SOBRE LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA AUTONÓMICA

Introducción

El Gobierno ha diseñado para que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común.

Esos 83.252 millones de euros de deuda no desaparecen, sino que se trasladan de sitio. Es decir, los asume el Estado para que las comunidades de régimen común puedan liberar los recursos que dedican a pagar esa deuda (sólo en intereses se ahorrarán 7.000 millones de euros) y destinarlos a los servicios públicos. La ministra de Hacienda defiende que con esta medida se reconoce que la respuesta que se dio en la gran recesión de 2008 no fue adecuada, lo que supuso un fuerte deterioro de las cuentas autonómicas. 

¿Cómo se calcula el importe al que tiene derecho cada comunidad autónoma?

El Gobierno ha diseñado un mecanismo en tres fases. Este parte de la tesis de que los instrumentos que, como el FLA, se crearon para evitar la quiebra de las autonomías durante la crisis de deuda de 2012, no estuvieron bien diseñados y provocaron que las autonomías se endeudasen más y someterse a fuertes restricciones financieras.

En la primera fase se calcula el aumento de la deuda que las regiones registraron en el peor momento de la crisis entre 2009 y 2013 y se compara con el que registraron durante otro 'choque' económico de gran magnitud, la pandemia de Covid, entre finales de 2019 y finales de 2023. En el primer periodo, su deuda se disparó en 109.582 millones, mientras que en el segundo -debido a que el Estado asumió el grueso de las medidas anticrisis- aumentó menos, en 29.272 millones. La diferencia son esos 80.310 millones de sobreendeudamiento que es la cuantía inicial a condonar.

De esa cantidad tres cuartas partes se reparten en función de la población ajustada, esto es, teniendo en cuenta sus necesidades según criterios como el de la población envejecida, la dispersión... En las otras dos fases (el 25% restante de la quita) el reparto tiene en cuenta a las autonomías más endeudadas y a las que reciben un peor trato del sistema de financiación, como es el caso de Andalucía. 

El importe de deuda máximo a asumir por el Estado de cada región será el 50% de su deuda a 31 de diciembre de 2023. Según Hacienda, los ajustes más relevantes de este sistema buscan compensar e igualar a las comunidades en dos ratios: deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante.

¿Qué nos parece esta propuesta?

Se trata de una buena y necesaria medida, pero eso no obsta para que manifestemos desde Izquierda Unida que nosotras aspiramos a soluciones globales del sistema de financiación autonómico y no únicamente a un parche, positivo, sí, pero que no pone las bases un nuevo modelo que ha de ser justo y aceptable para todos los territorios. Y que debe ser capaz de hacer efectiva la igualdad entre los ciudadanos, a la vez que reconoce la diversidad.

Para ello, hay que poner en el centro del debate a las personas y no a los territorios porque no son los territorios los que contribuyen ni los que hacen uso de los servicios públicos, sino quienes residen en ellos. Son las personas las que pagan impuestos y reciben servicios públicos, no los territorios.

¿Cómo hacerlo?

• Definiendo un suelo de derechos y garantizando servicios públicos en todos los territorios.
• Obteniendo los recursos necesarios para satisfacer los derechos y los servicios públicos mediante una reforma fiscal que los blinde.
• Estableciendo mecanismos de solidaridad que garanticen la suficiencia de recursos para la prestación de los servicios públicos en cualquier lugar del estado y articulando herramientas de condicionalidad positiva para acceder a dichos mecanismos.

Consideramos que la puesta en marcha de un Plan de reducción de la Deuda que la mayoría de las comunidades autónomas tienen con el Estado debería estar condicionada a incrementar el gasto y la inversión en los servicios públicos esenciales (educación, sanidad y servicios sociales) y a la no realización de rebajas impositivas en los tributos cedidos ni en los impuestos propios por parte de las comunidades autónomas beneficiadas.

A pesar de las mejoras que deberían incorporarse en el mecanismo según IU, instamos a las comunidades autónomas a que se adhieran al mismo y a que destinen los ahorros a blindar nuestros servicios públicos.

En definitiva, defendemos una reforma del Sistema de Financiación Autonómico que proporcione más recursos, potencia la imprescindible vertebración territorial y la satisfacción de los derechos de la ciudadanía del conjunto del estado.

Eso es solo posible con un modelo federal, solidario y de suficiencia financiera vinculada al mantenimiento de los Servicios Públicos y a la población y no a los territorios para convertirlo en un instrumento útil para la clase trabajadora, la de Catalunya y la del resto de territorios del estado plurinacional.