realización de quitas a los ahorradores “no es extrapolable a ningún otro país”.  El argumento es que Chipre tiene un sector bancario sobredimensionado, una situación muy compleja y una profunda crisis inmobiliaria. La verdad es que no parecen argumentos muy tranquilizadores para los depositantes españoles…

Y no lo son porque el sistema bancario estaba y está en quiebra. El único motivo por el que los ciudadanos españoles no retiran de forma masiva sus ahorros de las insolventes entidades bancarias es la confianza en que el Estado protege sus depósitos hasta un importe de 100 mil euros por titular. Saben que el Fondo de Garantía de Depósitos no dispone de patrimonio para responder ni a la quiebra de una pequeña entidad como el Banco de Valencia por lo que su utilidad en caso de una crisis global como la actual es nula.

Si el Gobierno español adoptara una decisión similar, se recaudarían más de 148 mil millones de euros según las estimaciones que podemos realizar con los datos de depósitos de las entidades bancarias publicados en junio de 2012. De esa cantidad, más de 53 mil millones de euros corresponderían a los titulares de depósitos de importe inferior a los 100 mil euros. Desde el miope punto de vista del Gobierno puede ser muy tentador “meter la mano” en los ahorros de la ciudadanía para recapitalizar a bancos y cajas de ahorros. Sin embargo, esa actuación no conseguiría en ningún caso el objetivo perseguido. Los depósitos de la clientela suponen aproximadamente el 44% de la financiación de los activos del sistema bancario español. Con toda seguridad se produciría una contracción brutal de la confianza en la seguridad de los particulares y el efecto sería demoledor para las entidades.

Hasta ahora, mi opinión había sido que las élites en el poder no se atreverían a resolver la falta de capital de las entidades financieras expoliando a los depositantes por la enorme repercusión política que esas medidas supondrían. Sin embargo, no contaba con la torpeza de los reunidos esta semana en Bruselas. Solamente una nacionalización inmediata y permanente de todo el sector bancario puede salvar los ahorros de los europeos pero no parece que esto forme parte de la agenda de la Comisión Europea.

El plan diseñado para Chipre es una experiencia piloto y las consecuencias de esa actuación serán analizadas con todo detalle por los jefes de Estado y de Gobierno de los países pertenecientes a la Unión Europea. Si logran atajar las consecuencias de esta decisión, es decir, si no se produce una huida desesperada de los depositantes (no solamente de los chipriotas) y una protesta social equivalente a la magnitud de la tropelía, actuarán de igual forma en la siguiente fase del rescate bancario que tendrá lugar en los próximos años en los países del Sur de Europa.

La parte positiva es que, por fin, se producirá el estallido social.

BFA-BANKIA NUEVAS NECESIDADES DE CAPITAL PARA UN POZO SIN FONDO

Carlos Sánchez Mato

El Banco Financiero y de Ahorros (matriz de Bankia) ha presentado recientemente los resultados correspondientes al ejercicio 2012. Después de un convulso año en el que se produjo la forzada dimisión del anterior presidente Rodrigo Rato y la llegada a la dirección de José Ignacio Goirigolzarri, la entidad se vio obligada a pedir la urgente necesidad de capitalización pública para evitar el estallido.  

Más de 22 mil millones de euros de dinero público han sido inyectados en la entidad en forma de capital pero no ha sido esa la única ayuda estatal que ha recibido BFA-Bankia. Además de lo anteriormente reseñado, BFA-Bankia ha utilizado más de 120 mil millones de euros de recursos públicos para su financiación como única forma de mantener la operativa diaria de la entidad.  La entidad tenía a finales de 2012 más de 74 mil millones de euros en préstamos del Banco Central Europeo, ha recibido más de 19 mil millones de euros en avales para sus emisiones de deuda y ha traspasado más de 22 mil millones de euros en activos al SAREB a cambio de bonos de dicha entidad con el aval del Estado. Con carácter previo, BFA-Bankia fue una de las entidades bancarias españolas que enajenó títulos de deuda no líquidos al Fondo de Adquisición de Activos Financieros. Este organismo de carácter público proporcionó liquidez a las necesitadas entidades ante su imposibilidad de obtenerla por otros medios.

En total, BFA-Bankia ha recibido la descomunal cifra de más de 142 mil millones de euros de ayudas públicas en el período 2009-2012 entre medidas de capitalización (15,73%) y medidas de financiación (84,27%).  Y eso es solamente la cuarta parte de los fondos públicos destinados a sostener el sector bancario de nuestro país.

Después de esta mastodóntica inversión de dinero de los contribuyentes, el actual presidente de la entidad, el Ministerio de Economía y el Banco de España han lanzado un mensaje triunfalista en el que se indica que la entidad tiene un balance saneado. Cualquier observador podría decir que la presunción era innecesaria después de “disparar con pólvora del rey”  pero, desgraciadamente para el erario público, el análisis de los estados financieros publicados revela las graves carencias de capitalización que sigue sufriendo la entidad.  Las estrategias de maquillaje no desaparecieron con el anterior equipo directivo y el actual consejo de administración se ha afanado en activar más de 9 mil millones de euros en créditos fiscales que solamente sus nietos podrán hacer líquidos y en ocultar los activos ponderados por riesgo sobre los que se calculan los requerimientos de capital.

Si se realizan los ajustes al patrimonio neto que suponen los activos fiscales de imposible recuperación y la elevación de los activos ponderados por riesgo a efectos del cálculo de capital necesario, el déficit de capital ascendería en la actualidad a más de 16 mil millones de euros.  

Nuevas necesidades para un pozo que no parece tener fondo.

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