PROGRAMA DE RADIO ECONOMÍA DIRECTA
Hoy hablamos sobre la negativa de Bruselas al plan del Gobierno para
rescatar las autopistas mediante un análogo del “banco malo”, seguimos
hablando sobre las técnicas contables que está llevando a cabo la banca
con la compraventa de viviendas y las desviaciones estadísticas que
están produciendo y analizamos las previsiones para 2014, centrándonos
en los mercados financieros.
Con Carlos Sánchez Mato, Antonio Espin y Francisco Guillén. Conduce Juan Carlos Barba.
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Cambio de sistema
domingo, 29 de diciembre de 2013
martes, 24 de diciembre de 2013
Programa de radio ECONOMÍA DIRECTA
Hoy hablamos sobre la última subasta eléctrica y su posterior invalidación y aprovechamos para analizar el sistema eléctrico y las cargas que supone tanto para las familias como para las empresas. También hablamos sobre el “taper”, el anuncio de la Fed de la retirada gradual de los estímulos financieros, y la inesperada reacción de los mercados; sobre la compra de Novagalicia Banco por parte de Banesco y del costo que va a suponer para el bolsillo de los ciudadanos y, para terminar, sobre los movimientos de la banca en el mercado inmobiliario que explican los últimos movimientos en el mercado de la vivienda.
Con Carlos Sánchez Mato, Antonio Espín y Francisco Guillén. Conduce Juan Carlos Barba.
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miércoles, 18 de diciembre de 2013
Hay que exigir una moratoria de la deuda en la Junta de Andalucía
El presupuesto andaluz y la postura de IULV-CA
HAY QUE EXIGIR UNA MORATORIA DE LA DEUDA EN LA
JUNTA DE ANDALUCÍA
IULV-CA
sólo debería apoyar los presupuestos si se plantan ante los bancos, poniendo
por delante el gasto social y el empleo
Sergio Sánchez Romero,
Alberto Arregui, Carlos Sánchez Mato y Jordi Escuer[1]
La Junta de
Andalucía va a aprobar los segundos presupuestos de la legislatura, los
primeros en los que IU ha participado en su elaboración. El vicepresidente de
la Junta, Diego Valderas, ante las críticas a dicha postura —de la mayoría de
los sindicatos de clase, algunos de los cuales lo clasifican como “un
presupuesto que reparte la miseria” o del propio Consejo Político Provincial de
IU en Sevilla, que el pasado 28 de noviembre aprobó por unanimidad una
resolución contra el presupuesto de 2014—, ha contestado que “es el presupuesto
posible en tiempos imposibles”[2].
¿Qué valoración
hace la dirección de IULV-CA? Se considera un presupuesto que pasa “a la
ofensiva ante los imperativos legales de Montoro”[3],
según José Antonio Castro, portavoz de IU en el Parlamento andaluz. “En
Andalucía ni se privatiza ni se despide masivamente a empleados públicos
vinculados a servicios básicos”, añade.
La diputada Marina
Segura señala que éstos no son los presupuestos que hubiera hecho IU si tuviera
más fuerza social y mayor presencia en el Parlamento, ya que no se recupera el
número total de docentes perdidos en 2012, ni el complemento adicional de las
pagas extras, un año más, y cree que haría falta una reducción mayor del dinero
dedicado a la escuela concertada, en favor de la pública. Parece claro, a la
luz de declaraciones como las de la compañera, que el discurso de IU sería muy
distinto si estuviese en la oposición y con el PSOE gobernando en minoría.
El portavoz de
IU en el Parlamento, José Antonio Castro, explica que debido a la “extrema
dificultad” económica en la que se han elaborado los presupuestos “por tercer
año consecutivo”, IU ha aparcado por el momento el impuesto a las grandes
superficies. “Creemos que a lo largo de 2014, más pronto que tarde, Andalucía
tendrá que poner sobre la mesa una revisión fiscal y nuevas figuras fiscales
como la ecológica, que no se nos van a escapar porque están en el Pacto de Gobierno”.
Pero no parece que la Consejera de Hacienda, María Jesús Montero, esté por la
labor, pues ha declarado que “en este momento no parece adecuado un aumento de
la presión fiscal”[4].
A su vez, en el
proceso de tramitación de enmiendas, se plantea que se ha conseguido un
incremento de 14,8 millones en el capítulo de salarios, que permitirán más
contratación de personal docente. Esto supone un aumento del 0,16% en dicho
capítulo. En total, las enmiendas de IU supondrían, si se aceptan, un aumento
del gasto de casi 64 millones de euros, un 0,21% del presupuesto total de la
Junta.
Se podrá decir
que el PP lo haría peor, sin duda, pero no parece muy realista decir que estos
presupuestos son una ofensiva frente a la derecha, por cuanto ni se recuperan
los puestos de empleo público destruidos durante la crisis, ni se puede achacar
a la pérdida de empleados dependientes de la Administración central pues han
crecido[5].
El gobierno de la Junta de Andalucía ha destruido más de 11.000 puestos de
trabajo en la Sanidad andaluza, de los cuales más de 7.000 corresponden al
ejercicio de 2012. En los dos últimos cursos académicos, en Educación se han
perdido más de 7.000 empleados públicos, entre despidos de interinos y la no
reposición de las jubilaciones acaecidas.
En Andalucía cayó
el número de empleados de la Junta para Consejerías y organismos autónomos,
docencia no universitaria y sanitarios en un 6,2%, mientras el número de
contratados en los ayuntamientos cayó en un 5,2%[6].
Un nuevo reparto de la miseria
Lo cierto es
que los presupuestos de 2014 suponen una reducción total del gasto de 2.062
millones de euros sobre los de 2011, unas cuentas públicas que ya entonces Diego
Valderas calificó de “restrictivísimas y de miseria”[7].
Y la caída se da en los capítulos principales. En Empleo, se gastan 731,9
millones menos, lo que supone casi un 7,5% de disminución. También en gasto
social, si comparamos la suma de los gastos de las Consejerías de Salud e
Igualdad y Bienestar Social en 2011 con los de la Consejería de Igualdad, Salud
y Políticas sociales, han caído en más de 1.200 millones.
Total Empleo Sanidad, Igualdad y Bienestar social
2011 31.682,1 9.766,2 11.412,8
2014 29.619,6 9.034,3 10.149,0
Disminución 2.062,5 731,9 1.263,8
Fuente: Junta de Andalucía
Se resalta que el gasto en el Ingreso Mínimo de Solidaridad se
incrementa en 2014 un 29,5% hasta llegar a los 90 millones de euros. Pero eso
supone que se podrá abonar el IMS, de 397 euros mensuales durante 6 meses, a un
máximo de 38.000 personas. Por tanto, si los presupuestos de 2011 eran de
“miseria”, no es preciso hacer de la necesidad virtud puesto que los actuales
no dejan de ser un nuevo reparto de la miseria.
En Andalucía, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en
el tercer trimestre de 2013 había 1.447.300 personas en situación de paro. De
ellas, un 49’96% no percibe ninguna prestación por desempleo, es decir, casi
720.000 personas no tienen ningún ingreso[8],
siendo los jóvenes particularmente afectados, ya que el 66’5% de los parados
andaluces son menores de 25 años. En junio de 2013 el número de personas que
busca su primer empleo es de 118.500 personas, eran 70.800 del segundo
trimestre de 2009.
Así pues, vemos que las ayudas que se están poniendo sobre la mesa se
encuentran lejos de ser ninguna “ofensiva” contra nada, más allá de un reparto
de la miseria. Los Presupuestos de la Junta de Andalucía de los últimos años no
están siendo una herramienta que detenga y revierta el trasvase de riqueza
desde las rentas del trabajo hacia las rentas del capital, sino que sólo
atenúan dicho proceso en relación con otras comunidades gobernadas por el PP,
pero no lo detienen.
De hecho, las propuestas de IULV-CA para crear un
banco público en Andalucía se encuentran con obstáculos difícilmente salvables
ante la oposición real de quienes tendrían que impulsar medidas en ese sentido.
La Junta de Andalucía no dispone de capacidad económica que permita la puesta
en marcha de una entidad financiera con el escenario presupuestario que plantea
y, en el mejor de los casos, únicamente podría poner en marcha el denominado
Instituto de Crédito Público que no podrá prestar en cuantía significativa ni a
familias ni a pequeñas y medianas empresas si no capta depósitos de los ciudadanos[9]. No tiene sentido por lo tanto, una banca pública
específica sin una visión generalista porque no tendría ni tamaño suficiente ni
solucionaría el riesgo sistémico de las entidades privadas que los ciudadanos
seguiríamos sosteniendo. Sería algo parecido a lo que ha sido hasta ahora la
Agencia IDEA: una herramienta al servicio de intereses empresariales privados
gestionada desde el ámbito público y que no resolvería el riesgo para la
sociedad del resto de la banca que seguiría teniendo "secuestrado" el
ahorro.
Sí hay
alternativa: el gasto social y el empleo primero, los bancos después
La única forma de dar una vuelta a la situación financiera de la Junta
a corto plazo solamente puede comenzar con la declaración de una moratoria en
el pago de la deuda. La deuda de la Junta no ha dejado de crecer desde el año
2007, hasta alcanzar un monto de más de 21.000 millones de euros, lo que
equivale a más del 80% de los ingresos corrientes de la Junta. Esa sangría es
insoportable y está lejos de haberse acabado, pues la vida media prevista de
los préstamos de la Junta es de más de 5 años, a los que se suman los nuevos
créditos que se piden. De hecho, las políticas implementadas muestran su
absoluta inoperancia a la hora de atajar la espiral de endeudamiento ya que los
presupuestos de 2014 precisan de un crecimiento de la deuda de 1.984 millones
de euros en el ejercicio.
El servicio de la deuda, los intereses más las amortizaciones, se
llevará este año 3.639 millones de euros, que se supondrán el 14,06% de los
ingresos no financieros. Y en 2014, la cuantía de dicho gasto será de 3.303
millones, un 12,9% de los ingresos previstos. Es una enorme sangría de recursos
públicos, una cantidad que permitiría abonar un Ingreso Mínimo de Solidaridad
equivalente al Salario Mínimo a 473.000 parados en un año.
Si tenemos en cuenta que los ingresos no financieros de la Junta son
1.849 millones de euros inferiores a los gastos no financieros, es evidente que
la única forma de detener el recorte y aumentar el gasto social y la creación
de empleo, pasa por aumentar los impuestos a las rentas más altas y declarar
una moratoria que detenga este espiral de endeudamiento. Dicha moratoria daría
un respiro a las arcas públicas y habría que acompañarla con una auditoría de
la deuda para establecer qué parte de la misma es ilegítima, aplicar una quita
que convierta este rubro en sostenible y establecer un nuevo calendario de
pagos de la misma compatible con el gasto social.
Si tenemos en cuenta que, del total de la deuda de la Junta, 7.090
millones son con la propia administración pública a través de los fondos de
liquidez y de pago a proveedores, se puede plantear una quita y declarar la
moratoria sobre los más de 14.000 millones de préstamos y títulos que posee la
junta a entidades financieras e inversores privados.
La moratoria así planteada, con auditoría y quita, tendría que ir unida
a la puesta en marcha de una reforma fiscal en todos los ámbitos con
competencias, y una auditoría del gasto que recorte todo aquello realmente
superfluo, dando prioridad al desarrollo de los servicios públicos y la
creación de empleo, acabando con las transferencias de rentas a empresas
privadas vía contratos públicos, subvenciones a la internacionalización de
PYMES o conciertos en Sanidad y Educación.
Ésta es la propuesta de presupuesto que IULV-CA debería plantearle a su
socio de Gobierno, el Partido Socialista. Un presupuesto que se plante ante los
banqueros y su representante, que es el PP, y que ponga por delante el interés
de la mayoría de la sociedad, de los trabajadores andaluces y sus familias. Los
presupuestos deben de servir para desarrollar los servicios sociales y crear
empleo digno, no para repartir la miseria, y eso es posible con esta propuesta.
Si el PSOE no está dispuesto a tomar esas medidas, deberíamos abandonar
de inmediato dicho ejecutivo, pues no podemos ser cómplices de una política de
recortes ni conformarnos con el mal menor. De otra forma, acabamos colaborando con
los recortes y empleando más tiempo en justificar nuestra participación en el
Gobierno, que en defender y movilizar por una política alternativa.
Además, contribuimos a que la actual dirección socialista recupere el
terreno perdido como consecuencia de haber afrontado la crisis defendiendo los
intereses de la clase capitalista y las grandes fortunas, y condenamos a
nuestra organización a ser incapaz de lograr la mayoría suficiente, ni en las
instituciones ni en las calles, para transformar la sociedad.
Derrotar al PP y levantar una
alternativa
Esta propuesta va
unida a una política de carácter estatal. Es posible lograr el pleno empleo, en
condiciones decentes, y unos servicios públicos dignos en sanidad, educación,
dependencia, etcétera. Eso implica una política que va desde el reparto del
empleo sin reducción salarial, pasando por la moratoria, auditoría y quita
forzosa de la deuda, hasta la nacionalización de los sectores estratégicos de
la economía, empezando por los bancos, para que los recursos de la sociedad se
empleen en beneficio de todos y no para que una minoría sea cada vez más rica.
Por supuesto,
todas estas medidas sólo pueden ponerse en práctica si derrotamos al PP y si IU
tiene mayoría. Es imprescindible una movilización general y exigir elecciones
anticipadas, pero no para caer en otra versión de la misma política. No debemos
olvidar que los recortes los empezó el gobierno de Rodríguez Zapatero, y que el
ejecutivo de José Antonio Griñán siguió la estela de dicha política.
La Conferencia
Política del PSOE, en la que tuvo un destacado papel la actual Presidenta de la
Junta, Susana Díaz, supuso un giro de 360 grados en su política al concluir que
“las medidas del 10 de mayo de 2010 [el inicio de los recortes] fueron
necesarias, pero resultó imposible hacerlas entender bruscamente”[10].
Nos proponen volver justo al punto dónde lo dejó Zapatero. Pretenden cuadrar el
círculo, con una reforma de la Constitución para convertir la Sanidad en un
derecho fundamental pero manteniendo el artículo 135 que prioriza el pago de la
deuda a los bancos, cosas que son absolutamente incompatibles, y que sólo
anticipan nuevos fracasos y desengaños de futuros gobiernos socialistas. Hay
que elegir: con los desahuciados o con los que desahucian, con los trabajadores
o con las grandes empresas, pero no se puede contentar a ambos.
En definitiva,
necesitamos un gobierno verdaderamente de izquierdas en Andalucía y en el
Estado, con una mayoría de las fuerzas políticas surgidas de la movilización,
que tome las medidas necesarias para poner en marcha un nuevo proceso
constituyente, que suponga una transformación socialista y democrática de la
sociedad, dando lugar a unas nuevas relaciones sociales e institucionales que
garanticen legal y efectivamente los derechos laborales, sociales y
democráticos a todos.
[1] Sergio Sánchez Romero es miembro del Consejo
Político provincial de IULA-CA de Sevilla, Alberto Arregui es miembro de la
Presidencia Federal de IU, Carlos Sánchez Mato es Presidente de ATTAC-Madrid y
Jordi Escuer es miembro de la
Presidencia regional de IUCM.
[2] http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-valderas-minimiza-criticas-iu-sevilla-presupuesto-regional-tiene-respaldo-muy-mayoritario-20131126150514.html
[3] http://www.iuandalucia.org/castro-asegura-que-no-solo-es-un-presupuesto-resistencia-pasa-la-ofensiva-impera
[4]http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1636141/montero/afirma/ahora/quotno/parece/adecuado/aumentar/la/presioacuten/fiscalquot.html
[7]
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-valderas-critica-grinan-anuncie-presupuestos-miseria-2011-recorte-puede-alcanzar-10-20100901135054.html
[9] Lo que recoge el documento de
propuestas elaborado por el grupo parlamentario de IULV-CA es la remisión al Parlamento entre
febrero y junio de 2014 de un proyecto de Ley que incluya los futuros estatutos
de la entidad para su tramitación urgente, de forma que pueda ser aprobado
entre septiembre y diciembre del próximo año. Como mucho se puede esperar que
se incluya una partida de 3,6 millones de euros “correspondiente al desembolso inicial
del capital social” previsto en la normativa y una provisión de 400.000 euros
dedicada a “la definición de los primeros productos y procedimientos y el
diseño del sistema de control interno”. En todo caso, estaríamos hablando de
2015 para poner en marcha este Instituto de Crédito Público (que no de
depósitos). Mientras, el actual organismo de la Junta que está haciendo este
papel que es la Agencia IDEA, le traspasaría los fondos reembolsables que está
gestionando. En 2014 IDEA tiene un presupuesto de unos 600 millones de euros
(incluidos los fondos europeos que gestiona). Para que el Instituto de Crédito
Público andaluz pudiera abordar el siguiente paso, es decir, captar depósitos,
habría que esperar al menos a 2016 según la posición de IU. La posición del
PSOE es que ese paso no es preciso darlo.
[10]
“Resolución política” de la Conferencia Política del PSOE, de noviembre de
2013, página 33.
martes, 17 de diciembre de 2013
El expolio no se arregla con multas
La Comisión Europea ha hecho pública una histórica multa a seis
entidades financieras por crear un cártel en los mercados de derivados
de los tipos de interés con el objeto de influir en la determinación de
precios del euríbor. La investigación ha concluido con la imposición de
una sanción de 1.712 millones de euros a seis entidades (Deutsche Bank,
Société Générale, RBS, JP Morgan, Citigroup y RP Martin) y la
eliminación de la multa a UBS y Barclays, que también participaron en el
apaño pero que denunciaron las maquinaciones utilizadas a la Comisión.
¿En qué ha consistido la manipulación realizada?
Todos los días laborables y antes de las 10 y media de la mañana, la
agencia de noticias Thompson Reuters elabora una encuesta en la que
participan representantes de 44 bancos europeos que le comunican a qué
precio estarían dispuestos a prestar fondos a otras entidades. Con una
metodología extremadamente simple, elabora una media aritmética después
de excluir para el cálculo los tipos más elevados y también los más
reducidos. El resultado de la muestra es el euríbor, el índice de
referencia que se utiliza para millones de operaciones financieras y de
préstamo. La burda práctica utilizada por los bancos sobre los que ha
recaído la sanción consistía simplemente en acordar con otras entidades
el tipo de referencia que comunicaban a Reuters para conseguir el
resultado apetecido. De esta forma, han obtenido mediante estas
conductas fraudulentas de adulteración de las reglas del mercado,
beneficios multimillonarios en operaciones con derivados sobre tipos de
interés y en los préstamos que utilizan como referencia estos
indicadores.
El alborozo general que se ha producido por la decisión de la Comisión Europea no debe ocultar la insuficiente respuesta ante este gigantesco fraude que las entidades bancarias han cometido.
En primer lugar, es asombroso que el tipo de interés al que
están referenciados la inmensa mayoría de los contratos financieros (no
solo préstamos) sea un indicador privado ya que es una marca
registrada por la Federación Europea Bancaria que agrupa a las
principales entidades financieras de la Unión Europea. ¿Alguien en su
sano juicio podía pensar que los representantes del panel de bancos que
participan en la fijación de precios no iban a actuar en beneficio
propio y en perjuicio del conjunto de los ciudadanos? ¿De verdad hay
gente que piensa que todos los que participamos en el mercado global
contamos con la misma información?
En segundo lugar, no podemos menos que criticar el monto de
las multas acordadas, absolutamente insuficiente con respecto a lo que
puede haber supuesto la cantidad defraudada por el conjunto de las
entidades bancarias . Es vergonzoso que la Comisión Europea no
haya publicado los cálculos económicos del expolio cometido con la única
intención de proteger a los delincuentes confesos. En este sentido, hay
que destacar que, además de haber impuesto multas de importes
reducidos, UBS y Barclays han sido eximidas de abonar ninguna sanción
por haber denunciado el cártel. ¿Cómo se puede declarar que esta
actuación evitará comportamientos similares en el futuro? Los
incentivos para cometer nuevas malversaciones y para maquinar
variaciones de precios en búsqueda de astronómicas ganancias siguen
siendo enormes.
En tercer lugar, no debemos olvidar que los términos técnicos de la decisión de la Comisión Europea excluyen de manera expresa de futuras reclamaciones a los afectados en
calidad de clientes de las entidades bancarias por tener préstamos
hipotecarios. El comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia,
ha indicado que la investigación de la misma “no versa
específicamente sobre la manipulación del euríbor en sí, sino sobre el
cártel formado por los bancos para aprovecharse de ello”. De esta
forma, la Comisión Europea, desde su aparente papel de “Robin Hood”,
muestra su verdadera intención ya que, aunque cabe la posibilidad de
actuar de forma privada ante los tribunales para reclamar el
resarcimiento de los perjuicios ocasionados, la sanción no reconoce de
manera automática el derecho a la reclamación porque solamente considera
que han sido perjudicados los inversores en derivados que hayan podido
ser víctimas de estas prácticas. En resumen, se reconoce un brutal
expolio pero no se activan los medios que permitan resarcir los daños
que conscientemente los responsables han causado. De un plumazo se
intenta evitar las devastadoras consecuencias económicas que la
devolución de lo sustraído tendría sobre las entidades bancarias.
¿Podría haber actuado de otra forma la Comisión Europea?
Por supuesto. Si en vez de utilizar el poder político del que dispone
para proteger a las entidades de las nefastas consecuencias de sus
actuaciones, hubiera velado por el interés de los ciudadanos de la Unión
Europea, el comisario de Competencia tendría que haber tomado las
siguientes decisiones:
1. Establecimiento del tipo de interés oficial del dinero del
Banco Central Europeo como único indicador legal para los contratos de
préstamo en la Unión Europea. Ni ha sido la primera vez ni hay
ninguna garantía para los consumidores de que no se produzcan
manipulaciones en lo sucesivo utilizando mecanismos más sofisticados que
los torpes manejos desvelados.
2. Es imprescindible que la Comisión Europea haga público el cálculo del fraude cometido por las entidades bancarias.
Técnicamente es perfectamente posible calcular la diferencia entre el
índice falseado y el que hubiera resultado si se hubiera aplicado la
media real de las operaciones efectuadas. Eso permitiría definir el
perjuicio ocasionado, no solo en relación a los inversores en derivados
sobre los índices manipulados sino también a los vinculados por
cualquier tipo de contrato financiero que tenga como referencia a los
mismos.
3. Restitución inmediata de todos los fondos estafados,
no solo por las entidades que han reconocido formar parte del cártel
que manipulaba los índices, sino también por todos los bancos que se han
beneficiado de las irregularidades.
4. Imposición de una multa de, al menos, el 300% del importe
defraudado y prohibición a las entidades participantes en el cártel de
operar en los mercados financieros durante un período de 10 años.
Actuando de esta forma, dirán muchos, desaparece la capacidad del
sistema bancario de sostenerse en solitario. En efecto, sin estas
turbias maniobras, sin el privilegio de acudir a las subastas del Banco
Central Europeo para obtener fondos ilimitados a un coste ridículo, sin
la regalía que supone financiar el déficit público de los estados a
elevados precios, en definitiva sin ayudas públicas, las entidades
bancarias privadas no podrían funcionar.
¿Por qué consentimos entonces los ciudadanos europeos que la banca
privada siga realizando estas maniobras con el auxilio inestimable de
élites políticas que pasan de un lado al otro de la mesa sin sonrojarse
cuando defienden desde el sector público los intereses de quienes les
pagaban antes y les contratarán después?
¿Por qué no exigimos que el sector financiero sea público, tenga
transparencia y control democrático y esté al servicio del conjunto de
la ciudadanía que, en definitiva, es quien lo sostiene?
Artículo publicado en La Marea
lunes, 16 de diciembre de 2013
El agujero contable español
Programa de radio ECONOMÍA DIRECTA
Hoy hablamos sobre el informe del BBVA sobre la economía española, los datos de confianza y los datos de consumo durante el puente de la Constitución. También hablamos sobre el agujero contable que muestran las cuentas oficiales, la pervivencia de ciertos “chiringuitos” en el sector público, la situación de la Universidad española y cómo está planteando el eurogrupo los mecanismos de resolución de las entidades bancarias europeas.
Con Antonio Espín y Carlos Sánchez Mato. Conduce Juan Carlos Barba.
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Hoy hablamos sobre el informe del BBVA sobre la economía española, los datos de confianza y los datos de consumo durante el puente de la Constitución. También hablamos sobre el agujero contable que muestran las cuentas oficiales, la pervivencia de ciertos “chiringuitos” en el sector público, la situación de la Universidad española y cómo está planteando el eurogrupo los mecanismos de resolución de las entidades bancarias europeas.
Con Antonio Espín y Carlos Sánchez Mato. Conduce Juan Carlos Barba.
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sábado, 7 de diciembre de 2013
La realidad y la palabra
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