SOBRE LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA AUTONÓMICA

Introducción

El Gobierno ha diseñado para que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común.

Esos 83.252 millones de euros de deuda no desaparecen, sino que se trasladan de sitio. Es decir, los asume el Estado para que las comunidades de régimen común puedan liberar los recursos que dedican a pagar esa deuda (sólo en intereses se ahorrarán 7.000 millones de euros) y destinarlos a los servicios públicos. La ministra de Hacienda defiende que con esta medida se reconoce que la respuesta que se dio en la gran recesión de 2008 no fue adecuada, lo que supuso un fuerte deterioro de las cuentas autonómicas. 

¿Cómo se calcula el importe al que tiene derecho cada comunidad autónoma?

El Gobierno ha diseñado un mecanismo en tres fases. Este parte de la tesis de que los instrumentos que, como el FLA, se crearon para evitar la quiebra de las autonomías durante la crisis de deuda de 2012, no estuvieron bien diseñados y provocaron que las autonomías se endeudasen más y someterse a fuertes restricciones financieras.

En la primera fase se calcula el aumento de la deuda que las regiones registraron en el peor momento de la crisis entre 2009 y 2013 y se compara con el que registraron durante otro 'choque' económico de gran magnitud, la pandemia de Covid, entre finales de 2019 y finales de 2023. En el primer periodo, su deuda se disparó en 109.582 millones, mientras que en el segundo -debido a que el Estado asumió el grueso de las medidas anticrisis- aumentó menos, en 29.272 millones. La diferencia son esos 80.310 millones de sobreendeudamiento que es la cuantía inicial a condonar.

De esa cantidad tres cuartas partes se reparten en función de la población ajustada, esto es, teniendo en cuenta sus necesidades según criterios como el de la población envejecida, la dispersión... En las otras dos fases (el 25% restante de la quita) el reparto tiene en cuenta a las autonomías más endeudadas y a las que reciben un peor trato del sistema de financiación, como es el caso de Andalucía. 

El importe de deuda máximo a asumir por el Estado de cada región será el 50% de su deuda a 31 de diciembre de 2023. Según Hacienda, los ajustes más relevantes de este sistema buscan compensar e igualar a las comunidades en dos ratios: deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante.

¿Qué nos parece esta propuesta?

Se trata de una buena y necesaria medida, pero eso no obsta para que manifestemos desde Izquierda Unida que nosotras aspiramos a soluciones globales del sistema de financiación autonómico y no únicamente a un parche, positivo, sí, pero que no pone las bases un nuevo modelo que ha de ser justo y aceptable para todos los territorios. Y que debe ser capaz de hacer efectiva la igualdad entre los ciudadanos, a la vez que reconoce la diversidad.

Para ello, hay que poner en el centro del debate a las personas y no a los territorios porque no son los territorios los que contribuyen ni los que hacen uso de los servicios públicos, sino quienes residen en ellos. Son las personas las que pagan impuestos y reciben servicios públicos, no los territorios.

¿Cómo hacerlo?

• Definiendo un suelo de derechos y garantizando servicios públicos en todos los territorios.
• Obteniendo los recursos necesarios para satisfacer los derechos y los servicios públicos mediante una reforma fiscal que los blinde.
• Estableciendo mecanismos de solidaridad que garanticen la suficiencia de recursos para la prestación de los servicios públicos en cualquier lugar del estado y articulando herramientas de condicionalidad positiva para acceder a dichos mecanismos.

Consideramos que la puesta en marcha de un Plan de reducción de la Deuda que la mayoría de las comunidades autónomas tienen con el Estado debería estar condicionada a incrementar el gasto y la inversión en los servicios públicos esenciales (educación, sanidad y servicios sociales) y a la no realización de rebajas impositivas en los tributos cedidos ni en los impuestos propios por parte de las comunidades autónomas beneficiadas.

A pesar de las mejoras que deberían incorporarse en el mecanismo según IU, instamos a las comunidades autónomas a que se adhieran al mismo y a que destinen los ahorros a blindar nuestros servicios públicos.

En definitiva, defendemos una reforma del Sistema de Financiación Autonómico que proporcione más recursos, potencia la imprescindible vertebración territorial y la satisfacción de los derechos de la ciudadanía del conjunto del estado.

Eso es solo posible con un modelo federal, solidario y de suficiencia financiera vinculada al mantenimiento de los Servicios Públicos y a la población y no a los territorios para convertirlo en un instrumento útil para la clase trabajadora, la de Catalunya y la del resto de territorios del estado plurinacional.

SOBRE LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA AUTONÓMICA

 

Introducción

El Gobierno ha diseñado para que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común.

Esos 83.252 millones de euros de deuda no desaparecen, sino que se trasladan de sitio. Es decir, los asume el Estado para que las comunidades de régimen común puedan liberar los recursos que dedican a pagar esa deuda (sólo en intereses se ahorrarán 7.000 millones de euros) y destinarlos a los servicios públicos. La ministra de Hacienda defiende que con esta medida se reconoce que la respuesta que se dio en la gran recesión de 2008 no fue adecuada, lo que supuso un fuerte deterioro de las cuentas autonómicas. 

¿Cómo se calcula el importe al que tiene derecho cada comunidad autónoma?

El Gobierno ha diseñado un mecanismo en tres fases. Este parte de la tesis de que los instrumentos que, como el FLA, se crearon para evitar la quiebra de las autonomías durante la crisis de deuda de 2012, no estuvieron bien diseñados y provocaron que las autonomías se endeudasen más y someterse a fuertes restricciones financieras.

En la primera fase se calcula el aumento de la deuda que las regiones registraron en el peor momento de la crisis entre 2009 y 2013 y se compara con el que registraron durante otro 'choque' económico de gran magnitud, la pandemia de Covid, entre finales de 2019 y finales de 2023. En el primer periodo, su deuda se disparó en 109.582 millones, mientras que en el segundo -debido a que el Estado asumió el grueso de las medidas anticrisis- aumentó menos, en 29.272 millones. La diferencia son esos 80.310 millones de sobreendeudamiento que es la cuantía inicial a condonar.

De esa cantidad tres cuartas partes se reparten en función de la población ajustada, esto es, teniendo en cuenta sus necesidades según criterios como el de la población envejecida, la dispersión... En las otras dos fases (el 25% restante de la quita) el reparto tiene en cuenta a las autonomías más endeudadas y a las que reciben un peor trato del sistema de financiación, como es el caso de Andalucía. 

El importe de deuda máximo a asumir por el Estado de cada región será el 50% de su deuda a 31 de diciembre de 2023. Según Hacienda, los ajustes más relevantes de este sistema buscan compensar e igualar a las comunidades en dos ratios: deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante.

¿Qué nos parece esta propuesta?

Se trata de una buena y necesaria medida, pero eso no obsta para que manifestemos desde Izquierda Unida que nosotras aspiramos a soluciones globales del sistema de financiación autonómico y no únicamente a un parche, positivo, sí, pero que no pone las bases un nuevo modelo que ha de ser justo y aceptable para todos los territorios. Y que debe ser capaz de hacer efectiva la igualdad entre los ciudadanos, a la vez que reconoce la diversidad.

Para ello, hay que poner en el centro del debate a las personas y no a los territorios porque no son los territorios los que contribuyen ni los que hacen uso de los servicios públicos, sino quienes residen en ellos. Son las personas las que pagan impuestos y reciben servicios públicos, no los territorios.

¿Cómo hacerlo?

• Definiendo un suelo de derechos y garantizando servicios públicos en todos los territorios.
• Obteniendo los recursos necesarios para satisfacer los derechos y los servicios públicos mediante una reforma fiscal que los blinde.
• Estableciendo mecanismos de solidaridad que garanticen la suficiencia de recursos para la prestación de los servicios públicos en cualquier lugar del estado y articulando herramientas de condicionalidad positiva para acceder a dichos mecanismos.

Consideramos que la puesta en marcha de un Plan de reducción de la Deuda que la mayoría de las comunidades autónomas tienen con el Estado debería estar condicionada a incrementar el gasto y la inversión en los servicios públicos esenciales (educación, sanidad y servicios sociales) y a la no realización de rebajas impositivas en los tributos cedidos ni en los impuestos propios por parte de las comunidades autónomas beneficiadas.

A pesar de las mejoras que deberían incorporarse en el mecanismo según IU, instamos a las comunidades autónomas a que se adhieran al mismo y a que destinen los ahorros a blindar nuestros servicios públicos.

En definitiva, defendemos una reforma del Sistema de Financiación Autonómico que proporcione más recursos, potencia la imprescindible vertebración territorial y la satisfacción de los derechos de la ciudadanía del conjunto del estado.

Eso es solo posible con un modelo federal, solidario y de suficiencia financiera vinculada al mantenimiento de los Servicios Públicos y a la población y no a los territorios para convertirlo en un instrumento útil para la clase trabajadora, la de Catalunya y la del resto de territorios del estado plurinacional.

SOBRE LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA AUTONÓMICA

Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia

SOBRE LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA AUTONÓMICA

 

Introducción

El Gobierno ha diseñado para que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común.

Esos 83.252 millones de euros de deuda no desaparecen, sino que se trasladan de sitio. Es decir, los asume el Estado para que las comunidades de régimen común puedan liberar los recursos que dedican a pagar esa deuda (sólo en intereses se ahorrarán 7.000 millones de euros) y destinarlos a los servicios públicos. La ministra de Hacienda defiende que con esta medida se reconoce que la respuesta que se dio en la gran recesión de 2008 no fue adecuada, lo que supuso un fuerte deterioro de las cuentas autonómicas. 

¿Cómo se calcula el importe al que tiene derecho cada comunidad autónoma?

El Gobierno ha diseñado un mecanismo en tres fases. Este parte de la tesis de que los instrumentos que, como el FLA, se crearon para evitar la quiebra de las autonomías durante la crisis de deuda de 2012, no estuvieron bien diseñados y provocaron que las autonomías se endeudasen más y someterse a fuertes restricciones financieras.

En la primera fase se calcula el aumento de la deuda que las regiones registraron en el peor momento de la crisis entre 2009 y 2013 y se compara con el que registraron durante otro 'choque' económico de gran magnitud, la pandemia de Covid, entre finales de 2019 y finales de 2023. En el primer periodo, su deuda se disparó en 109.582 millones, mientras que en el segundo -debido a que el Estado asumió el grueso de las medidas anticrisis- aumentó menos, en 29.272 millones. La diferencia son esos 80.310 millones de sobreendeudamiento que es la cuantía inicial a condonar.

De esa cantidad tres cuartas partes se reparten en función de la población ajustada, esto es, teniendo en cuenta sus necesidades según criterios como el de la población envejecida, la dispersión... En las otras dos fases (el 25% restante de la quita) el reparto tiene en cuenta a las autonomías más endeudadas y a las que reciben un peor trato del sistema de financiación, como es el caso de Andalucía. 

El importe de deuda máximo a asumir por el Estado de cada región será el 50% de su deuda a 31 de diciembre de 2023. Según Hacienda, los ajustes más relevantes de este sistema buscan compensar e igualar a las comunidades en dos ratios: deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante.

Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia

¿Qué nos parece esta propuesta?

Se trata de una buena y necesaria medida, pero eso no obsta para que manifestemos desde Izquierda Unida que nosotras aspiramos a soluciones globales del sistema de financiación autonómico y no únicamente a un parche, positivo, sí, pero que no pone las bases un nuevo modelo que ha de ser justo y aceptable para todos los territorios. Y que debe ser capaz de hacer efectiva la igualdad entre los ciudadanos, a la vez que reconoce la diversidad.

Para ello, hay que poner en el centro del debate a las personas y no a los territorios porque no son los territorios los que contribuyen ni los que hacen uso de los servicios públicos, sino quienes residen en ellos. Son las personas las que pagan impuestos y reciben servicios públicos, no los territorios.

¿Cómo hacerlo?

• Definiendo un suelo de derechos y garantizando servicios públicos en todos los territorios.
• Obteniendo los recursos necesarios para satisfacer los derechos y los servicios públicos mediante una reforma fiscal que los blinde.
• Estableciendo mecanismos de solidaridad que garanticen la suficiencia de recursos para la prestación de los servicios públicos en cualquier lugar del estado y articulando herramientas de condicionalidad positiva para acceder a dichos mecanismos.

Consideramos que la puesta en marcha de un Plan de reducción de la Deuda que la mayoría de las comunidades autónomas tienen con el Estado debería estar condicionada a incrementar el gasto y la inversión en los servicios públicos esenciales (educación, sanidad y servicios sociales) y a la no realización de rebajas impositivas en los tributos cedidos ni en los impuestos propios por parte de las comunidades autónomas beneficiadas.

A pesar de las mejoras que deberían incorporarse en el mecanismo según IU, instamos a las comunidades autónomas a que se adhieran al mismo y a que destinen los ahorros a blindar nuestros servicios públicos.

En definitiva, defendemos una reforma del Sistema de Financiación Autonómico que proporcione más recursos, potencia la imprescindible vertebración territorial y la satisfacción de los derechos de la ciudadanía del conjunto del estado.

Eso es solo posible con un modelo federal, solidario y de suficiencia financiera vinculada al mantenimiento de los Servicios Públicos y a la población y no a los territorios para convertirlo en un instrumento útil para la clase trabajadora, la de Catalunya y la del resto de territorios del estado plurinacional.

 

Los más ricos en España son los que menos impuestos pagan

Se ha publicado un estudio de Fedea elaborado por los investigadores Julio López Laborda, Carmen Marín y Jorge Onrubia que nos cuenta algo que ya sabíamos. Pero no por conocido, deja de ser doloroso.

https://documentos.fedea.net/pubs/eee/2025/eee2025-02.pdf

El 1% que más ingresos recibe en nuestro país (casi 39.000 euros al mes) paga en impuestos y cotizaciones sociales el equivalente al 24,1% de su renta bruta (sumando las transferencias sociales que reciben). 

Pues bien, esos 191.488 hogares privilegiados de los más de 19 millones de hogares del país, pagan 3,5 puntos porcentuales menos en impuestos de lo que pagan las clases más bajas (el 20% con menos ingresos) cuyos ingresos mensuales son 39 veces inferiores (1.000 euros al mes). 

Los datos se refieren al año 2022.

El promedio de tipo impositivo medio efectivo para el conjunto de la población es del 35,1%. Pero el 1% más rico se sitúa claramente por debajo del promedio ya que destina a tributos solamente el 24,1%.

El análisis conjunto de los impuestos y prestaciones muestra que los hogares pertenecientes al 60% de los hogares residentes con menor renta bruta son, en media, beneficiarios netos de la intervención pública en 2022. Es decir, perciben un subsidio efectivo neto. O dicho de otro modo, reciben más en prestaciones que lo que abonan en impuestos. Se trata de casi 11,5 millones de hogares que tienen un saldo favorable que va  desde el 85,4% de la renta bruta para el primer quintil, al 15,9% para el tercero.

El 40% de los hogares con más renta bruta son contribuyentes netos, ya que, para ellos, la diferencia entre prestaciones e impuestos es negativa: desde el -4,7% para el cuarto quintil hasta el -23,6% para los centiles 91 a 99 y el -18,1% para el 1% con mayor renta bruta. 

En definitiva, el saldo neto de la intervención pública en España, a través de impuestos y prestaciones públicas, deja de ser progresivo en el último tramo de la escala de rentas brutas. O, dicho de otro modo, el 1% más enriquecido se escaquea.

Hay que acabar con esta situación que vulnera el principio de progresividad del artículo 31 de la Constitución.

El 1% más rico en España son quienes menos impuestos pagan en España

Se ha publicado un estudio de Fedea elaborado por los investigadores Julio López Laborda, Carmen Marín y Jorge Onrubia que nos cuenta algo que ya sabíamos. Pero no por conocido, deja de ser doloroso.

https://documentos.fedea.net/pubs/eee/2025/eee2025-02.pdf

El 1% que más ingresos recibe en nuestro país (casi 39.000 euros al mes) paga en impuestos y cotizaciones sociales el equivalente al 24,1% de su renta bruta (sumando las transferencias sociales que reciben). 

Pues bien, esos 191.488 hogares privilegiados de los más de 19 millones de hogares del país, pagan 3,5 puntos porcentuales menos en impuestos de lo que pagan las clases más bajas (el 20% con menos ingresos) cuyos ingresos mensuales son 39 veces inferiores (1.000 euros al mes). 

Los datos se refieren al año 2022.

El promedio de tipo impositivo medio efectivo para el conjunto de la población es del 35,1%. Pero el 1% más rico se sitúa claramente por debajo del promedio ya que destina a tributos solamente el 24,1%.

El análisis conjunto de los impuestos y prestaciones muestra que los hogares pertenecientes al 60% de los hogares residentes con menor renta bruta son, en media, beneficiarios netos de la intervención pública en 2022. Es decir, perciben un subsidio efectivo neto. O dicho de otro modo, reciben más en prestaciones que lo que abonan en impuestos. Se trata de casi 11,5 millones de hogares que tienen un saldo favorable que va  desde el 85,4% de la renta bruta para el primer quintil, al 15,9% para el tercero.

El 40% de los hogares con más renta bruta son contribuyentes netos, ya que, para ellos, la diferencia entre prestaciones e impuestos es negativa: desde el -4,7% para el cuarto quintil hasta el -23,6% para los centiles 91 a 99 y el -18,1% para el 1% con mayor renta bruta. 

En definitiva, el saldo neto de la intervención pública en España, a través de impuestos y prestaciones públicas, deja de ser progresivo en el último tramo de la escala de rentas brutas. O, dicho de otro modo, el 1% más enriquecido se escaquea.

Hay que acabar con esta situación que vulnera el principio de progresividad del artículo 31 de la Constitución.

Impacto de la subida de los aranceles de Trump para nuestro país

Impacto de la subida de los aranceles de Trump para nuestro país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció el día 31 de enero de 2025 que impondrá aranceles a la Unión Europea por "no ha tratado bien a Estados Unidos" 

Añadió lo siguiente: "¿Voy a imponer aranceles a la Unión Europea? ¿Quieren la respuesta sincera o les doy una respuesta políticamente correcta? Absolutamente. La Unión Europea nos ha tratado terriblemente. Nos tratan muy mal. No aceptan nuestros coches, no aceptan nuestros productos agrícolas, esencialmente no aceptan casi nada, y tenemos un enorme déficit con la Unión Europea. Así que haremos algo muy importante con la UE, vamos a equilibrar la balanza".

Más allá de lo que pueda haber detrás de las declaraciones de este desequilibrado y de quienes le apoyan, es imprescindible analizar cuáles han sido las relaciones comerciales en concreto con nuestro país y desmontar de forma muy sencilla sus quejas de que no le hemos tratado bien. No será el caso de España...

Si analizamos el saldo comercial de bienes (diferencia entre exportaciones e importaciones) en la última década, podemos apreciar que se ha multiplicado por siete el déficit de España entre la cifra de 2015 y la de 2024.

Es decir, importamos más bienes que exportamos y en cuantía creciente en la última etapa.  

Pero mentir es muy fácil si tienes medios que repliquen y amplifiquen esas trolas.

Con respecto al PIB, el saldo comercial de bienes deficitario se ha quintuplicado en el caso de España. 

En 2015 el déficit de España era del 0,12% del PIB y en 2024 ascendió al 0,60% del PIB.

Muy mal no parece que le haya ido comercialmente con España a Estados Unidos porque casi le hemos comprado bienes por valor de 44.000 millones más de los que le hemos vendido en la última década.

Las exportaciones se han mantenido de forma estable con respecto al PIB pero las importaciones se han incrementado considerablemente sobre todo en estos cuatro últimos años y eso consolida esa tendencia creciente de aumento del déficit comercial de bienes de España con Estados Unidos.

Como podéis ver, las exportaciones de bienes en 2024 a Estados Unidos ascendieron a 16.608 millones de euros mientras que las importaciones fueron de 26.089 millones. ¿Qué consideran que es "tratarlos bien"?

Es evidente que la guerra comercial que está iniciando Estados Unidos dañará profundamente al resto de economías en la primera fase de la misma. Especialmente en España será curioso ver cómo la derecha, especialmente la más extrema que aplaude embobada a Trump, explica a agricultores y ganaderos de nuestro país que suponen el 20% de las exportaciones en 2024, que tendrán que buscarse otros sitios a los que vender el aceite, el vino, las hortalizas y el resto de productos alimenticios elaborados. Porque ahora quedarán fuera de precio de mercado por el encarecimiento que los mismos tendrán para la población estadounidense por la subida de aranceles. Todavía está por ver cuánto de los 3.300 millones de exportaciones de productos agrarios y ganaderos no podrán exportarse a Estados Unidos y tendrán que buscarse otras salidas de los mismos. 

No hay que despreciar el resto de los sectores exportadores. Porque España no solo vende a Estados Unidos aceite, vino y embutidos. También manufacturas industriales muy variadas por más de 13.000 millones al año.

A España en concreto le resultará más complicado sustituir las importaciones que adquiere a Estados Unidos (mucho producto farmacéutico y maquinaria) pero la cifra más grande que ahora le compramos (gas, que ahora es de cerca de 9.000 millones) sí que hay que desviarla de forma inmediata.

Es fácil de entender por qué Estados Unidos ha estado tan interesado en las últimas décadas en quebrar las adquisiciones de gas natural desde Rusia. Desde que estalló la nueva fase de la guerra en Ucrania en 2022, las importaciones de gas que realiza España de Estados Unidos se han triplicado.

En definitiva, el 27% de las importaciones de bienes que hemos realizado de Estados Unidos en la última década son gas y otros combustibles. Tras la guerra en Ucrania, el porcentaje se ha disparado (el 47% de nuestras compras a USA en 2022) y ha mejorado el superávit comercial para Estados Unidos. 

Pero la confrontación bélica acabará y si se normaliza la situación, el déficit comercial con España se reducirá y mucho y por eso está actuando así Donald Trump.

Más allá de que la Unión Europea no hará nada porque jamás querrá enfrentarse al "imperio", nuestro país debería actuar en consecuencia y poner impedimentos más allá de los arancelarios que dependen de la Comisión Europea y que jamás gravará las importaciones de gas.

Pero eso supondría comportarnos con un país serio y no vasallo. Está por ver que queramos jugar en la geoestrategia global de otra forma que la de tener un papel servil con Estados Unidos.