La Plataforma por la Banca Pública se opone al Proyecto de Ley de cajas de
ahorro y fundaciones bancarias, actualmente en trámite de aprobación
parlamentaria.
Propone la siguiente enmienda a la totalidad para que los grupos
parlamentarios que así lo quieran, la presenten en su propio nombre.
¡¡¡Hay alternativas!!!
PLATAFORMA POR LA NACIONALIZACIÓN DE LAS CAJAS Y POR UNA BANCA PÚBLICA
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el reglamento de la Cámara, el grupo
Parlamentario XXXXXXXXX, presenta la siguiente Enmienda a la Totalidad de
devolución al Proyecto de Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias
121/000049.
El grupo Parlamentario XXXXXXXXXX presenta enmienda de totalidad de
devolución al proyecto de Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias en
coherencia con la posición mantenida por nuestro Grupo respecto al proceso
de reestructuración del sistema financiero español.
Conforme se indica en la exposición de motivos que precede al texto
articulado del Proyecto de Ley de cajas de ahorro y fundaciones bancarias,
la justificación de tal iniciativa legislativa deriva principalmente de las
consecuencias que la crisis económica ha tenido sobre las cajas de ahorro y
que hace necesario, según el Gobierno, replantear de manera exhaustiva e
integral su régimen jurídico.
En dicha exposición de motivos se realiza una explicación de lo ocurrido en
el sistema financiero del Estado español que culpabiliza a buena parte de
las cajas de ahorro de comprometer gravemente la estabilidad financiera en
España.
Por ello, obligado resulta analizar si el diagnóstico es el adecuado para
concluir si el proyecto remitido podrá cumplir o no con los objetivos que
pretende alcanzar.
En España el proceso de reestructuración y salvamento del sistema bancario
está lejos de terminar. Y no precisamente porque las entidades financieras
de nuestro país formaran parte del sistema "más solvente del mundo" sino más
bien porque se optó desde el primer momento por no reconocer el problema.
Las actuaciones que los Gobiernos del PSOE y el Partido Popular han llevado
a cabo se han caracterizado por minimizar desde un primer momento los
problemas existentes en las entidades financieras e intentar, en todo caso,
circunscribirlos a problemas de liquidez y no de solvencia. Además, la
explicación ha pretendido limitar las dificultades financieras a las cajas
de ahorro y excluir de las mismas a los bancos.
Con estas premisas, las vías de solución aplicadas no podían hacer otra cosa
que establecer procesos de integración para que las entidades más fuertes
pudieran solventar las dificultades de las más dañadas y el establecimiento
de medidas muy limitadas y puntuales de recapitalización, siempre con el
objetivo de que las entidades apoyadas volvieran rápidamente a manos
privadas.
Desde el inicio de la crisis, los sucesivos Gobiernos han articulado un
conjunto de medidas legales que han resultado insuficientes para abordar la
magnitud de la misma y que pueden provocar gravísimos problemas en el
futuro. El sector bancario avanza hacia la conformación de un poderoso
oligopolio constituido con ayudas públicas y formado por entidades
sistémicas a las que será imposible exigir un comportamiento prudente que no
comprometa al propio Estado. Todo el desarrollo legal ha ido acompañado de
un fuerte apoyo económico público para evitar el derrumbe de las entidades.
Aunque las declaraciones públicas han intentado ocultar el coste para los
ciudadanos, las actuaciones de los sucesivos Gobiernos no han sido inocuas
para el erario público.
La diversidad de instrumentos utilizados ha sido extensa: desde inyecciones
directas de capital a las entidades, a elevar el aval implícito a los
depósitos que los ahorradores tienen en las entidades bancarias a 100.000
euros por titular, pasando por suscripción de participaciones preferentes
convertibles, adquisición de activos, avales a emisiones de deudas, seguros
que garantizan pérdidas futuras (esquemas de protección de activos) y
préstamos del Banco Central Europeo.
Es preciso resaltar el apoyo adicional fundamental que han recibido las
entidades bancarias por parte del Banco Central Europeo, organismo público
que ha otorgado financiación ilimitada a los bancos y cajas españoles que en
diciembre de 2012 le adeudaban más de 357.000 millones de euros a un tipo de
interés concesional del 1 por ciento. Además, el rescate obtenido a través
del Mecanismo Europeo de Estabilidad incluye a los socios europeos entre los
actores que han contribuido a sostener el sector bancario español.
El último elemento utilizado ha sido la creación de la Sareb (Sociedad de
Gestión de Activos procedentes de la reestructuración del sector bancario).
Aunque Sareb se presenta como una sociedad "que no forma parte del sector de
Administraciones Públicas", todos los grupos parlamentarios somos
conscientes de que no es más que una forma de ocultar una realidad evidente.
Para adquirir 50.653 millones de euros de activos tóxicos, el Estado ha
aportado más de 52.000 millones de euros entre capital, deuda subordinada y
deuda avalada. Sin embargo, el FROB tendrá una participación minoritaria en
el capital para evitar que las pérdidas de Sareb computen como déficit
público y la deuda sea considerada como pública. Esta sociedad y su
operativa ha sido diseñada por el Ministerio de Economía y Competitividad
con el auxilio del Banco de España. Cuenta además con una Comisión de
Seguimiento que controlará su actuación y que estará formada además de por
los anteriormente citados, por el Ministerio de Hacienda y la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Simular que no es una empresa pública no es
otra cosa que un flagrante fraude de ley. Sin embargo, las declaraciones del
Gobierno olvidan las ayudas públicas que para las entidades ha supuesto la
adquisición de esos activos irrealizables en el momento actual. Además, el
efecto más importante no es el obtenido por las entidades nacionalizadas que
han traspasado sus activos a la misma. Los mayores beneficiarios de la
constitución de Sareb son el resto de entidades bancarias privadas a las que
se les permite no valorar sus activos inmobiliarios a los mismos precios que
a las entidades nacionalizadas, además de permitirles participar en la
gestión de la entidad en un evidente y flagrante conflicto de competencia
con sus propios intereses que, en ningún caso pasan por la bajada
generalizada de los precios de los activos inmobiliarios, lo que mostraría
con claridad su situación de insolvencia.
Solamente realizando un adecuado diagnóstico de lo ocurrido que conlleve la
determinación de las actuaciones social e incluso penalmente denunciables,
podrán ponerse las bases para poner en marcha soluciones reales a la quiebra
del sistema financiero.
El sistema bancario ha demostrado, no solo en esta última crisis, que la
gestión en busca del "máximo interés privado" se acaba convirtiendo en el
"máximo desastre social". Es una evidencia que el sistema bancario es
incapaz de cumplir su función sin la inyección de ingentes cantidades de
fondos públicos. Salvo en el caso de las honrosas excepciones de las
iniciativas de banca ética o de algunas cooperativas de crédito que no han
incurrido en actuaciones de idéntica gravedad, el sistema bancario en
general carece de capacidad para cumplir la función que la sociedad le
asigna.
No es aceptable por parte de este grupo parlamentario por lo tanto, la
consideración de que el tamaño de las cajas de ahorro, la falta de
profesionalización de los órganos de gobierno o la participación en los
mismos de las Administraciones Públicas, son los elementos que han causado
la actual crisis. Históricamente, las cajas de ahorro han cumplido una
función fundamental, universalizando y posibilitando el acceso de las clases
populares a los recursos financieros y facilitando el ahorro popular. Al
mismo tiempo, han desarrollado una obra social de considerable magnitud que,
aunque criticable en ocasiones, contribuía a la cohesión social y
territorial. El balance que la propia exposición de motivos del proyecto de
Ley reconoce es claramente positivo en cuanto a la consecución del acceso al
crédito de las clases sociales más empobrecidas y a su sensibilidad hacia
las necesidades y peculiaridades propias de los territorios en los que
actuaban. Sin embargo, el proceso de liberalización del régimen jurídico de
estas entidades las ha convertido progresivamente en entidades de crédito
similares a los bancos. Por ello, cuando se produce la explosión de la
burbuja financiera, parece claro que una de las soluciones que podrían
salvar a las entidades bancarias privadas era la culpabilización de las
cajas de ahorro y su correspondiente demonización. No hay elementos
objetivos que puedan apoyar este diagnóstico. Ni las cajas de ahorro tenían
más morosidad ni sustancialmente más exposición al sector inmobiliario que
los bancos. Las cajas de ahorro estaban en quiebra, exactamente igual que
las entidades bancarias; pero si la reducción de un sector financiero
absolutamente sobredimensionado se hacía a costa de las cajas de ahorro,
quedarían ocultas las actuaciones en el resto de entidades.
El Estado, en nuestro país como en el resto, ha intervenido para paliar el
colapso financiero y proteger los ahorros de la ciudadanía pero no lo ha
hecho sirviendo a los intereses generales sino a los de las élites
económicas que no quieren asumir las consecuencias de la quiebra económica
del sector financiero.
La superación de la actual situación requerirá inevitablemente la
nacionalización de la práctica totalidad del sector financiero por la
conversión de gran parte de las ayudas públicas ya desembolsadas en capital
y el radical saneamiento de las pérdidas ocultas en los balances. Pero de
nada serviría esa medida si únicamente se plantease de forma temporal porque
la gestión y la administración de los ahorros de la sociedad son demasiado
sensibles y vitales como para dejarlas en manos privadas. Tampoco puede ser
admitida la opción a la que parecemos abocados en el presente: que el Estado
sanee las entidades bancarias con fondos que detrae de las partidas
presupuestarias destinadas al gasto social para regalárselas a continuación
a los mismos que las han llevado a la ruina.
Cobra todo sentido que se reivindique la Banca Pública como instrumento que
coadyuve a una salida diferente a la actual crisis. Pero, además, es
fundamental para que ejerza la función que el sistema financiero que debería
ejercer, esto es, la de canal de comunicación entre el ahorro y la inversión
productiva. La banca privada ya ha demostrado sobradamente que, buscando
altas tasas de rentabilidad superiores a las que podría proporcionar la
inversión en la economía real, ha incurrido en riesgos desmesurados que han
causado los perversos efectos que la sociedad está sufriendo. Por ello, la
Banca Pública no debe ser únicamente un medio legítimo que permita la
apropiación de los beneficios por parte de la ciudadanía a través del Estado
sino que debe ser parte de una estrategia más amplia que permita que aquella
ejerza el poder económico y democrático.
Pero los problemas del sector financiero no pueden abordarse por separado de
lo que le sucede al conjunto de la economía. Hemos de tener presente que la
banca no crea riqueza en sí misma y el proceso de crecimiento basado en el
ámbito financiero sin relación con la economía real está condenado a saltar
de una burbuja a otra. La riqueza es el producto del trabajo humano, los
recursos naturales y los medios de producción. Dicho en otros términos, si
los ciudadanos no tienen trabajos y salarios dignos no pueden devolver
ninguna deuda. De hecho, no faltan recursos para que todo el mundo tenga una
existencia digna, el problema está en quién los tiene y en beneficio de
quién se usan. A partir de una fuerte Banca Pública y ante el evidente
fracaso de la "iniciativa privada", es necesario poner en marcha un plan de
desarrollo del sector público en todos los terrenos que permita alcanzar el
pleno empleo, unos servicios públicos de una calidad y cuantía suficientes,
y empezar a revertir de forma veraz el expolio de los recursos naturales. Es
decir, poner la economía al servicio de las personas y no al revés.
Los ejes fundamentales de un texto alternativo que tuviera resultado eficaz
ante el problema existente en el área financiera tendría que tener en cuenta
los siguientes hitos:
I. Nacionalización definitiva e irreversible de todas las cajas de
ahorros y sus bancos participados, a fin de convertirlos en una banca
pública. Su gestión será sometida a un control democrático y vinculada a las
políticas sociales y económicas. Sus directivos serán elegidos de forma
democrática y con salarios limitados a los que se marque para cualquier
trabajador del sector público.
II. Todas las ayudas públicas directas o indirectas que hayan recibido
el resto de entidades financieras se transformarán en acciones públicas (los
préstamos del BCE también tendrán el carácter de ayudas públicas), con
entrada de representantes públicos en los consejos de administración de las
mismas, que velarán por el estricto cumplimiento de unas normas de gestión
que marquen un límite de endeudamiento máximo para dichas entidades mucho
más bajo que el actual, que prohíban la especulación, y establezcan
criterios de transparencia, utilidad social y racionalidad en la concesión
de créditos. La conversión de las ayudas en capital supondrá la
nacionalización del conjunto del sector bancario para constituir una
verdadera Banca Pública, controlada democráticamente y con una finalidad
social.
III. No se transferirá ni un solo euro público más a ninguna entidad
hasta que se complete una auditoría pública y transparente de las cuentas de
todas las entidades financieras españolas que permita establecer un plan de
saneamiento efectivo. Dicha auditoría incluirá a las grandes empresas, dado
que ellas son las responsables de la mayor parte de la deuda. Su realización
correrá a cargo de un organismo público formado por técnicos no vinculados a
los órganos directivos de las entidades financieras, bajo supervisión
democrática y sus resultados serán públicos y expuestos de forma asequible
para todos los ciudadanos. Esta investigación ha de servir para establecer
el estado real de los balances de los bancos y grandes empresas, así como
quiénes son los acreedores de dichas deudas y quiénes se han beneficiado de
la política de sobreendeudamiento practicada durante los años de auge
económico.
IV. Hasta que no esté terminada la auditoría se decretará una moratoria
en el pago de la deuda pública, la cual también tendrá que ser sometida a
una auditoría por el mismo procedimiento y con los mismos criterios que la
realizada a las entidades financieras.
V. La nueva banca pública tendrá como objetivo fundamental gestionar de
manera prudente los ahorros de la ciudadanía y proporcionar crédito a
familias y empresas. Eso implica definir un modelo de gestión distinto al
realizado en las cajas de ahorro que tenga en cuenta criterios sociales y de
financiación de la economía productiva eficaces. Solo así podrá ponerse en
marcha un plan estratégico de salida social a la crisis.
VI. La banca pública se caracterizará por la transparencia en sus
políticas y por el rendimiento público y transparente de sus cuentas anuales
en un lenguaje asequible para el conjunto de la ciudadanía.
VII. La Obra Social de las antiguas Cajas, cuya utilidad social se
acredite, se incorporará mediante un proceso adecuado a los servicios
sociales de las diferentes administraciones.
Por todo lo anteriormente citado, consideramos que el proyecto de Ley
presentado por el Gobierno no es admisible para nuestro grupo y refuerza la
postura que sostenemos de enmendar la totalidad del proyecto y de pedir,
consecuentemente, su devolución al Gobierno.
http://bancapublica.info
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