La Comisión Europea ha hecho pública una histórica multa a seis
entidades financieras por crear un cártel en los mercados de derivados
de los tipos de interés con el objeto de influir en la determinación de
precios del euríbor. La investigación ha concluido con la imposición de
una sanción de 1.712 millones de euros a seis entidades (Deutsche Bank,
Société Générale, RBS, JP Morgan, Citigroup y RP Martin) y la
eliminación de la multa a UBS y Barclays, que también participaron en el
apaño pero que denunciaron las maquinaciones utilizadas a la Comisión.
¿En qué ha consistido la manipulación realizada?
Todos los días laborables y antes de las 10 y media de la mañana, la
agencia de noticias Thompson Reuters elabora una encuesta en la que
participan representantes de 44 bancos europeos que le comunican a qué
precio estarían dispuestos a prestar fondos a otras entidades. Con una
metodología extremadamente simple, elabora una media aritmética después
de excluir para el cálculo los tipos más elevados y también los más
reducidos. El resultado de la muestra es el euríbor, el índice de
referencia que se utiliza para millones de operaciones financieras y de
préstamo. La burda práctica utilizada por los bancos sobre los que ha
recaído la sanción consistía simplemente en acordar con otras entidades
el tipo de referencia que comunicaban a Reuters para conseguir el
resultado apetecido. De esta forma, han obtenido mediante estas
conductas fraudulentas de adulteración de las reglas del mercado,
beneficios multimillonarios en operaciones con derivados sobre tipos de
interés y en los préstamos que utilizan como referencia estos
indicadores.
El alborozo general que se ha producido por la decisión de la Comisión Europea no debe ocultar la insuficiente respuesta ante este gigantesco fraude que las entidades bancarias han cometido.
En primer lugar, es asombroso que el tipo de interés al que
están referenciados la inmensa mayoría de los contratos financieros (no
solo préstamos) sea un indicador privado ya que es una marca
registrada por la Federación Europea Bancaria que agrupa a las
principales entidades financieras de la Unión Europea. ¿Alguien en su
sano juicio podía pensar que los representantes del panel de bancos que
participan en la fijación de precios no iban a actuar en beneficio
propio y en perjuicio del conjunto de los ciudadanos? ¿De verdad hay
gente que piensa que todos los que participamos en el mercado global
contamos con la misma información?
En segundo lugar, no podemos menos que criticar el monto de
las multas acordadas, absolutamente insuficiente con respecto a lo que
puede haber supuesto la cantidad defraudada por el conjunto de las
entidades bancarias . Es vergonzoso que la Comisión Europea no
haya publicado los cálculos económicos del expolio cometido con la única
intención de proteger a los delincuentes confesos. En este sentido, hay
que destacar que, además de haber impuesto multas de importes
reducidos, UBS y Barclays han sido eximidas de abonar ninguna sanción
por haber denunciado el cártel. ¿Cómo se puede declarar que esta
actuación evitará comportamientos similares en el futuro? Los
incentivos para cometer nuevas malversaciones y para maquinar
variaciones de precios en búsqueda de astronómicas ganancias siguen
siendo enormes.
En tercer lugar, no debemos olvidar que los términos técnicos de la decisión de la Comisión Europea excluyen de manera expresa de futuras reclamaciones a los afectados en
calidad de clientes de las entidades bancarias por tener préstamos
hipotecarios. El comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia,
ha indicado que la investigación de la misma “no versa
específicamente sobre la manipulación del euríbor en sí, sino sobre el
cártel formado por los bancos para aprovecharse de ello”. De esta
forma, la Comisión Europea, desde su aparente papel de “Robin Hood”,
muestra su verdadera intención ya que, aunque cabe la posibilidad de
actuar de forma privada ante los tribunales para reclamar el
resarcimiento de los perjuicios ocasionados, la sanción no reconoce de
manera automática el derecho a la reclamación porque solamente considera
que han sido perjudicados los inversores en derivados que hayan podido
ser víctimas de estas prácticas. En resumen, se reconoce un brutal
expolio pero no se activan los medios que permitan resarcir los daños
que conscientemente los responsables han causado. De un plumazo se
intenta evitar las devastadoras consecuencias económicas que la
devolución de lo sustraído tendría sobre las entidades bancarias.
¿Podría haber actuado de otra forma la Comisión Europea?
Por supuesto. Si en vez de utilizar el poder político del que dispone
para proteger a las entidades de las nefastas consecuencias de sus
actuaciones, hubiera velado por el interés de los ciudadanos de la Unión
Europea, el comisario de Competencia tendría que haber tomado las
siguientes decisiones:
1. Establecimiento del tipo de interés oficial del dinero del
Banco Central Europeo como único indicador legal para los contratos de
préstamo en la Unión Europea. Ni ha sido la primera vez ni hay
ninguna garantía para los consumidores de que no se produzcan
manipulaciones en lo sucesivo utilizando mecanismos más sofisticados que
los torpes manejos desvelados.
2. Es imprescindible que la Comisión Europea haga público el cálculo del fraude cometido por las entidades bancarias.
Técnicamente es perfectamente posible calcular la diferencia entre el
índice falseado y el que hubiera resultado si se hubiera aplicado la
media real de las operaciones efectuadas. Eso permitiría definir el
perjuicio ocasionado, no solo en relación a los inversores en derivados
sobre los índices manipulados sino también a los vinculados por
cualquier tipo de contrato financiero que tenga como referencia a los
mismos.
3. Restitución inmediata de todos los fondos estafados,
no solo por las entidades que han reconocido formar parte del cártel
que manipulaba los índices, sino también por todos los bancos que se han
beneficiado de las irregularidades.
4. Imposición de una multa de, al menos, el 300% del importe
defraudado y prohibición a las entidades participantes en el cártel de
operar en los mercados financieros durante un período de 10 años.
Actuando de esta forma, dirán muchos, desaparece la capacidad del
sistema bancario de sostenerse en solitario. En efecto, sin estas
turbias maniobras, sin el privilegio de acudir a las subastas del Banco
Central Europeo para obtener fondos ilimitados a un coste ridículo, sin
la regalía que supone financiar el déficit público de los estados a
elevados precios, en definitiva sin ayudas públicas, las entidades
bancarias privadas no podrían funcionar.
¿Por qué consentimos entonces los ciudadanos europeos que la banca
privada siga realizando estas maniobras con el auxilio inestimable de
élites políticas que pasan de un lado al otro de la mesa sin sonrojarse
cuando defienden desde el sector público los intereses de quienes les
pagaban antes y les contratarán después?
¿Por qué no exigimos que el sector financiero sea público, tenga
transparencia y control democrático y esté al servicio del conjunto de
la ciudadanía que, en definitiva, es quien lo sostiene?
Artículo publicado en La Marea
No hay comentarios:
Publicar un comentario